Si dejan de legislar, cierren el Congreso
Miguel Ángel Rivera lunes 22, Abr 2019Clase Política
Miguel Ángel Rivera
El Congreso de la Unión, en particular el Senado, tienen una pesada carga para lo que resta del actual periodo ordinario de sesiones —apenas nueve días, contando hoy lunes 22— pero, sobre todo, tiene que establecer con claridad los alcances del Presidente de la República para aplicar, o dejar de hacerlo, la Constitución y las leyes que de ella emanan.
Lo anterior viene al caso por el famoso memorándum dirigido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a algunos de sus colaboradores para que dejen de aplicar las leyes conocidas en el actual gobierno federal con el nombre que le aplicó el propio primer mandatario de “la mal llamada reforma educativa”.
La llegada de los días se asueto de la Semana Santa impidió que el tema alcanzara su real dimensión, pero la mayor parte de los especialistas que no descansaron en ese periodo han establecido que el Presidente de la República no tiene facultad para promulgar o derogar una ley por su cuenta, sino que está obligado a presentar su propuesta por intermedio de las cámaras del Legislativo.
Los integrantes del Poder Judicial también tienen facultades para proponer leyes, pero igualmente deben presentarlas ante senadores y diputados federales.
Por eso falta una posición oficial de los legisladores federales, a quienes compete en exclusiva la facultad de crear o modificar leyes. De allí su nombre genérico de legisladores. Si los diputados y senadores pierden esa potestad, su propia existencia estaría en juego, pues en aras de la pregonada austeridad de la Cuarta Transformación se podrían cerrar sus cámaras y trasladar sus responsabilidades a otro de los poderes federales.
Como líder de la mayoría de Morena —el partido del presidente López Obrador—, el senador Ricardo Monreal expresó su respaldo político al memorándum del jefe del Ejecutivo, pero como doctor en Derecho, evitó entrar en el terreno de la teoría jurídica.
Ese aspecto lo dejó bajo la responsabilidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, como lo comprueba lo que escribió en su cuenta de Twiter:
“El #Memorándum que firmó el presidente @lopezobrador está vigente, y el Legislativo debe cumplir su tarea. Quienes estimen que se afectan derechos, pueden acudir a los medios de impugnación que prevé nuestro orden jurídico: juicio de amparo indirecto o de nulidad administrativa”.
La verdad, para determinar la validez de lo ordenado por el presidente López Obrador no se requiere ser un jurista togado, pues basta con revisar el juramento que hizo al asumir el poder el pasado 1 de diciembre, cuando se comprometió a cumplir “y hacer cumplir” lo que disponen la propia Carta Magna y leyes que de ella emanan, no sólo una parte.
Por si hiciera falta, se puede echar una mirada a lo que dispone el artículo 49 de la Constitución: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar”.
Por si hiciera falta, referimos lo que establece el mencionado artículo 29:
“En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona.
Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde”.
La Cosecha
Por cierto, la nueva reforma educativa —la cual es el origen del comentado memorándum presidencial—, sigue entre los pendientes de los legisladores y, al parecer, así continuará porque no se ha logrado tener el “visto bueno” de la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación” y como, además, implica cambios constitucionales, se requiere convencer por lo menos a una parte del llamado bloque opositor, en el cual están legisladores del PAN, PRI, PRD y MC.
Los desacuerdos con la oposición tienen frenado otro importante proyecto del gobierno de la “Cuarta Transformación”, la reforma constitucional para la revocación de mandato y consulta popular, que fue frenada en el Senado, ya que la oposición pretende cambios de fondo que Morena no acepta.
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Julio Ramón Menchaca Salazar, informó que entre los temas pendientes están modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y a la legislación para regular el consumo del cannabis (mariguana).
El legislador recordó que cuando se aprobó la ley orgánica de esa instancia, se estableció un periodo de un año para que el fiscal general hiciera propuestas al Senado para modificar la ley.
Al respecto, reveló que ha tenido reuniones con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, quien ya trabaja en una reforma a dicha normatividad.
“Lo importante es poner a funcionar la fiscalía. Lo que esté funcionando bien, conservarlo, y lo que se necesite modificar, hacerlo. Siempre las leyes son perfectibles y estamos en la mejor disposición. No nos casamos con la primera idea”, dijo.
En cuanto a la mariguana, refirió que es importante para la Comisión de Justicia trabajar en la legislación para regular su consumo. Precisó que por disposición de ley, el Senado tiene 90 días, a partir de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso el plazo para legislar en la materia, mismo que vence en octubre: “Podemos aprovechar el periodo de receso”.
Además, recordó otros pendientes: el nombramiento de magistrados agrarios, modificaciones a los códigos Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales, y examinar propuestas que plantean fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Además, se tiene que decidir el nombramiento de los 18 magistrados anticorrupción, asunto que quedó pendiente desde la pasada legislatura, en que el entonces presidente Enrique Peña Nieto remitió los nombramientos al Senado, pero se quedó pendiente porque Morena se opuso por considerar que la mayoría de los candidatos eran cercanos a PRI y PAN.
Un juez ordenó al actual Senado desahogar el proceso y todo apunta a que se regresarán los nombramientos al Ejecutivo.
Por desgracia, cifras oficiales confirman que el primer trimestre de 2019 ha sido el más violento desde el inicio del conteo de delitos, en 1997. De enero a marzo del año en curso fueron abiertas en el país 7 mil 242 carpetas por homicidio doloso.
En la Ciudad de México, a partir de hoy, lunes, empezará a funcionar el sistema de radares y cámaras viales, por lo cual los infractores al Reglamento de Tránsito podrán ser sancionados a través de las llamadas fotocívicas o directamente por los policías capitalinos.
Las fotocívicas sancionarán acciones como: circular en contraflujo o en sentido contrario, invadir pasos peatonales, área de ciclistas o motociclistas, no respetar luces del semáforo, transportar niños en el asiento delantero, usar teléfono celular, no utilizar cinturón de seguridad o casco y transitar con exceso de velocidad, entre otras.
Todas las matrículas se iniciarán con 10 puntos que se irán perdiendo con cada sanción. Con cada multa se descontará un punto a la matrícula del auto, pero por exceder la velocidad por más de 40 por ciento del límite permitido se descontarán cinco puntos.
A partir de seis puntos de sanción, el conductor deberá pagar con dos horas de trabajo comunitario por cada punto perdido.
