Conflicto pone en riesgo a Morena en Puebla
Miguel Ángel Rivera miércoles 10, Abr 2019Clase Política
Miguel Ángel Rivera
A pesar de que el senador Alejandro Armenta Mier, que compitió por la candidatura de Morena al gobierno de Puebla, expresó su respaldo a Miguel Barbosa Huerta, el conflicto dentro del partido gobernante se mantiene en alto nivel y podría poner en riesgo el eventual triunfo “moreno”.
Cómo se recordará, en ese estado se celebrarán en junio venidero elecciones extraordinarias de gobernador por el accidente aéreo en el que murió a finales de 2018 la mandataria en funciones, Martha Erika Alonso, a quien acompañaba su esposo, el ex gobernador Rafael Moreno Valle.
Armenta había presentado protestas por haber sido marginado de sus aspiraciones a ser candidato a gobernador por la dirigencia de Morena, que preside Yeidckol Polevnsky, sobre la base de una supuesta encuesta, cuyos resultados no fueron conocidos.
Armenta tenía el respaldo de la mayor parte de sus compañeros senadores militantes de Morena y de otras figuras de ese partido, entre los cuales estaba Alejandro Rojas Díaz- Durán, en ese momento jefe de asesores del coordinador de los senadores “morenos”, Ricardo Monreal Ávila.
El aspirante a candidato cedió a las presiones –se le amenazó con ser expulsado del partido– pero no así Alejandro Rojas, quien entabló un enfrentamiento personal con la dirigente del partido, que primero le hizo perder su cargo, para no involucrar a su jefe Monreal, y luego la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido le abrió proceso, supuestamente por tratarse de un caso que se sigue de oficio, pero evidentemente inducido por Polevnsky.
Como desde sus épocas juveniles, cuando fue una de las figuras sobresalientes de una revuelta contra la dirigencia nacional del PRI en demanda de mayor democracia interna, Rojas Díaz-Durán no ha cedido y, lejos de ello, se lanzó también directamente contra el candidato a mandatario poblano, el ex senador Barbosa Huerta.
En su condición de consejero de Morena, Rojas Díaz-Durán, presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República contra Barbosa, por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y lavado de dinero, entre otros.
“Vengo a denunciar a Miguel Barbosa, porque ya le salieron más propiedades que al nopal”, comentó el denunciante, al precisar que en años recientes el ahora candidato además de comprar una residencia que pertenecía al ex presidente Miguel de la Madrid, adquirió otra en la colonia Condesa en la Ciudad de México, sin que justificara los ingresos y el hecho de que pagó prácticamente en efectivo.
Rojas Díaz-Durán pidió a la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, que revise la candidatura de Barbosa y solicite a la UNAM realizar una nueva encuesta, de la cual surja un candidato calificado moralmente.
Los presuntos delitos denunciados no se dictaminan a corto plazo y todavía es menos probable que la dirigente nacional de Morena acepte iniciar el proceso para cambiar de candidato, pero la denuncia de Rojas Díaz-Durán puede tener efecto en la campaña electoral y restarle votos a un candidato acusado de enriquecimiento ilícito, que se presume uno de los más graves delitos dentro del partido en el poder.
La cosecha
La propuesta de crear una tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para casos relacionados con corrupción es una idea “inaceptable”, en la medida en que significa un “ataque” contra el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), al cual se intenta sabotear para que muera antes de nacer.
Lo anterior fue expresado por el consejero del INE, Mauricio Merino Huerta, durante la presentación del Libro blanco de la consulta sobre la PNA, que recoge la opinión de más de 950 investigadores y especialistas en temas de transparencia y propone una serie de propuestas para fortalecer la Política Nacional Anticorrupción (PNA).
Actual coordinador general del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (PIRC) y profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE), Merino advirtió que la iniciativa de crear una nueva sala de la Corte y nombrar a cinco ministros más, encargados de temas de corrupción, es un intento de echar abajo el SNA, a poco más de tres años de su surgimiento.
“Nos preocupa el ataque que ha venido sufriendo el SNA. Vemos ya iniciativas como la que ha presentado el senador Ricardo Monreal, para abrir una nueva sala en la SCJN especializada en materia de corrupción; vemos iniciativas que ya se han presentado también en la Cámara de Diputados para modificar el diseño del SNA. No nace todavía el SNA y ya lo quieren matar”, añadió Merino Huerta, quien urgió al Senado a nombrar a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo cual no se ha realizado “por negligencia”, pues los legisladores ni siquiera han explicado por qué no han hecho esas designaciones.
En el Libro banco, los especialistas consultados propusieron siete acciones sustantivas para fortalecer la PNA, entre ellas profesionalizar la administración pública, y fortalecer los medios de denuncia, investigación y sanción.
Sin hacer referencia a la iniciativa de crear una nueva sala y aumentar el número de integrantes de la Suprema Corte, el ministro Eduardo Medina Mora admitió fallas en el Poder Judicial de la Federación, a pesar de que la calificó de “la mejor institución del Estado Mexicano”.
En la sesión solemne de la Corte en ocasión de que rindieron protesta cinco jueces de distrito, el también ex procurador general de la República y ex embajador de México en los Estados Unidos, recomendó a los juzgadores ajustar su labor para afrontar los retos que implica una dinámica de enormes cambios.
“Lo he dicho con convicción y lo reitero: esta es la mejor institución de la República, pero tenemos claro que no todo está bien”.
“No solamente debemos valorar textos jurídicos y el propósito buscado por éstos, ni únicamente analizar precedentes jurisdiccionales o la historia de las instituciones jurídicas aplicables y el modo tradicional en que se han empleado”, dijo el jurista, quien además señaló que también se debe revisar el lenguaje que utilizan, ya que las decisiones de los jueces deben ser claras y accesibles para la sociedad.
Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó una reforma para suspender los permisos a dueños de gasolinerías que vendan combustible robado, además de que serán incluidas en una lista negra, que publicará la Comisión Reguladora de Energía.
En tanto, la Comisión de Marina aprobó un punto de acuerdo para solicitar al secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, mantener el patrullaje permanente contra el robo de combustibles en las plataformas de Petróleos Mexicanos en la Sonda de Campeche.
Al revisarse este tema, el ex director de Arsenal Nacional de la Marina y secretario de esa instancia legislativa, Juan Ortiz Guarneros (PRI), advirtió que en este sexenio no se construirán nuevas patrullas oceánicas, “lo que va a recrudecer la problemática”.
Explicó que se requieren al menos 70 interceptoras para los mandos territoriales y 40 patrullas oceánicas para la vigilancia y combate a los ilícitos en la zona económica exclusiva, pero la Armada tiene menos del 50 por ciento de ese número de unidades.
Todavía más, el presidente de la Comisión de Defensa y ex rector de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea, Benito Medina Herrera (PRI), explicó que no todas las embarcaciones de las que habló Ortiz Guarneros están en servicio.
Durante la discusión de la reforma para combatir la venta de combustible robado, el diputado y ex director de la CFE, Enrique Ochoa Reza (PRI) dijo que, si bien se reconoce la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, de combatir con firmeza el robo de hidrocarburos, es deseable que cuente con un mejor equipo de trabajo para lograr sus objetivos.
“La estrategia implementada por el gobierno no tiene resultados positivos y los costos económicos y sociales son altos”, dijo el también ex presidente del PRI, al recordar que el cierre de gasoductos derivó en desabasto de combustible por una serie de errores, producto de decisiones no acertadas y señaló que el costo por la falta de gasolinas fue de casi 40 mil millones de pesos, que afectó a productores, comerciantes, transportistas y al turismo.
