Revocación, se someterá a voces de la sociedad
Roberto Vizcaíno miércoles 20, Mar 2019Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
Checando la gravedad… | Luis Xavier
Consciente de que la oposición de PAN, PRI, MC y PRD en el Senado no aprobará la minuta de la revocación de mandato como llegó de la Cámara de Diputados porque considera que encubre una intención de reelección, Ricardo Monreal la someterá a un proceso de Parlamento Abierto, es decir, a la revisión y debate de sectores de la sociedad.
Pero aclaró que no será un proceso largo.
“Nosotros hemos decidido respaldar como está… vamos a escuchar opiniones en las comisiones entre hoy, mañana y pasado, esta semana… no va a pasar de inmediato al pleno, para escuchar a la sociedad, y la próxima semana estaríamos dictaminándola entre martes y jueves”, indicó.
Monreal sabe que en este proceso, como en lo de la Guardia Nacional y la designación de la ministra de la Suprema Corte, requiere de votos de la oposición para alcanzar las necesarias 2 terceras partes que requiere una reforma constitucional. Por eso aclara:
“Si no logra la mayoría calificada, es responsabilidad de cada uno de los senadores y senadoras… El Grupo de Morena va a votar a favor… Es una oportunidad histórica, no vamos a desperdiciarla… hay que intentar el convencimiento, el acuerdo y el consenso, lograr los votos que nos hacen falta para obtener la mayoría calificada.
Esa es mi posición”, indicó.
Detrás de este proceso ha crecido un debate que ya involucra a importantes sectores como el empresarial, académico, político sin duda, de organizaciones sociales y hasta internacionales que consideran que detrás de la reforma constitucional de revocación de mandato se encubre un intento para abrirle la puerta a la reelección presidencial.
A ellos el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado les dice:
“… lo de hoy me parece que deja a salvo las voces contrarias o que intentaban mezclar y confundir la revocación de mandato con la reelección… la carta del Presidente (donde renuncia explícitamente a intentar la reelección) no deja lugar a dudas… no tiene por qué no incluirlo en la Constitución… la revocación existe en muchos otros países… no tendría por qué no plasmarse en la Constitución.
“Aclarado que no se reelegirá, que concluirá su mandato el día que establece la Constitución no habría razón para oponerse… todos los partidos han planteado la revocación de mandato… si un gobernante no funciona debe de irse… si el Presidente de la República no cumple lo prometido, la mayoría de la población no respaldará su continuidad después de los tres años.
“Deberían estar todos de acuerdo incluidos los adversarios a votar el día de la elección… para que concluyera antes de terminar el mandato… la revocación es una institución democrática, relevante, innovadora que existe en todos los países democráticos… México no tendría por qué no tenerla… vamos a plantear que se permita la discusión amplia para que se vote en la semana próxima·, insistió
El zacatecano recordó que apenas quedan 12 sesiones antes del fin del período y que existen otros asuntos por discutir y aprobar.
Ante la interrogante de si en Morena tienen la voluntad política para modificar la minuta enviada de la Cámara de Diputados, dijo que eso se verá y decidirá en el trabajo de las comisiones.
Vacuna contra la reelección
En este contexto la bancada del PRI con el presumible apoyo de las otras de la oposición (de PAN, MC y PRD) presentó ayer una iniciativa para establecer en la Constitución que los principios básicos de la Carta Magna no podrán ser sometidos a consulta popular
Esta iniciativa va directamente vinculada a la que pretende establecer la revocación de mandato y que afirman, encubre un intento de reelección presidencial.
Con modificaciones al artículo 35 de la Carta Magna se evitará ese riesgo, afirmaron los senadores del PRI liderados por Miguel Ángel Osorio Chong.
La reforma planteada diría:
“No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40; los plazos establecidos en el artículo 83; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta”.
La propuesta fue turnada para estudio y dictamen a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, Segunda.
Morena, fracturada en Puebla
Cómo estaba cantado, el senador Alejandro Armenta no aceptó la decisión del grupo de Yeidckol Polevnsky de darle de nuevo la candidatura a la gubernatura de Puebla a Miguel Barbosa y anunció que interpondrá un recurso ante la Comisión de Honor y Justicia de este partido.
Explicó que la metodología del sondeo preveía que se debían cumplir cuatro indicadores: conocimiento, cercanía, opinión positiva y buen candidato.
En estos elementos no se incluyó un quinto aplicado en un sondeo anterior realizado en la Ciudad de México, que era el del nivel de competitividad.
De cualquier forma, indicó, él logró superar a Barbosa en los rubros cercanía (con los votantes), opinión positiva y buen candidato.
Y Barbosa aparentemente ganó el de “más conocido”, lo cual Armenta considera inexacto porque otros sondeos realizados a encargo suyo, lo colocaban por sobre su contendiente interno.
Al final de 4 elementos que debían cumplir los candidatos dentro de la encuesta que decidiría la candidatura, 3 fueron a favor de Armenta y sólo 1 para Barbosa.
Y la dirigente y su grupo decidieron que con ese 1 era suficiente para darle la candidatura a Barbosa por sobre Armenta.
“Hubo parcialidad, subjetividad, no hubo transparencia ni certeza”, concluyó.
A pesar de que Armenta afirma que no va a hacerle daño a Morena, es evidente que hoy este partido va fracturado a la elección extraordinaria del 2 de junio en Puebla lo que, sumado a las malquerencias con que carga Barbosa en la sociedad y otras fuerzas, podría quizá significarle un tropiezo de consecuencias insospechadas.
Va el candado a contrataciones de IP
Finalmente le tocó al senador del PT, Miguel Ángel Lucero Olivas, presentar la iniciativa para impedir que nadie surgido del sector público pueda pasar de inmediato a ninguna empresa de la iniciativa privada.
El candado incluye a “toda servidora o servidor público, una vez terminada su relación laboral con el Gobierno Federal, estatal o municipal”.
La iniciativa prevé que la reforma a Ley General de Responsabilidades Administrativas, permita a la Secretaría de la Función Pública dictaminar, a través de un consejo especializado, los casos en los que se daría permiso a los desempleados del gobierno para ser contratados por el sector privado.
Se prende así que nadie que trabaje en el sector público pueda utilizar de manera discrecional, y para su beneficio, la información a la cual tuvo acceso durante su función en el sector público.
Hacerlo sería considerado un acto de corrupción.
“En México, el cambio del trabajo público al privado se ha vuelto una práctica inmoral y carente de ética entre muchos ex servidores públicos de alto nivel, “al grado de normalizar un conflicto de intereses”, señala la iniciativa.
Para amarrar lo anterior
En otra iniciativa, ésta presentada por el senador Ricardo Velázquez Meza, la fracción de Morena encabezada por el zacatecano Ricardo Monreal, se buscará impulsar las denuncias de empleados y funcionarios del gobierno en contra de actos de corrupción al interior de las instituciones o dependencias en las que laboren.
Monreal, autor de la iniciativa de reforma, explicó que el objetivo es que los funcionarios puedan ser denunciados, independientemente de la dependencia involucrada, y que los hechos puedan informarse a la autoridad competente.
Hoy la ley tiene limitantes que imposibilitan las denuncias sobre estas faltas, aun cuando se tengan los elementos probatorios suficientes que la acrediten.
Esas restricciones, se dice en la iniciativa, no abonan al modelo de combate a las malas prácticas en la administración pública, ni a los resultados proyectados con la inclusión del Sistema Nacional Anticorrupción.
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