Denuncian despojo arbitrario de viviendas
Luis Muñoz martes 19, Mar 2019Segunda vuelta
Luis Muñoz
Todo un problema se ha vuelto el despojo de sus viviendas a trabajadores por parte del Infonavit.
Por esta razón, el diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, de Acción Nacional, en su calidad de secretario de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, planteó exhortar al Ejecutivo federal a intervenir ante la queja de miles de trabajadores que han sido despojados injustamente de su patrimonio.
El legislador presentó un punto de acuerdo, que fue turnado a la Comisión de Vivienda, mediante el cual exhorta a la Fiscalía General de la República a investigar el fraude por el cual les fueron despojadas sus viviendas a 300 mil trabajadores, a través de juicios irregulares.
Se busca, señaló, anular las adjudicaciones que se hicieron de manera irregular en favor del Instituto y que “las viviendas regresen a los trabajadores, a quienes les fueron arrebatadas”.
También a tomar las medidas necesarias para dar solución a los trabajadores a los que les fueron vendidas en remate las viviendas y emprender las acciones correspondientes, con el objetivo de evitar actos de corrupción dentro del Instituto.
El legislador argumentó que “dichos juicios fueron posibles gracias a una red de corrupción en la que se ven involucrados funcionarios del poder judicial, trabajadores del Infonavit y despachos de abogados”.
Explicó que la forma de operar consiste en detectar a los derechohabientes que dejan de pagar sus casas, iniciar un juicio exprés del que no tienen conocimiento los propietarios, para posteriormente adjudicar nuevamente la propiedad al Infonavit y finalmente volverla a vender. Los trabajadores víctimas nunca tienen conocimiento de la controversia, no son notificados y, por tanto, no tienen la posibilidad de defenderse.
Refirió que, de acuerdo con el subdirector general de Administración de Cartera del Infonavit, Bernardo Altamirano Rodríguez, de 2014 a 2018, 259 mil 906 créditos en cartera vencida fueron llevados a juicios masivos, de los cuales 38% de ellos fue procesado desde juzgados en Coahuila y otro gran número en Nayarit.
Dijo que entre 2013 y 2018, en Nayarit, se llevaron a cabo 60 mil juicios falsos de manera exprés para adjudicar nuevamente al Instituto viviendas de manera irregular.
El Fiscal del estado, Petronilo Díaz Ponce, considera que es “la mayor simulación jurídica en la historia del Estado”, pues para notificar a los demandados de diferentes partes del país, se utilizaba un domicilio falso en la ciudad donde estaba el juez que llevó los casos, pero esos domicilios correspondían a empleados del poder judicial de Nayarit.
Educación a privados de su libertad
La diputada de Morena, Leticia Díaz Aguilar, propuso exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Comisión Nacional de Seguridad, a garantizar, respetar, promover y proteger el derecho a la educación de adolescentes privados de su libertad en centros de internamiento.
Díaz Aguilar, integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara baja, resaltó la importancia de que el derecho a la educación sea garantizado y respetado por el Estado para los adolescentes privados de su libertad y así lograr su reinserción a la sociedad y procurar que no vuelvan a delinquir.
Dijo que de acuerdo con el “estudio de factores de riesgo y victimización en adolescentes que cometieron delitos de alto impacto en México” (elaborado por Reinserta, A.C.), hasta septiembre de 2017 en México habían seis mil 144 adolescentes en conflicto con la ley, de los cuales mil 512 cumplen una medida privativa de libertad.
Indica que, 36.8% están privados de la libertad por homicidio, 27% por robo y 18.2% por actos contra la libertad.
Sin embargo, aclara que dicho estudio sólo recolectó datos de 502 adolescentes de 10 entidades federativas: estado de México, Ciudad de México, Yucatán, Michoacán, Puebla, Tabasco, Guerrero, Veracruz, Nuevo León y Sinaloa.
En cuanto al nivel educativo, señaló la legisladora que antes de ingresar al centro de internamiento, el 27.9% concluyó la primaria; 21.3% dijo tener la secundaria incompleta y 20.4% reportó haberla concluido.
Subrayó que lo anterior permite concluir que sólo 26.3% de los adolescentes privados de su libertad habían terminado su educación básica, mientras que 73.7% no había concluido este nivel educativo.
El análisis también señala que el 92.3% de estos jóvenes estudia mientras cumple su medida de sanción; por el contrario, el 7.8% señaló no hacerlo.
Mediante un punto de acuerdo, remitido a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, la diputada manifestó que de acuerdo con el artículo 51 de la Ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, establece el derecho a la educación de los adolescentes a cursar el nivel educativo que les corresponda.
En este contexto reiteró la importancia de que el derecho a la educación de los adolescentes privados de su libertad en los centros de internamiento sea garantizado y respetado por el Estado.
