Estado de Derecho en México
Luis Muñoz viernes 1, Mar 2019Segunda vuelta
Luis Muñoz
Un estudio realizado sobre el estado de Derecho en el país, revela que “ninguna de las 32 entidades tiene una calificación perfecta y que en una escala entre el 0 y 1, el promedio nacional es de apenas 0.39”.
El estado de Derecho, según la Organización de Naciones Unidas, puede definirse como “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y principios internacionales de derechos humanos”.
Aún más, “exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal”.
Dicho lo anterior, el Índice Estado de Derecho en México. Perspectivas y Experiencias, en este su primer estudio subnacional realizado por World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial), utilizó información de primera mano al escuchar las voces de miles de personas en zonas urbanas y rurales de las 32 entidades del territorio nacional.
En una encuesta aplicada a 25 mil 600 ciudadanos (800 en cada estado), de encuestas aplicadas a más de mil 500 abogados y expertos en derecho penal, derecho civil, derecho laboral y salud pública, y de información generada por otras instituciones.
De acuerdo con el estudio, el índice mide el estado de Derecho en México mediante ocho factores: Límites al poder gubernamental, Ausencia de corrupción, Gobierno abierto, Derechos fundamentales, Orden y seguridad, Cumplimiento regulatorio, Justicia civil y la Justicia penal. Estos son algunos de los hallazgos más relevantes del índice:
Ninguna entidad de la República tiene una puntuación perfecta en estado de Derecho, la mayor puntuación alcanza apenas el 0.45.
Los tres estados mejor calificados en estado de Derecho son Yucatán (0.45), Aguascalientes (0.44) y Zacatecas (0.44). En contraste, las tres entidades con peor puntuación son Guerrero (0.29), Baja California Sur (0.35) y el Estado de México (0.36).
Por factores, el promedio nacional del índice es:
Límites al poder gubernamental: 0.41.
Ausencia de corrupción: 0.35.
Gobierno abierto: 0.38.
Derechos fundamentales: 0.50.
Orden y seguridad: 0.40.
Cumplimiento regulatorio: 0.36.
Justicia Justicia penal: 0.38.
Asimismo, las entidades con mayor cumplimiento en cada uno de los ocho factores del Índice de Estado de Derecho en México 2018 son:
Límites al poder gubernamental: Nuevo León (0.48), Campeche (0.47), Aguascalientes (0.46).
Ausencia de corrupción: Querétaro, Zacatecas, Guanajuato, todos con una puntuación de 0.42.
Gobierno abierto: Ciudad de México (0.51), Guanajuato (0.48), Jalisco (0.45).
Derechos fundamentales: Aguascalientes (0.56), Nuevo León (0.54), Querétaro (0.53).
Orden y seguridad: Yucatán (0.77), Coahuila (0.61), Durango (0.59).
Cumplimiento regulatorio: Baja California (0.49), Querétaro (0.43), Zacatecas (0.42).
Justicia civil: Baja California, Zacatecas, Coahuila, con puntajes de 0.46, 0.46 y 0.44, respectivamente.
Justicia penal: Querétaro (0.46), Zacatecas (0.44), Aguascalientes (0.43).
Coordinación entre poderes
Las audiencias públicas sobre la reforma laboral siguen arrojando información valiosa. Por ejemplo, el diputado Jesús Baldenebro consideró indispensable coordinar el trabajo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a fin de no vulnerar los derechos de las y los trabajadores del país.
Y es que, según dijo, han observado que las Juntas de Conciliación “están repletas de demandas”, por lo que es necesario conjuntar esfuerzos para que ya no suceda.
Durante su participación, en su calidad de presidente de la Comisión de Trabajo, destacó que quien esté a cargo de los órganos conciliadores no debe ser ciego ante las necesidades de los empleados y sobre todo los sindicatos…
Añadió que “toda ley es perfectible, pero estar aquí obedece a la decisión de que México requiere un cambio en materia laboral y los legisladores tenemos la tarea de escuchar a los trabajadores, pero también a los patrones, para nutrir las iniciativas y votar de manera responsable”.
La diputada Margarita García García (del PT) sostuvo que “vivíamos en un México corrupto que incluía a la Cámara de Diputados y los congresos locales aprobaban reformas a espaldas de los trabajadores, pero ha quedado demostrado que el pueblo estaba harto de la impunidad”.
Como contraparte, Jorge Domingo Viveros, representante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, estimó que la iniciativa es lesiva para los trabajadores y tiene que revisarse en su totalidad, no por artículo. “La propuesta, como está, enfatizó, deja a los trabajadores en aras del derecho privado”.
Otra de las voces fue la del secretario de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo, Enrique Octavio García Méndez, quien señaló que “los empresarios requieren de la protección y acceso a la justicia pronta y expedita que ahora se hace realidad con la participación de las audiencias públicas. Explicó que gran parte del organismo representa a los micro, pequeño y mediano empresarios que son 55 por ciento del PIB y el 60 por ciento del empleo formal de nuestro país.
