Atentado a la libertad de expresión
Luis Muñoz miércoles 27, Feb 2019Segunda vuelta
Luis Muñoz
Lo sucedido al periodista Jorge Ramos en Venezuela, de donde fue expulsado por órdenes de Nicolás Maduro, a raíz de una entrevista cuyas preguntas “no le gustaron”, lo que significó un claro rechazo a la libertad de expresión, pero también un riesgo latente a la integridad física de los comunicadores en el cumplimiento de su profesión, nos lleva a plantear ¿cuál es la situación actual de los reporteros en la realización de su tarea de informar?
De acuerdo con la OEA, la promoción de la seguridad de periodistas no debe limitarse a adoptar medidas después de que hayan ocurrido los hechos.
Por el contrario, se necesitan acciones de prevención dirigidas a atacar algunas de las causas profundas de la violencia contra periodistas y de la impunidad.
En ese caso los deberes son: adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas y que no los exponga a un mayor riesgo, así como reconocer de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno.
Por supuesto, las autoridades tienen la obligación de condenar enérgicamente las agresiones contra periodistas y alentar a las autoridades competentes a actuar con la debida diligencia y celeridad en el esclarecimiento de los hechos y en la sanción de los responsables.
Instruir a las fuerzas de seguridad sobre el respeto al trabajo de las y los periodistas y adoptar mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra quienes trabajan en medios de comunicación, incluida la capacitación de funcionarios públicos, en especial las fuerzas policíacas y de seguridad, y la adopción de guías de conducta o directrices sobre el respeto de la libertad de expresión.
También, respetar el derecho de los periodistas a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales. La protección de las fuentes confidenciales contribuye al rol fundamental de vigilancia de la prensa y ayuda a prevenir que los y las periodistas sean víctimas de actos de violencia.
Asimismo, la ausencia de esa protección podría disuadir a las fuentes de colaborar con la prensa para informar a la población sobre asuntos de interés público.
Cabe destacar que, para protección de los periodistas, los Estados tienen la obligación de proteger a aquellos periodistas cuyas vidas o integridad física están en peligro mediante la adopción de medidas concretas de protección.
Además, el Estado está obligado a identificar el riesgo especial y advertir al periodista sobre su existencia, valorar las características y el origen del riesgo, definir y adoptar oportunamente las medidas de protección específicas, evaluar periódicamente la evolución del riesgo, responder efectivamente ante signos de su concreción y actuar para mitigar sus efectos.
Colombia, en el 2000, los periodistas y comunicadores sociales fueron por primera vez reconocidos como una población en riesgo especial con la creación del “Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales”, mientras que México, en 2012 se convirtió en el segundo país de la región en adoptar un mecanismo especializado de protección de periodistas en riesgo.
La creación de este tipo de programas fue una de las principales recomendaciones formuladas por los relatores especiales de la CIDH y la ONU tras su visita al país efectuada en agosto de 2010.
Se creó un Comité Consultivo encargado de recibir solicitudes de protección, definir y dar seguimiento a medidas de prevención y protección para periodistas y facilitar la implementación de dichas medidas a nivel federal y local.
En materia de justicia, los Estados tienen el deber de investigar, juzgar y sancionar a todos los autores de los delitos contra comunicadores, tanto los materiales como los intelectuales, además de partícipes, colaboradores y encubridores.
En el caso del periodista de Univisión, organizaciones de periodistas y de derechos humanos deben alzar la voz y condenar este tipo de acciones inaceptables no sólo en Venezuela sino en cualquier lugar.
El Barómetro de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras demuestra que los países que participan en conflictos violentos son lugares peligrosos para los profesionales de los medios de comunicación.
Lo sucedido a Jorge Ramos no pasó de ser retenido por poco más de dos horas, lamentable por supuesto, pero se han dado casos de asesinatos.
Elección de titular de la CAV
El diputado José Emmanuel Vargas Bernal informó que se avanza conforme a la ruta trazada para la elección del próximo titular de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, que será el organismo especializado para establecer una política integral y políticas públicas de prevención de delitos y violaciones a derechos humanos, así como protección, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño de las víctimas u ofendidos, para coadyuvarles a retomar su proyecto de vida.
Ayer concluyó el registro de aspirantes a ocupar la titularidad de dicha Comisión. Se presentaron un total de diez.
De acuerdo con la convocatoria, el 28 de febrero se dará a conocer el listado de los aspirantes que cumplieron con la documentación solicitada.
Para el proceso de entrevistas, se realizará un sorteo público el 6 de marzo, en donde se definirá el día y la hora en que se presentarán ante los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos.
