La ordeña
¬ Augusto Corro viernes 28, Ene 2011Punto x Punto
Augusto Corro
La ordeña a Petróleos Mexicanos (Pemex) también se realiza en las oficinas. No hay que ir a perforar los ductos para robar el combustible. En las instalaciones de la empresa son más prácticos y manejan el fraude como eje principal de sus acciones para enriquecerse ilegalmente. Por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública (SFP), que se encarga de espiar y castigar a los funcionarios públicos que se dejen arrastrar por la corrupción, informó que empleados de la paraestatal participaron en licitaciones fuera de la ley y tendrán que pagar multas por más de 5 mil millones de pesos.
Llama la atención el monto elevadísimo de la multa y lo interesante será conocer cómo y cuándo resarcirán el daño que afectó a Pemex y cuya historia del caso es la siguiente: la SPF realizó una investigación en el Departamento de Refinación de la empresa citada y encontró que 14 funcionarios participaron en un proceso de licitación fraudulento por la firma de un contrato de arrendamiento de cuatro buques-tanque de casco desnudo a un precio mayor al del mercado, lo que ocasionó un daño por 23.5 millones de dólares. Las empresas que participaron en el enjuague son Arrendadora Ocean Mexicana S.A. de C.V. y TMM.
La SPF informó que ocho funcionarios fueron destituidos e inhabilitados por diez años y deberán pagar -cada uno- una multa de más de 500 millones 912 mil pesos. Ellos son Jorge Armando Basualto Ramírez, gerente de Operación y Mantenimiento Marítimo; Mario Magallón Cruz, subgerente de Tráfico Marítimo y Fletamento; Hugo Alfonso Zermeño Díaz, superintendente general de Análisis y Fletamento; Alejandro Dorantes Valderrama, superintendente general de Tráfico Marítimo; Carlos Alberto Martínez de la Fuente, superintendente general de Evaluación; Augusto Guillermo Acosta González, superintendente de Evaluación y Operación Marítima; Cruz Jaime Olvera Rico, subgerente de Operaciones Marítimas, y Francisco Guillermo Cuneo Pérez, superintendente general de Evaluación de Operación Marítima.
Gilberto de Hoyos Peña, jefe de la Unidad de Control de Gestión, y José Luis Ortiz Ochoa, gerente de Coordinación de Operaciones, destituidos e inhabilitados por una década, tendrán que pagar casi 355 millones de pesos, por persona. En tanto, Antonio Refugio González Martínez, superintendente general de Evaluación, destituido e inhabilitado por el mismo lapso que los anteriores, deberá pagar casi 146 millones de pesos.
Tres personas más destituidas e inhabilitadas también por diez años, deben pagar, por persona, una multa de 90 millones de pesos. Ellos son Guillermo Lozano, gerente de Recursos Materiales; Edith Eugenia Blancas García, subgerente de Contratación para Producción y Embarcaciones Marítimas, y Juan Antonio Zapaya Nuñoz, superintendente de Compras.
Sinceramente, es un milagro que Pemex aún funcione después de que ha sido sometido a interminables saqueos, que van desde las sumas millonarias de pesos para apoyar campañas políticas, la ordeña de ductos de combustible y los robos de las plataformas. En el caso del “Pemexgate” todo quedó en familia y los implicados disfrutan de la libertad total; continúa el saqueo de la gasolina que con los estallidos provoca desolación y muerte. El caso más reciente ocurrió en San Martín Texmelucan, Puebla, y no hay detenidos. Y de los saqueadores de las mencionadas plataformas petroleras, nada se sabe. Los propios directivos de Pemex manifestaron que es imposible controlar la ordeña, porque ésta se realiza en muchos sitios de las instalaciones y es muy complejo detectarlos. Por cierto, sería muy interesante saber en qué consiste el mercado negro internacional del petróleo.
Pemex es una empresa que nació para ser saqueada. No deja de ser interesante que la SFP, en vías de extinción, haya logrado un golpe significativo contra la corrupción. Esto le permite afirmar al titular de esa dependencia, Salvador Vega Casillas, que “estamos abatiendo la impunidad, cada vez que agarramos a alguien en corrupción lo castigamos hasta el final”. ¿Será?
VÍCTIMAS INOCENTES
De las guerras, lo peor son las muertes de inocentes. Y en México, la lucha que el gobierno libra contra la narcodelincuencia no es, de ninguna manera, una excepción. De acuerdo con las cifras del gobierno federal, en 2010 hubo 15 mil muertos en el combate contra el crimen organizado; de ese total se determinó que 111 personas nada tenían que ver con la delincuencia. Lo anterior fue informado por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva.
Desafortunadamente, continuarán los hechos en los que pierdan la vida gente inocente. Desde un principio, las autoridades federales se embarcaron en una guerra sin tomar en cuenta que no se contaba con una fuerza pública capacitada para enfrentar a los cárteles de la droga con suficientes armas y decididos a defender -al precio que fuese- sus intereses. Así lo han demostrado desde que el gobierno decidió atacarlos. El Ejército mexicano no estaba preparado para perseguir a los narcos, porque para ello se necesitaba otro tipo de estrategia y no el enfrentamiento en el que predomina la fuerza de las armas.
En el fragor de la guerra poca atención se presta a los civiles que por accidente llegan a encontrarse en medio del fuego cruzado, pues son acciones violentas, intempestivas, que difícilmente se prevén. Siempre será importante escuchar los mensajes de las autoridades en los que se prohíbe circular por determinados lugares. Principalmente en zonas de conflicto en los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, Michoacán, etc. El último de los lugares que se debe visitar es Acapulco. Las pugnas del crimen organizado y el lodazal político tienen a ese puerto bañado en sangre. A todo lo anterior, no sería mala idea que el gobierno federal se encargara de reorientar a soldados y policías sobre el valor de los derechos humanos. Valdría la pena hacer el intento. De pasada se sugiere que quienes manejan armas intensifiquen sus prácticas de tiro, para no errar tanto y tan seguido. •
