Urgen a crear una base de datos confiable
Nacional martes 5, Feb 2019- Aspirante a Comisión de Búsqueda
La primera consideración de una búsqueda debe partir del hecho de que las personas siguen vivas.
El reto de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas es, además de articular todos los esfuerzos federales y locales, contar con bases de datos confiables, opinó la aspirante a dirigir esa instancia, Leonor de Jesús Figueroa Jácome.
Aclaró que cualquier búsqueda debe partir del hecho de que las personas están vivas, entrevistar a los familiares, a las personas cercanas y contar con un censo de los centros de reclusión.
“A la par, sumar al 911, la Alerta Amber y al programa ¿Has visto A?” de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo durante la entrevista personal con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez. La licenciada en derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, dijo que buscará la interrelación de las autoridades federales y locales, esto es, entre las diferentes fiscalías, comisiones de búsqueda nacional y locales, pues en ocasiones “ni siquiera se conocen”.
Figueroa Jácome, quien tiene maestría en Derechos Humanos y Democracia, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Granada, en España, insistió en que la primera consideración de una búsqueda debe partir del hecho de que las personas siguen vivas.
“Me indignan muchísimo las injusticias”, expresó la también consultora independiente en derechos humanos de las personas en situación de migración, quien cuenta con experiencia en la búsqueda de personas desaparecidas.
Lamentó la apatía de los servidores públicos en la búsqueda de las personas: “Hacen falta perfiles idóneos de servidores públicos (…) supe de personas que decían que ojalá estuvieran en otra área”.
A pregunta expresa del subsecretario Encinas, resaltó el cambio de la política migratoria segura y ordenada que lleva a cabo la actual administración. Sobre el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014, consideró que la desaparición forzada “es terrible, es un delito de lesa humanidad que afecta, no solo a familias, sino al país”.
