México y Venezuela
¬ José Antonio López Sosa martes 22, Ene 2019Detrás del Poder
José Antonio López Sosa
La administración federal entrante ha tomado en forma literal la no intervención en asuntos internos de otros países, particularmente en el caso Venezuela, sin embargo, la situación política de aquel país ha dejado de ser solamente interna, con violaciones sistemáticas a los derechos humanos (donde Venezuela está suscrito a tratados internacionales), el rompimiento del orden constitucional al instaurar una Asamblea Constituyente y convocar a elecciones, haber desconocido a la Asamblea Nacional, entre otras cosas.
Cuando estos hechos han generado una crisis humanitaria y migratoria que afecta también a nuestro país, con miles de venezolanos que llegan a nuestro territorio producto de esa situación, me parece que el gobierno mexicano no puede permanecer atónito sin pronunciarse sobre un régimen que agrede sistemáticamente a su población y sobre todo, a su disidencia.
El que México no haya suscrito el acuerdo de Lima, no quiere decir que vayamos en camino a convertirnos en una extensión del régimen de Maduro o bien, que estemos en una venezolanización, tan solo habla de un gobierno que pretender no ver lo que a todas luces ha sacudido al continente entero.
México asume una postura tibia, evocando el respeto juarista sin importar que haya abusos estalinistas en aquel país.
Es cierto, cada país es libre de decidir sobre sus asuntos internos, pero, hay convenios y tratados internacionales que los estados suscriben para garantizar la democracia, el respeto a los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos, cuando esto se rompe, los asuntos internos se convierten en asuntos de interés internacional que pueden ser sancionados.
Venezuela no respeta a ningún organismo internacional que señale los abusos de su gobierno, se creen autónomos en ese sentido y el silencio de México, alienta esa terrible situación.
No se trata desde aquí, de condenar y pedir la salida de Maduro pero sí, suscribir acuerdos multilaterales como el de Lima, donde si un estado no está actuando conforme a los principios democráticos que suscribió, debe señalarse y sancionarse.
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