No soy un hombre de conflictos, por el contrario, soy promotor de la unidad y la conciliación: Rafael Guerra Álvarez

• “No habrá despido de personal, por el contrario, se requieren más plazas de trabajo”
• El presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dijo que entre sus retos está la paz, seguridad y bienestar
• Ante los medios de comunicación, recalcó que es la hora de lograr que la justicia sea valorada como vocación constructiva, vanguardista y honorable

Gloria Carpio

El presidente magistrado, Rafael Guerra Álvarez, ofreció dar cumplimiento cabal a la reforma constitucional que obliga a la creación de una Sala Constitucional, juzgados de tutela de los derechos humanos y a la implementación de la justicia laboral.

En una reunión con los medios de comunicación, el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) Rafael Guerra Álvarez, afirmó que no es hombre de conflictos; por el contrario, “soy promotor de la unidad y la conciliación” y señaló que ante los ojos de la Ley Orgánica, los nombramientos de magistrados será preferentemente entre aquellas personas que cuenten con servicio civil de carrera judicial y se hayan desempeñado como juez eficiente, probo y honorable.

Y recalcó que ante la política de austeridad del gobierno de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia no se verá afectado en ninguna área.

Rechazó que en el Poder Judicial capitalino se vayan a registrar despidos masivos, y recordó que, por el contrario, hará falta personal para hacer frente a la implementación de reformas a las que obliga el mandato constitucional.

Asimismo, el presidente magistrado enfatizó que es la hora de lograr que la justicia sea valorada como vocación constructiva, vanguardista y honorable, y al fijar retos, señaló que se debe trabajar para restaurar la paz, la seguridad y el bienestar de la sociedad, por lo que reiteró su compromiso de consolidar la oralidad en todas las materias.

Estableció su compromiso de apostar por los medios de justicia alternativa y dar cumplimiento cabal a los mandatos de la Constitución local y otras reformas que obligan a la creación de una Sala Constitucional, los juzgados de tutela de los derechos humanos y la implementación de la justicia laboral.

Asumió que es el momento de acabar con el olvido de “nuestros servidores públicos” y el que pesa sobre los órganos jurisdiccionales, lo que ha dado lugar al fenómeno de descomposición institucional y funcional.

El también presidente de Consejo de la Judicatura local, insistió en que es la hora de que el TSJCDMX recupere la confianza ciudadana, y que se convierta en símbolo de legalidad y paz social. Podemos, dijo, estar a la altura de las expectativas.

Al contestar preguntas de los reporteros, advirtió que se debe abordar con cuidado el tema de la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, ya que se corre el riesgo de perder de vista el objeto del sistema procesal penal acusatorio.

Planteó que dicho sistema se basa en el respeto a la libertad personal, y consideró que, al perder su esencia, se corre el riesgo de volver al sistema inquisitorio en el que primero se encarcelaba y después se procesaba a la persona.

Guerra Álvarez puntualizó que el sistema acusatorio oral ha permitido una óptima administración de justicia, y destacó que los jueces emiten sus resoluciones apegados a lo que establece la ley, con respeto a los derechos humanos.

Se refirió al delito de robo, el cual consideró que genera un fuerte daño social, y recordó que la ley señala que si éste se cometió sin violencia, los jueces tienen que otorgar medida cautelar para seguir el proceso en libertad.

Abundó en que la creación de las leyes corresponde al Poder Legislativo, y dijo que si el Legislativo integra al catálogo otros delitos que ameriten prisión preventiva, los jueces así lo aplicarán.

En otros temas, se refirió al rezago en expedientes en el órgano judicial, y destacó que éste es mínimo, lo que atribuyó a la implementación de la oralidad en las diversas materias. Se ha logrado con esta modalidad que se administre justicia pronta, y que al dictarse una resolución, el gobernado se entere de inmediato.

Por otra parte, Guerra Álvarez comentó acerca del monto de recursos que requerirá el órgano judicial capitalino para la implementación de instancias planteadas en la Constitución local.

Calculó una cifra de mil 300 millones de pesos para la instauración de la Sala Constitucional, que prevé el máximo ordenamiento capitalino, así como para los juzgados de tutela de derechos humanos, los cuales tendrán que instalarse uno por alcaldía. Adelantó que hay el compromiso del Ejecutivo local para que se canalice este recurso al órgano judicial capitalino.