Huachicol y otros delitos de pripanistas no prescribirán jamás

Francisco Rodríguez viernes 11, Ene 2019

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Francisco Rodríguez

 

 

El límite entre lo que se puede y se debe es exactamente la terca realidad a la que se refería Antonio Gramsci en sus Cuadernos de la cárcel, escritos en las húmedas y oscuras bartolinas del fascista Mussolini. Una de sus frases más recordadas es “el optimismo es asunto de la voluntad; el pesimismo lo es de la inteligencia”.

La regla de oro del Estado de Derecho burgués, consistente en que los ciudadanos pueden hacer lo que la ley no prohíbe y las autoridades sólo lo que la ley autoriza, es cada vez más letra muerta. En las sociedades de avanzada la ley o el Estado de Derecho están basados en la concepción del interés público.

Por encima de ese interés público no puede haber nada, y nada absolutamente se pude hacer en contra de él. Los delitos e ilícitos que atentan contra la seguridad y el patrimonio colectivo, como el huachicoleo llevado a cabo por pripanistas desde el gobierno y las instalaciones de Pemex, no prescriben jamás, así de cierto como que la ley puede ser aplicada retroactivamente cuando se trata de asegurar el bien general.

Son las anteriores, posiblemente las bases del derecho político, aquél que debe aplicarse cuando la ley no se adapta a las nuevas necesidades y a las tensiones emergentes, que es cuando se produce su defectuosidad, su insuficiencia como instrumento organizador de la convivencia en la libertad y el desarrollo de los pueblos.

Para el derecho político, los fines de la norma jurídica no pueden abandonarse al toma y daca del mercado de valores de los privilegiados. La hora del derecho político suena cuando los cauces normativos han sido rebasados por los ambiciosos y los traidores a la patria.

El principio común, el que en México posiblemente hayamos conocido entre los primeros es que no se puede regular y controlar una estructura social afectada por la crisis mundial y por la exigencia de una redistribución más justa del ingreso, conforme a los modelos, pautas e instituciones hechizas del capitalismo salvaje.

El abandono del campo, la asimilación de la planta industrial en términos desfavorables para crear las gigantescas macrocefalias urbanas, la migración masiva de trabajadores, los desplazamientos ciudadanos hacia regiones de protección indispensables, así como la falta total de crecimiento de la economía…

… los últimos 36 años, han dado al traste, han agotado cualquier aspiración popular de bienestar, esgrimiendo como argumento central el escrupuloso apego al Estado de derecho de los conservadores, al establecimiento sin horizontes de la desigualdad rampante.

Cuando a principios de los 80’s se sometió la política económica y la estructura jurídica a los dictados de los intereses trasnacionales se agotaron los objetivos programáticos de la revolución original y se han generado tensiones de tal magnitud en el seno de la sociedad que se ha llegado a consensuar la defunción de sus principios.

Han sido derruidas las bases de lo que los fundadores de la Nación definieron como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento social, económico y material del pueblo. Se han destrozado los principios esenciales del respeto a las garantías individuales y sociales en aras de obedecer designios extraños.

El desempleo, la insuficiencia del sistema, la injusticia, el crimen masivo y la ausencia de participación popular en la toma de decisiones colectivas han reforzado un populismo derrotista de derecha que profundiza su acción antipopular con consignas y postulados alejados de la realidad, de la terca realidad.

En México, tierra del constitucionalismo social, no podemos cerrar los ojos ante el hecho innegable de que se han transformado los supuestos ideológicos que fundamentado la estructura social del derecho capitalista tradicional.

La condición real del Estado moderno ha definido las nuevas magnitudes sociales en la prueba del ácido de las reivindicaciones hoy imposibles para las masas. Pero una cosa es cierta como la luz del día: ha muerto el derecho de los abogados para abrir paso al nuevo derecho político…

…y las transformaciones que éste encarna ya no pueden ser compatibles con el sistema de regulación jurídica empleado para el control social de la etapa cancelada, pues volvería vacía e ineficaz la transición y sus etapas posteriores. La democracia no espera. El estado social y democrático de derecho tampoco.

La validez y magnitud social del derecho político no dependen de la aplicación pormenorizada de todos y cada uno de sus preceptos, como podría exigirlo una desvelada interpretación del instrumento legal. Sólo deben ser medidos por el impacto social que alcancen sus fórmulas políticas.

Los ingredientes de la solución, los supuestos normativos, más que las conductas individuales, deben ser los intereses superiores de la Nación, la organización de las masas y la estructura social idónea para perseguir y lograr el desarrollo equitativo. En ese sentido, como en todos los demás, la revolución jurídica debe suponer el desbordamiento de los cauces normativos tradicionales.

Hay quienes reforman sus leyes para perder su libertad, y hay otros que suponiendo alcanzar su plenitud aglomeran sociedades sin mañana, sin impulsos reivindicadores, “aburridas de su bienestar”, y hay los peores, los que sin responsabilidad histórica instalan en la cúspide camarillas y sectores de privilegiados, a contrapelo de la población miserable.

A esta última categoría pertenecen las bases jurídicas que hicieron posible el llamado “milagro mexicano”. Unas legislaciones proteccionistas del capital con su instrumento más importante, el control salarial en beneficio de un grupito de industriales y manufactureros que generaron un despiadado proceso de acumulación.

Las leyes conservadoras del neoliberalismo, así como sus reformas estructurales han fortalecido la concentración de la propiedad, el sacrificio del ahorro colectivo, la masacre de ciudadanos y la inequidad absoluta en el campo y la ciudad. Relegaron al Estado a un papel insignificante.

Se burlaron de los principios y de la dignidad nacional. Pasaron por encima del interés público, violaron la legislación vigente en el momento de los atropellos, y se resisten a ser juzgados, argumentando la prescripción de sus conductas.

No puede haber un Estado serio que lo permita. Todo fundamento jurídico supone que los titulares del poder estén constantemente dispuestos a defenderlo. Lo contrario es simplemente caer en la ley de la selva. Es la hora del derecho político moderno.

La opción de la justicia es clara, por donde la veamos.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: Solicitando la reserva de su nombre, desde la Vieja Antequera me escribe un activo simpatizante de la Cuarta Transformación: “Estamos de acuerdo con las decisiones mayores de AMLO. Pero éstas en las entidades federales estarán apoyadas o desvirtuadas por una burocracia federal que se avizora no es precisamente nueva. En Oaxaca se ha reinstalado en la Delegación SCT al Ing. Chida, de nada buenos antecedentes cuando ocupó anteriormente ese cargo. Esteban Moctezuma, por su parte, menciona a los candidatos que tiene en cartera para dirigir el IEEPO y son, la verdad, muy preocupantes: el ex rector de la UABJO, Martínez Neri, perredista que como diputado federal aprobó con su voto los gasolinazos; un tal José Luis Varela, que fue un oscurísimo diputado federal ungido por el ladrón Gabino Cué y que no hizo algo de valía, aparte de no pagar 3 millones de pesos a la Cámara de Diputados por un “préstamo”; Zamahel Hernández, que debe calificarlo el magisterio para saber qué antecedentes tiene, y otros sujetos nada confiables de los cuales se salva Othón Cuevas, sólo que éste es actualmente diputado federal, de los pocos leales a AMLO y a nuestro gobierno. Exigencia popular: que los secretario de Despacho de AMLO no se inclinen por quienes conocen sin pulsar la opinión de los oaxaqueños o porque, como dijo Moctezuma Barragán, consultará ‘amablemente’ al desgobernador actual, porque este propondrá a uno de sus secuaces o a un nuevo engendro —que se sumará a los sumisos diputado locales leales a la corrupción aún vigente aquí— todos ‘pastoreados’ por Salomón Jara-kiri y el ‘luchador social’ Flavio Sucio o Sosa . O los secretarios del Presidente seleccionan cuidadosamente a sus delegados o éstos pondrán en práctica las mismas mañas, la escuela de corrupción anterior y que tenemos que ayudar a AMLO a desarraigar definitivamente. Como ejemplo de lo anterior, Salomón Jara-kiri ‘el Cacique de Morena-Oaxaca’ y Señor del Nepotismo, incrustó a su hijita de 22 años en la Comisión Federal para la Pacificación y Seguridad en la entidad. Este fue un horrendo error de Alfonso Durazo, que ante la abrumadora crítica en las redes por la decena de crímenes de Morenos y ciudadanos y la pasividad de esta ‘chavita’ la renunciaron. ¿Seguirán complaciendo los caprichos del cacique y desvirtuando la Cuarta Transformación? ¿No oye AMLO el repudio popular contra Jara?”

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