¿Qué va a decidir la Suprema Corte?
Roberto Vizcaíno viernes 4, Ene 2019Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
Todo se lo llevaron… | Luis Xavier
La judicialización de la Ley Federal de Remuneraciones es, de antemano, una nueva victoria para Andrés Manuel López Obrador sobre el poder Judicial, pero sobre todo contra los 11 ministros de la Suprema Corte.
Desde antes de su alocada aprobación en noviembre anterior, esta ley ya contaba con el respaldo de la mayoría de los mexicanos.
Como candidato, López Obrador prometió no sólo disminuirse el sueldo, sino bajárselo al resto de la alta burocracia dorada cuyos ingresos en algunos casos superaban los 500 o 600 mil pesos mensuales.
El ejemplo central de esa inequidad siempre fueron los altísimos ingresos de los ministros de la Corte y de los circuitos judiciales del país.
Uno de estos ministros, Alberto Pérez Dayán, congeló la Ley Federal de Remuneraciones que convierte en delito que los funcionarios públicos ganen más que el Presidente de la República.
La suspensión, que operará hasta que el Pleno de la Corte dicte sentencia final, se decidió en respuesta a un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los 52 senadores que integran las bancadas del PAN, PRI, PRD y MC y otro más presentado por Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Una vez aprobada la Ley Federal de Remuneraciones, los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial sabían que esa manzana súper envenenada se la iban a tener que comer ellos.
Ellos cuyos altos salarios y prebendas los dejaban en la indefensión moral y política ante los ciudadanos en este caso.
Siempre supieron que, si se tramitaba la inconstitucionalidad de la Ley, la ganarían judicialmente porque siempre ha sido inconstitucional, pero con ello iban a perder lo muy poco que les queda e cuanto a lo moral y política.
Hoy comienzan a transitar ese desprestigio. Tienen que tramitar judicialmente el caso, pero saben que si anulan la Ley de Remuneraciones, van a provocar una reacción social y política de consecuencias impredecibles para ellos.
Y la reacción inicial fue de AMLO y su entorno. El presidente de la República dijo:
“Es un acto de deshonestidad, esos que obtienen esos sueldos no es gente honesta, ni es sensible ni son partidarios de verdad, de la justicia. Vamos a esperar, pero nosotros en el Poder Ejecutivo, en lo que a mí corresponde, en lo que corresponde, estoy seguro, al Poder Legislativo, se va a respetar el que no se viole el artículo 127 de la Constitución, es lamentable que violen la Constitución…
“Ellos mismos (los ministros de la Suprema Corte) resuelven que van a seguir recibiendo un sueldo exagerado, estratosférico, sueldo de hasta de 600 mil pesos mensuales, pues están dando un mal ejemplo quienes deberían de impartir justicia, no es posible que haya funcionarios públicos en el país, habiendo tanta pobreza, que ganen 600 mil pesos mensuales, es una ofensa al pueblo de México y es un acto de deshonestidad, tener esos sueldos no es gente honesta”, agregó.
Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de la mayoría de Morena, fue más allá.
Advirtió que el Presupuesto 2019, salió con la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos “sin excepción”, es decir con el recorte salarial de menos 108 mil pesos mensuales para altos funcionarios de órganos autónomos constitucionales (CNDH, INAI, etc), las empresas paraestatales, organismos descentralizados y empresas de participación estatal; y para el gabinete federal y los Poderes Judicial y Legislativo.
Martí Batres, presidente del Senado, se sumó a la ola morenista en contra del fallo del ministro Pérez Dayán, e igual consideró como un descaro suspender la Ley de Remuneraciones.
La Suprema Corte deberá igualmente acelerar el paso y determinar si la Ley de Remuneraciones que penaliza ganar más que el Presidente es constitucional o no.
Nadie, creo, quisiera estar en la situación que viven hoy los 11 ministros. Si declaran constitucional la Ley, pierden sus altos salarios. Si la declaran inconstitucional, los va a condenar todo México.
Feo caso para ellos.
Encuentro de senadores con funcionarios
Acordada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la mayoría de Morena en el Senado, este fin de semana se realizó la primera reunión entre representantes del Banco de México, la secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Asociación de Bancos de México con los integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado.
Al informar de este encuentro, el senador Alejandro Armenta indicó que los puntos acordados parten del principio de que “las cosas no se pueden mantener como hasta ahora, (sino que) tienen que cambiar”.
Durante este primer encuentro se analizó la iniciativa que busca regular los servicios financieros y el cobro de comisiones bancarias.
Ello permitirá que al final surja una reforma integral del Sistema Financiero consensuado y benéfico para todos, indicó el presidente de la Comisión de Hacienda.
Pide Gómez Urrutia reabrir caso
El 6 de agosto de 2014 una falla en una válvula de la Mina Buenavista del Cobre del Grupo México propiedad de Germán Larrea, produjo un derrame de 40,000 metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado en el arroyo Tinajas , y en los afluentes de los ríos Bacanuchi y Sonora ocasionando lo que las autoridades ecológicas federal y estatal, así como organismos e instituciones internacionales, calificaron como el peor desastre de este tipo en México.
Este hecho –que para muchos expertos se pudo haber evitado si Grupo México hubiera cumplido con la atención de esas instalaciones–, afectó a 22 mil 878 pobladores de 7 municipios de Sonora: Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Bavícora y Ures.
Ocurrido el hecho, las autoridades establecieron sanciones y mecanismos de protección, limpieza y reparación de daños a Grupo México, que nunca fueron cumplidos por la empresa.
El pasado fin de semana el caso fue retomado por el senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo del Senado y líder del Sindicato Minero de México, el más grande del país, para exigir se reabra el caso y se obligue a Grupo México a cumplir con cada una de las sanciones.
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