Desalojan a centroamericanos instalados frente a un deportivo
Nacional viernes 21, Dic 2018- Los traslada la policía de Tijuana a dos albergues
- La población de “El Barretal” aumentó a 2 mil 500 migrantes, que esperan asilo político
Con equipo antimotines, los policías condujeron a los migrantes a los autobuses que los condujo a “El Barretal”, donde su población aumentó a 2 mil 500 migrantes que esperan su turno para solicitar asilo político en Estados Unidos, a través de la garita de Otay, California.
La policía municipal de Tijuana retiró a 500 migrantes centroamericanos que acampaban afuera de la Unidad Deportiva Benito Juárez de la Zona Norte —ubicado en la calle 5 de Mayo— y fueron trasladados a los albergues de “El Barretal” y “Contra Viento y Marea”, cuatro menores de edad se canalizaron al Grupo Beta de la Secretaría de Gobernación, y hay 24 detenidos en la Secretaría de Seguridad Pública.
El gobierno local advirtió que los migrantes debían retirarse por violentar el artículo 72 del Bando de Policía y Buen Gobierno que considera que comete una infracción quien duerma en vialidades, plazas, parques y demás espacios públicos.
Otra violación es obstaculizar el tránsito vial y orinar en espacios públicos, señala un volante que personal municipal distribuyó durante la tarde del miércoles en el campamento.
Desde la madrugada de ayer jueves, alrededor de las 4:00 horas, tiempo local, se creó un cerco policíaco en el inmueble deportivo donde se instaló en octubre un refugio temporal operado por la administración del alcalde Juan Manuel Gastélum, pero después fue clausurado por la Secretaría de Salud del gobierno de Francisco Vega.
Con equipo antimotines, los policías condujeron a los migrantes a los autobuses que los condujo a “El Barretal”, donde su población aumentó a 2 mil 500 migrantes que esperan su turno para solicitar asilo político en Estados Unidos, a través de la garita de Otay, California. El operativo fue atestiguado por integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Investiga EU ruta de migrantes por Nuevo México
Grandes cantidades de familias y de menores no acompañados provenientes de Guatemala se están entregando a los agentes de inmigración en un sector muy remoto y peligroso del desierto de Nuevo México, tras cruzar la frontera por una nueva y distante ruta que tiene perplejas a las autoridades.
Es allí que fueron encontrados Jakelin Caal, de siete años, y su padre el 6 de diciembre junto con otras 161 personas cerca del cruce fronterizo de Antelope Wells. Caal comenzó a vomitar cuando era llevada en autobús al puesto de la Patrulla Fronteriza y para cuando llegaron no respiraba. Falleció en un hospital de El Paso, Texas.
Las autoridades estadounidenses encontraron esta semana grupos de 257 y 239 personas, mayormente familias y menores no acompañados, según dijo el martes el comisionado del Servicios de Aduanas y Protección Fronteriza Kevin McAleenan. La Patrulla Fronteriza encontró grupos de más de 100 personas a lo largo de la frontera con México, ocho veces en el año presupuestario que terminó el 30 de septiembre y dio con cuatro veces esa cifra desde el 1 de octubre.
“Es un fenómeno totalmente nuevo”, afirmó McAleenan en una conferencia de prensa. “Está extremando nuestros recursos”.
Antelope Wells alberga una de unas tres docenas de “bases de avanzada” de la Patrulla Fronteriza en Arizona, Nuevo México y Texas. Hay unos cuatro agentes asignados al puesto de Antelope Wells.
Los migrantes declaran a las autoridades que viajan hasta la frontera en autobuses desde Guatemala durante cuatro o cinco días, un marcado contraste con rutas más tradicionales que toman de 25 a 30 días para llegar a la frontera con Estados Unidos y que incluyen paradas en escondites a lo largo del camino, de acuerdo con McAleenan. No está claro por qué los guatemaltecos eligen ingresar por un sitio tan remoto, pero McAleenan dijo que tal vez sea más barato. EU investiga con México las razones de este fenómeno, con la esperanza de encaminar el tráfico hacia las ciudades más cercanas, El Paso y Nogales, en Arizona. EU asignó más personal médico y más vehículos a los puestos de Lords-burg y de Antelope Wells para hacer frente a la situación.
En Washington, el juez de distrito Emmet Sullivan suspendió las restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump que negaban el asilo a los migrantes que huyen de la violencia doméstica o de pandillas en sus países de origen. Sullivan determinó que las nuevas normas de asilo violan las leyes federales de inmigración y que “es la voluntad del Congreso, no los caprichos del ejecutivo”, la que determina cuáles serán los estándares para deportar a alguien. El mes pasado, un juez en San Francisco ordenó el cese de una política que impedía la solicitud de asilo a quienes ingresaban ilegalmente desde México.
La normativa que está en el centro de la polémica busca limitar la posibilidad de que los inmigrantes luchen contra una deportación expedita al reducir los motivos para reclamar “miedo creíble” si regresan a casa, el primer paso en un largo proceso de asilo.
