¿Son lavadores y sacadólares los ministros de la “Corta”?

Francisco Rodríguez lunes 17, Dic 2018

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Francisco Rodríguez

 

 

De acuerdo a un video que circula en redes sociales, son insistentes las repetidas solicitudes que las agencias de seguridad de las oficinas de la Interpol en América Latina habrían hecho desde hace más de dos años a la oficina de la Presidencia mexicana, pidiendo su opinión sobre presuntas operaciones de lavado de dinero, que se presumen habrían sido ejecutadas por prestanombres de quienes se autoconsideran impolutos ministros de la Suprema Corta ¿de Justicia?

Las transferencias de dinero de origen desconocido o ilícito se habrían hecho desde México hacia rumbos de distintos paraísos fiscales para evadir los convenios de cumplimiento del sistema financiero internacional. Que insiste la Interpol, a través de su sede central francesa, que los delitos habrían sido cometidos por togados, miembros de la cúpula del Consejo de la Caricatura Federal. Sería un delito grave contra los recursos de la Nación.

José Ramón Cosío, Juan Silva Meza, ex presidente de la máxima institución de jurisprudencia, Gutiérrez Ortiz Mena, Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora y demás son los mencionados en la investigación, se señala en el video. Ahí se recalca que tanto Medina Mora como Cosío Díaz habrían sido involucrados repetidamente en delitos de lavado de dinero de procedencia oscura.

Que son personajes que, además, ya habrían sido investigados por la DEA debido a sus posibles nexos con los cárteles de Sinaloa y el Nueva Generación de Jalisco. En aquella ocasión, se subraya, el entonces Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, habría respondido “no estar convencido de la investigación en contra de los ministros”, por lo que habría rechazado la oportunidad de participar en una investigación conjunta con la Procuraduría General de la República.

Hace unos días, se menciona en el video, este asunto habría revivido a partir de una carta de colaboración que se dice han hecho llegar a Palacio Nacional diversas oficinas de seguridad del área latinoamericana en la que solicitan su participación en las investigaciones. Son muchos miles de millones de pesos los que se encuentran bajo la lupa de la Interpol, se subraya..

Y que los coyotes y prestanombres de los ministros no han parado de realizar transferencias, quizá por la inminencia de la llegada del nuevo régimen que en este aspecto no se anda con chiquitas. Ha sido Soledad Alfaro, una reportera de medios digitales quien suscribe la versión que ha inundado las redes mexicanas e internacionales por estos días.

Posiblemente sea la gota que derrame el vaso. O la raya que le faltaba al tigre. El hecho es que por prudencia y no mezclar el asunto del diferendo de los altos sueldos que los ministros no quieren dejar ir e impedir que una cosa contamine a la otra, el Ejecutivo federal se habría mostrado cauteloso, prudente en este tema. Total, falta ya muy poco.

López Obrador ha cumplido con sus afanes de pacificación y concordia. Envió el Presupuesto de Egresos tal cual al conocimiento de la Cámara de Diputados, anexándole la solicitud de todos los organismos y dependencias de los tres poderes que contienen los sueldos que piensan percibir.

Ahí están los de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con 61 altísimos funcionarios que ganan mucho más que el Presidente. Los del Instituto Nacional Electoral, el INAI, el Banco de México, los organismos financieros del Estado, y los de la Suprema Corta y todos los demás. No les quitaron un cero. Van como llegaron.

El Ejecutivo se ha comprometido a firmar el Decreto de Presupuesto de Egresos que la Cámara de Diputados determine de acuerdo con sus facultades constitucionales exclusivas. Nadie puede llamarse a engaño si en el seno de los debates de la legisladora los diputados de todos los partidos deciden apegarse o no a las peticiones de los empleados de la Federación.

Sin embargo, si existe el riesgo de que en los debates que se realicen en la más alta tribuna de la Nación, los padres conscriptos tengan la ocurrencia de ser demasiado inquisitivos o preguntones para meterse a indagar el contenido de las peticiones de colaboración que han girado las agencias de investigación de la Interpol al gobierno mexicano .

Y de paso, podrán meterse a solicitar información de la discrecionalidad en el manejo de nóminas, sueldos, prestaciones y prebendas para los ejércitos de asesores y favoritos de todas las dependencias desconcentradas o descentralizadas del Poder Ejecutivo que todavía aspiran a monumentales estipendios.

Es sabido que los casos más escandalosos de manejo de salarios muy por encima del nivel continental se dan en esos lugares, que hasta hoy han sido los nichos intocables de la administración pública. Por algo son los sueños guajiros de toda la flota de aviadores con la que cuenta el aeródromo nacional.‎ Y con viajes todo pagado.

En una de ésas, no se les vaya a ocurrir a los señores diputados pedir la información que está en poder del Senado de la República, que giró despachos a la Procuraduría General de la República para pedir informes sobre el desempeño de los ministros de la Corta en todos los entrambuliques que se traen. Sería lamentable.

Van a salir muchos trapitos al sol. Las sesiones prometen ser de antología y hasta conozco colegas que pagarían por ver. El espectáculo promete, y las vergüenzas traen los decibeles y umbrales muy bajos. ¿Qué van a decir los ministros cuando alguien les recuerde que no son mandaderos y tienen derecho a escudarse en el pensamiento juarista para defender sus intríngulis judiciales?

En opinión de reputados cronistas parlamentarios y colegas de las fuentes políticas y policíacas, sólo hay dos razones por las que los señores ministros de la Corta marcaron distancia con el Ejecutivo para no negociar los temas del presupuesto diabólico:

La primera, por no estudiar. Cayeron en el craso error de la nulidad absoluta al pretender, de la flauta mágica de Alberto Pérez Dayán, congelar el contenido del presupuesto si no se satisfacía su ambición. Los atildados juristas, recomendados en su gran mayoría para esa función, no supieron que el presupuesto no se legisla, sólo se aprueba por mayoría en la sede de la representación popular.

La segunda, por confiar demasiado en los oficios de la secretaria de Gobernación, reciente ministra cobradora de pensiones millonarias, cuasi cómplice de sus amigotes de la Corta, ya que la iguana mastica del mismo lado. Confiaron en su habilidad para resolver ese entuerto con el Ejecutivo a favor de los ministros.

Y… ¡sorpresa! Tarde se dieron cuenta de que la falta de estudios no se soluciona así de fácil y que los oficios de doña Olga Sánchez Cordero es mejor que no se hagan valer, si no quieren meterla a la misma cuerda de perjudicados políticos.

Como quiera que resulte, parece que en este asunto de la conspiración de los sueldos, léase choque de poderes, el ancien régime tuvo otro tropezón. Parece que ninguno de sus osos se ha aprendido el retumbado de esa pandereta.

Tendrán que buscar otra oportunidad para hacer daño. De ésta, López Obrador ha sido el más favorecido por la opinión del respetable. El hombre de Tepetitán sigue demostrando que conoce el paño como pocos.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: Leo en El Universal: “Dos magistrados y cuatro jueces del Poder Judicial de Nayarit están presuntamente involucrados en una red de corrupción que despojó de sus viviendas a 40 mil derechohabientes del Infonavit en al menos siete estados, por lo que la fiscalía nayarita solicitó al Congreso local una declaratoria de procedencia para desaforarlos. Se trata de los magistrados Pedro Antonio “N” y Jorge Ramón “N”, y de los jueces Braulio “N”, Mario Alberto “N”, Justino “N” y Baldomero “N”, cuyos casos se analizan en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso que iniciará los respectivos procedimientos el próximo miércoles. La Fiscalía reveló que entre 2013 y 2018 se llevaron a cabo juicios “espejo” con la complicidad de los magistrados y jueces en los municipios de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas para ejecutar de manera irregular las hipotecas de cerca de 40 mil casas propiedad de derechohabientes del Infonavit en los estados de Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco; en este caso también están presuntamente involucrados un notario y un despacho de abogados. El fiscal estatal, Petronilo Díaz Ponce, explicó que la operación se realizó en dos etapas: la primera en los años 2013, 2014 y 2015 cuando en los juzgados de Xalisco y Compostela se llevaban procedimientos de ejecución de hipoteca, pero el despacho, en contubernio con los juzgadores, tramitaban juicios “espejo” con miles de demandados, falsificando constancias, sin notificarles ni emplazarlos y sin la intervención de Ministerio Público alguno…”.

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