Dispendio de recursos públicos, mal de males
Luis Muñoz miércoles 12, Dic 2018Segunda vuelta
Luis Muñoz
Con el propósito de eliminar los excesos en el gasto público y que los recursos sean canalizados realmente a las prioridades sociales de la capital del país, en particular de los sectores de la población más vulnerables, la diputada Guadalupe Morales Rubio presentó este martes una iniciativa para expedir la Ley de Austeridad, Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México.
En la sesión la diputada de Morena expuso que uno de los grandes problemas es el dispendio de recursos públicos en su estructura gubernamental, a pesar de contar con ordenamientos legales que regulan el gasto público que parecen “letra muerta” al no tener una aplicación puntual y una correcta vigilancia por parte de las autoridades y los entes fiscalizadores; el dispendio de recursos resulta alarmante e incluso insultante en algunos casos, señaló.
Explicó que ante las cifras del CONEVAL, que reportan que casi un 30% de la población de esta capital vive en situación de pobreza, “nos obliga a implementar urgentemente políticas públicas que eliminen los excesos en el gasto público, con la finalidad de reencauzarlo a la atención de los habitantes con énfasis en la población vulnerable, ejerciendo un gasto de forma racional, transparente, pero sobre todo austero y eficiente”.
El objetivo, pues, es acabar de raíz todos los excesos y símbolos de ostentación que han caracterizado lastimosamente en los últimos años a los cargos públicos, amén de fortalecer los ordenamientos legales que implementan su regulación, dejando en claro que una ley de austeridad no es un concepto nuevo.
Dijo la legisladora que con el objetivo y propósito de no duplicar ordenamientos jurídicos, sino de simplificar los temas en una sola ley, se propone abrogar la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente por la nueva Ley de Austeridad, Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México.
Es importante mencionar, precisó, que la iniciativa toma como base la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, manteniendo la regulación en el control y transparencia de la programación, presupuestación y erogación del gasto público con la novedad de que se refuerza e incluyen diversos artículos en materia de austeridad y modificando los conceptos que la Constitución Política de la Ciudad de México instauró.
Mencionó que la iniciativa está conformada por 175 artículos, a diferencia de los 150 artículos de la ley actual. Estos nuevos ordenamientos mantienen la finalidad principal de que el gasto público se ejerza de manera racional, transparente y con una austeridad que permita una reasignación hacia las prioridades sociales de la ciudad. Entre los principales temas destacó lo siguiente: Se propone que en su observancia sea obligatoria para el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las alcaldías, así como para los órganos autónomos y demás entes públicos de la Ciudad de México.
Se establece que la austeridad no podrá ser invocada para justificar la restricción, disminución o supresión de programas sociales, a excepción de que exista una evaluación previa del impacto presupuestario que acredite un dispendio de recursos con relación al beneficio que otorgue algún programa.
Se garantiza el derecho a la buena administración de los recursos públicos que estén bajo responsabilidad de los servidores públicos, ajustando su actuación conforme al principio de austeridad.
También se obliga a que todos los servidores públicos en la ciudad tomen las medidas necesarias para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo.
Se prohíbe la existencia de partidas presupuestarias para los integrantes del Congreso en la realización de obras y programas que corresponden a la administración pública como sucedió en la legislatura pasada.
En materia de gastos de publicidad, la propaganda deberá tener carácter institucional, con fines informativos, educativos o de orientación social y en ningún caso tendrá que ser personal.
La compra de vehículos oficiales solamente procederá para aquellas actividades calificadas como prioritarias o para la prestación de servicios directos a la población.
Se establece que en la Ciudad de México ningún servidor público podrá ganar un monto igual o mayor a la o el titular de la Jefatura de Gobierno; en materia de viajes oficiales, solamente se autorizará un solo viaje oficial al extranjero, siendo la única excepción la de la o el Jefe de Gobierno de quien su salida del país debe ser aprobada por este Congreso.
Destaca además que ningún servidor público podrá disponer de los servicios de escolta, seguridad privada, policías auxiliares o bancarios con cargo al erario público, ni utilizar automóviles blindados, con excepción, en caso de ser necesario, de los titulares de los entes públicos con responsabilidades en materia de seguridad y procuración de justicia.
Inversión en pro de la niñez
La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, diputada Rosalba Valencia Cruz (Morena) de la Cámara Baja, destacó que se requiere mayor inversión en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) destinada a esta población, para garantizar la protección de sus derechos.
