Urgen a ratificar el Acuerdo de Escazú
Luis Muñoz viernes 7, Dic 2018Segunda vuelta
Luis Muñoz
A tono con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de hacer justicia a los indígenas del país, José Luis Hernández, líder Otomí en San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, Estado de México, destacó la necesidad de crear políticas de transparencia y rendición de cuentas de gobierno y empresas, como condición para que “se escuche la voz de pueblos originarios y comunidades indígenas…y que no pasen por encima de nuestros derechos”, dijo.
En el marco del X Foro Regional de Transformación de Conflictos socio-ambientales en América Latina, los participantes urgieron a ratificar el Acuerdo de Escazú, un tratado histórico que hace el cruce entre los derechos humanos y el medio ambiente, y compromete a los países de la región a garantizar el acceso a la información en materia ambiental, abrir espacios de participación efectiva, y dar las garantías necesarias para que aquellas personas que vean sus derechos ambientales vulnerados puedan acceder a la justicia.
Los organizadores del Foro, que se llevó a cabo en las instalaciones del CIDE, urgieron al Estado mexicano y los demás Estados de la región a ratificar dicho Acuerdo de Escazú, adoptado en Escazí, Costa Rica, el 4 de marzo de este año, y a desarrollar una hoja de ruta para su implementación.
Este acuerdo compromete además a los Estados firmantes a garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Ha sido firmado por México y otros 15 países de la región.
Entre los posicionamientos vertidos durante el Foro, que ilustran la importancia del Acuerdo de Escazú, destaca lo siguiente:
“La transparencia no supone recibir mucha información a modo, la transparencia supone acceso a datos específicos respecto a un conflicto en específico a pesar de las asimetrías del poder”, estableció Mauricio Merino fundador de la Red de Rendición de Cuentas y un ejemplo de la vinculación de la academia con la práctica, desde el espacio ciudadano impulsor de las reformas de transparencia y anticorrupción.
A menor transparencia, dijo, mayor corrupción, definida como la “apropiación ilegítima de lo público por la vía de sometimiento u opacidad, que lleva a la ausencia de controles y contrapesos”, sentenció.
En reunión de balance, los organizadores del Foro concluyeron que, desde distintas miradas, se evidenció que el acceso a información confiable y oportuna es una condición necesaria para hacer valer los derechos de quienes se ven afectados por la conflictividad socio-ambiental y para reducir las asimetrías de poder que subyacen al diálogo entre cosmovisiones y modelos de desarrollo.
Tras este balance, los organizadores urgieron al Estado mexicano y a los demás de la región para que ratifiquen el Acuerdo de Escazú y establezcan una hoja de ruta para su implementación, en colaboración la sociedad civil.
Por su parte, Lucero Ibarra, en la mesa denominada “Litigio estratégico, resistencias e iniciativas anti-impunidad para la rendición de cuentas y la transformación de conflictos socio- ambientales”, resumió algunas retos que enfrentan las comunidades para acceder a una representación legal de calidad y reflexionó los problemas en el acceso a la información ante la desconfianza hacia el gobierno y la empresa en un ambiente de criminalización constante, “lo rescatable es retomar a las comunidades como fuente de datos importantes”, subrayó.
Durante el Foro se presentó el informe: Sector extractivo y sociedad civil: cuando el trabajo de comunidades, gobiernos e industrias es sinónimo de desarrollo, estudio realizado en cinco países para buscar buenas prácticas en el nivel de información y en prácticas de diálogo, donde encontramos 27 iniciativas de colaboración o buenas prácticas validadas a replicar”, comentó Volker Frank de Fundación Futuro Latinoamericano.
En su décima edición, el Foro recibió a más de 130 asistentes que viajaron a la Ciudad de México desde Canadá, Ecuador, Chile, Guatemala, Colombia, Panamá, Nicaragua, Ecuador, Perú, Honduras, Bolivia, España y el Reino Unido, así como de distintas regiones de México, además de líderes comunitarios de distintas etnias, académicos, organismos internacionales, sector público (local y nacional), privado y organizaciones de la sociedad civil.
FOVISSSTE libera 7 mil créditos
7 mil créditos tradicionales más de la lista general de resultados del Procedimiento Extraordinario 2018, con lo cual suma un total de 18 mil financiamientos que ya están en trámite, en beneficio del mismo número de trabajadores al servicio del Estado y de sus familias.
El Subdirector de Crédito encargado de la Vocalía Ejecutiva, Agustín Gustavo Rodríguez López, aprobó la liberación de créditos con la finalidad de beneficiar a más trabajadores al servicio del Estado con un crédito hipotecario.
Precisó el organismo que los 7 mil derechohabientes con su crédito aprobado, cuentan con diez días naturales para escoger una entidad financiera y avanzar a la fase de asignación de vivienda (hasta el 15 de diciembre 2018); 30 días naturales para registrar el avalúo en el sistema) y efectuar la verificación final de importes (14 de enero 2019); al final, contarán con 20 días naturales para que el crédito se firme y se notifique por un notario público ante el organismo (3 de febrero de 2019).
