La juez Civil Oral de Cancún, María del Pilar Gio Escalante, metida hasta el cuello en una red de traficantes de inmuebles

Derecho de réplica

El grupo delictivo de invasores de predios que opera en Cancún, capitaneados por las corruptas abogadas Esther Elizabeth Puc Hernández, Ruth Blanco Franco y Silvia Magali Bonilla Pasos, controla ya a jueces civiles, jueces civiles orales, secretarios de acuerdos, actuarios y hasta la notaria pública número once en el municipio de Benito Juárez.

Se aliaron para despojar de ocho predios, de alto valor inmobiliario, de más de 5 mil metros cuadrados, en la esquina de la Avenida Huayacán y calle Noche Buena, realizando todo un entramado legal, con el fin de tener la “propiedad” con documentos “legales”, para posteriormente venderlos y obtener ganancias millonarias por predios que no son de su propiedad.

Cómo inicia el fraude

Con un título de propiedad producto de maniobras fraudulentas y presuntamente emitido por el ejido Alfredo V. Bonfil, las abogadas Ruth Blanco Franco y Silvia Magali Bonilla Pasos entablaron juicios, tanto para retener la posesión, como para obtener la propiedad en los juzgados orales y civil de ocho lotes a favor de María Esther Taracera Robles, Ruth Blanco Franco, Wendy Victorina Hernández García, Perla Edith Castillo Rodríguez, Aurora Osorio Nataren y Francisco Azael Gómez Azcorra, los que no tienen ningún documento de cesión de derechos o título de propiedad que el ejido expidiera a su nombre.

Con ese título de propiedad, que no está a su nombre, Perla Edith Castillo Rodríguez, Aurora Osorio Nataren, junto al resto del grupo de invasores, presentaron ante el Juzgado Civil Oral de Distrito Judicial de Cancún, Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, un juicio interdictal de retener la posesión de unos predios baldíos, donde nunca habían habitado, pues dichos terrenos tienen un legítimo dueño con escrituras públicas.

Esther Elizabeth Puc Hernández, cerebro de la asociación delictuosa

En dicho juicio no fue demandado el dueño, para a sus espaldas, lograr arrebatarle la posesión por medio de un fraude procesal, para ello contaron con la participación de la juez corrupta María del Pilar Gio Escalante, quien les dio una sentencia favorable, en diciembre del 2017, pese a que los terrenos, al ser propiedad privada, con escritura pública, cuentan con Registro Público de la Propiedad.

Queda claro el fraude procesal, planeado por Esther Puc y en el que está implicada la juez Civil Oral de Cancún, María del Pilar Gio Escalante, pues en sus manos está también el expediente de un juicio interdictal de retener la posesión, que el dueño de dichos terrenos interpuso el 18 de abril del 2017, contra Perla Edith Castillo Rodríguez, al darse cuenta de los intentos de invasión que Perla Edith Castillo Rodríguez, Aurora Osorio Nataren, así como un sujeto de nombre extranjero, Thompson Lenz Carlos Alberto, pues ingresaron a los lotes y prendieron fuego a la maleza, para después desmontar y cambiar los cercados. Dicho intento fue frustrado por la Dirección de Ecología del municipio, quien clausuró los lotes por daño ambiental.

La juez Gio Escalante tuerce la ley

El juicio interdictal que interpuso el dueño de los lotes, pese a ser de fecha anterior al interpuesto por las corruptas abogadas Ruth Blanco Franco y Silvia Magali Bonilla Pasos, no tuvo avance, pues el actuario asegura que no localiza a Perla Edith Castillo Rodríguez, cuando estuvo en los mismos juzgados varias ocasiones para comparecer en el juicio fraudulento que interpusieron de manera posterior, donde la juez María del Pilar Gio Escalante les otorgó la posesión.

Que investigue el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Q. Roo

Valdría la pena que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Antonio León Ruiz, le dé seguimiento al actuar de esta juez y la destituya, ya que sin contar con los elementos suficientes, más que la amistad de las abogadas mafiosas Esther Puc, Ruth Blanco Franco y Silvia Magali Bonilla Pasos, emitió una sentencia con la que dichas personas tratan de impedir que el dueño, quien no fue llamado a juicio y por lo tanto tal sentencia no lo afecta, se acerque a su propiedad.

Notarios corrupto

Para realizar el fraude procesal e interponer otros juicios con el fin de que los jueces les den la propiedad legal de los terrenos para después venderlos, las abogadas Ruth Blanco Franco y Silvia Magali Bonilla Pasos, que lideran al grupo de invasores en el que participan, Perla Edith Castillo Rodríguez, Aurora Osorio Nataren, presentaron un documento certificado por la notaria número 11 de Cancún, Susana Verónica Ramírez Sandoval.

La hoja tamaño carta de fecha 6 de marzo de 1995, en el que dos particulares, Francisco González Gómez y Perla Edith Castillo Rodríguez, suscriben un supuesto contrato de cesión de derechos, sin embargo, en el ejido Alfredo V. Bonfil no existen antecedentes que confirmen que Francisco González Gómez tenía la cesión de derechos o título de propiedad para, en ese entonces, transferir dichos derechos sobre esas tierras y mucho menos poder disponer de ellas para la venta.

Comprobado, son invasores de predios

Según los antecedentes existentes, los terrenos en cuestión siempre estuvieron en posesión del ejido, por lo que fue dicho órgano el que, al convertirse en propiedad privada, los vendió a un tercero.

Llama la atención que dicha supuesta “cesión”, fue ratificada por otras personas diferentes a Francisco González Gómez, apenas unos meses después de que se fechara el primer documento, éste, como el anterior, fue supuestamente avalado por la notaria número 11 de Cancún, Susana Verónica Ramírez Sandoval, hasta el 4 de agosto del 2009, catorce años después de firmado la supuesta cesión, por lo que es imposible que dicha notaria, que el 1 de agosto del 2009 inició funciones de suplente, pudiera certificar la legitimidad de unas firmas que no se realizaron en su presencia.

Asimismo, los documentos en los que supuestamente se realiza una cesión de derechos, no tiene por ninguna parte los sellos del ejido Alfredo V. Bonfil, ni la firma de algún representante de éste, requisito indispensable para hacer válida dicha transacción, pues ésta debe ser ratificada por la junta de ejidatarios.

Todo, con documentos falsos

Pese a ser una hoja simple, sin membretes del ejido, ni sellos, ni firmas de representantes, Susana Verónica Ramírez Sandoval, notaria número 11, estampó su sello notarial y su firma en él, lo que es a todas luces una irregularidad, pues los protocolos notariales dictan normas específicas con respecto a dar fe de la legalidad de un documento, para empezar, la presencia de las partes firmantes, pero en el 2009, Francisco González Gómez ya había fallecido.

El contubernio de notarios y jueces con las bandas de invasores en Cancún, afectan de manera directa al gremio inmobiliario, pues éste no es el único caso que existe.