Los retos del nuevo gobierno
Luis Muñoz jueves 22, Nov 2018Segunda vuelta
Luis Muñoz
Ya lo dijo el propio presidente electo, Andrés Manuel López Obrador: el país, en materia de seguridad, es un desastre. Desastre que tratará de corregir mediante el llamado Plan Nacional de Paz y Seguridad a partir del uno de diciembre.
A uno de los ocho ejes del plan, el que se refiere a la impunidad, desaparición y derechos humanos, se suma el del secuestro (que no es lo mismo que desaparición forzada), delito al que doña Isabel Miranda de Wallace ha dado puntual seguimiento desde hace más de una década.
Los datos que reveló, no dejan la menor duda de que en este tema la situación lejos de mejorar empeoró.
La activista Miranda de Wallace dijo que el secuestro en la administración del presidente Enrique Peña Nieto se incrementó en 56.4 por ciento, en comparación con la gestión del ex presidente Felipe Calderón.
Pero antes que otra cosa, es necesario (para mejor comprensión), explicar la diferencia que existe entre desaparición forzada y secuestro, dos figuras que no se castigan ni se investigan de igual manera.
La desaparición forzada es un delito que está relacionado con la autoridad y el acto de abuso de la misma al detener y ocultar a la víctima.
El concepto que ofrece la Organización de Naciones Unidas es “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”, el cual aparece en el artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la organización.
Mientras que, para la misma ONU, se entiende por secuestro el hecho de “detener ilícitamente a una persona o varias personas en contra de su voluntad con la finalidad de exigir por su liberación un provecho ilícito o cualquier utilidad de tipo económico u otro beneficio de orden material, o a fin de obligar a alguien a que haga o deje de hacer algo”.
Dicho lo anterior, se ha dicho que en México existen más de 37,000 personas desaparecidas, según datos de la Secretaría de Gobernación, la mayor parte de los casos permanece impune.
De ahí el tema central en el Plan de Seguridad del presidente electo: erradicar la inseguridad que contempla promover el respeto a los derechos humanos.
Eso, en cuanto a las desapariciones.
Ahora bien. En lo que se refiere a los secuestros, la organización Alto al Secuestro informó que entre el uno de diciembre de 2012 y el 31 de octubre de este 2018, se registraron 11 mil 769 casos, mientras que durante la administración de Felipe Calderón se denunciaron 7 mil 524 secuestros.
Esto significa, señaló la activista, que el delito del secuestro se incrementó en 56.4%. Miranda de Wallace, presidenta de la organización, dijo que ese incremento pone de manifiesto el tamaño del reto al que hoy se va a enfrentar el presidente electo.
Se va, se va…se fue Godoy
Ayer, finalmente, la diputada Ernestina Godoy se despidió de sus compañeros legisladores para incorporarse a lo que será su nueva encomienda en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
No es por nada, pero doña Godoy con ese encargo se sacó la “rifa del tigre”.
En su despedida, al son del mariachi, el diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local, reconoció a su colega como una gran mujer en la lucha política y social del país. Pero ahora tendrá que librar una batalla contra la delincuencia.
Dijo que ha sido histórico que haya presidido la Junta de Coordinación Política, pero el proyecto de la transformación de este país “te necesita en otras trincheras”.
Por su parte, el diputado Eduardo Santillán Pérez, también de Morena, también la reconoció como una gran luchadora social, como una extraordinaria abogada, que ha demostrado carácter, honestidad, transparencia, defensa de los ideales y de las causas.
Ley de Protección Animal
Las comisiones unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, así como de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático del Poder Legislativo local analizan la posibilidad de modificar la Ley Orgánica interna y crear la Comisión de Protección y Cuidado Animal.
De acuerdo con la promovente de la iniciativa, la diputada Gabriela Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD, la propuesta tiene por objeto reformar el artículo 74 adicionándole la fracción XLI en la Ley Orgánica del Congreso local. Esto, en virtud de la creciente necesidad de reconocer el respeto a los animales en concordancia a la Constitución Política de la Ciudad de México. Al presentar la iniciativa, la legisladora explicó que a través de la
Comisión de Protección y Cuidado Animal se brindará mayor protección a los animales, ya que se vigilará el cumplimiento y atención en el seguimiento de las acciones que se ejecuten; de manera paralela se inhibirán acciones u omisiones que degraden a la sociedad.
