Barbarie criminal
Freddy Sánchez martes 20, Nov 2018Precios y desprecios
Freddy Sánchez
Con un cambio de mandos, de adscripción y de uniformes, casi los mismos hombres, prácticamente con las mismas armas y las mismas normas, serán los futuros combatientes de la delincuencia organizada.
Policías de antiguo y nuevo desempeño, provenientes del Ejército, la Marina y la Federal, son los llamados a integrar la Guardia Nacional que estará a cargo de la seguridad en el gobierno de Andrés Manuel.
Posteriormente, cincuenta mil jóvenes serán convocados, capacitados e incorporados a las mismas tareas. Se trata de darle cuerpo y forma al Plan Nacional para la Paz y la Seguridad.
En ese sentido, no existe propósito alguno de militarizar la lucha contra el crimen, sino todo lo contrario.
Eso han declarado recio y quedito los encargados de las políticas a seguir en materia de seguridad para el próximo sexenio.
A su decir, en adelante, la Guardia Nacional tendrá en exclusiva la encomienda de perseguir a la delincuencia, en tanto que las Secretarías de Marina y la Defensa Nacional, cumplirán otras funciones en forma independiente.
Las cuales se apartarán de lo estrictamente policiaco.
Y es que si bien el mando de la Guardia Nacional recaerá en el Secretario de la Defensa, la nueva instancia institucional para combatir el delito contará con personal y equipamiento propio.
Hechas las aclaraciones pertinentes, lo más importante es que los cambios anunciados para el gobierno de Andrés Manuel, más allá de subsistentes dudas y desacuerdos, en realidad sirvan a la pacificación y seguridad del país y no se trate de simples cambios cosméticos, tan inútiles como deplorables.
En ese aspecto, uno no puede andarse por las ramas.
Así que hay que decirlo sin tapujos: la futura política sexenal contra la delincuencia organizada, recibirá la aprobación social solamente si en los hechos se da una baja cierta y constante en las conductas delictivas.
El primer año y los siguientes dos hasta cumplirse la mitad del sexenio, un sentimiento de urgencia en el grueso de la población mantendrá en efervecencia el deseo colectivo de un abatimiento en la comisión de los delitos.
Hacer que esto se comience a notar y entre más pronto mejor, es la única forma de alentar la confianza ciudadana en torno a la figura presidencial, los legisladores de “Morena” y la burocracia federal, cuyo deber será acreditar sus capacidades para restablecer el orden y la seguridad como la nación lo demanda.
Y es que el propósito de mejorar las condiciones de vida de la gente, propiciar el bienestar del alma y el fortalecimiento de los valores éticos y morales, conforme a lo postulado en el plan de paz y seguridad, suena maravillosamente.
Es un sueño largamente acariciado por las personas de bien en este país, aunque el cómo y el cuándo logar el cambio prometido, no queda claro y hay que precisarlo.
Qué sueldos, equipos, prestaciones y prerrogativas tendrá el personal policiaco, cuáles serán las nuevas técnicas y herramientas contra el crimen y qué adecuaciones a las leyes deberán procesarse, son entre otras, las cuestiones fundamentales que es menester especificar en relación con las acciones a seguir contra la delincuencia organizada.
Y lo más importante: hay que ponerle plazo a los resultados.
Porque la sociedad mexicana espera desde el primer año del nuevo gobierno federal, una notable mejoría en los asuntos de seguridad.
Cuanto se haga en ese aspecto, obviamente, sería un desperdicio si no se logra que el hampa se repliegue y en vez de ello, los mexicanos tengamos que seguir viviendo bajo la insoportable intimidación de una barbarie criminal.