Sesgada y amañada, consulta sobre NAICM
Adriana Moreno Cordero jueves 25, Oct 2018La Retaguardia
Adriana Moreno Cordero
- Irregularidades en Tribunal Electoral oaxaqueño
- No politizar trámites de construcción en CDMX: Miranda Ruiz
El 1 de julio la ciudadanía votó en contra de la corrupción, de la ilegalidad y de los acuerdos bajo la mesa que comprometen y someten a la voluntad democrática.
Desafortunadamente, esos acuerdos ilegales han ocurrido y para sorpresa de todos, continúan sucediendo entre quienes han pregonado el supuesto “cambio verdadero” y denuncian conductas que ellos mismos cometen.
Tal es el caso del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, a cuyos integrantes debe voltear a ver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza Luis María Aguilar, dadas las abiertas irregularidades en que han incurrido, que incluyen violaciones a sus sentencias y declaratorias de inconstitucionalidad.
Este caso debiera ser para Ripley: Controlados los integrantes del Tribunal Electoral oaxaqueño por el senador de Morena por aquella entidad, Salomón Jara Cruz, decidieron darle vida artificial al registro del Partido Encuentro Social como instituto político estatal, maniobrando a través de un falso indigenismo y aplicando una disposición de la Constitución oaxaqueña que fue declarada como inconstitucional por la Suprema Corte, hace casi tres años.
En la sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 53/2015 y sus acumuladas 57/2015, 59/2015, 61/2015, 62/2015 Y 63/2015, la Corte declaró inconstitucional el artículo 25, apartado “B”, fracciones II, párrafo tercero, y XIV.
En particular, ésta última fracción contradice frontalmente disposiciones de la Constitución de la República, pues sujeta la conservación de los derechos y prerrogativas de los partidos locales con registro, únicamente la obtención del 2% de la votación válida emitida en la elección de los integrantes de la Legislatura estatal. Dicho de otra manera, el senador Salomón Jara disminuyó arbitrariamente el porcentaje requerido para la conservación del registro como uno de los derechos de los partidos políticos locales, por lo cual, contradice abiertamente el texto de la Constitución federal.
Esta declaratoria de inconstitucionalidad no se ve afectada por el hecho de que en las fracciones impugnadas se aluda a que los partidos políticos locales cuentan con “reconocimiento indígena”; es decir, ese aludido reconocimiento indígena no produce una excepcionalidad de la regla general establecida en la fracción IV del artículo 116 de la Constitución federal, para la conservación del registro de los partidos políticos locales.
¿Por qué es relevante esto? Porque el Tribunal Electoral de Oaxaca, por intervención directa del magistrado Víctor Manuel Jiménez Viloria, a quien el senador Jara Cruz ha prometido que repetirá en la magistratura electoral, intentó darle vida artificial al PES en Oaxaca a partir de la doble aplicación amañada de la fracción XIV del artículo 25 de la Constitución local, que es inconstitucional.
Doble, primero porque el Tribunal Electoral consideró al PES como un partido indígena cuando éste no tiene ninguna ascendencia de ese tipo ni en Oaxaca ni en el país; y segundo, porque intentó mantenerlo jurídicamente vivo a partir del criterio de que por ser partido indígena debía únicamente tener el 2% de votación válida emitida, y no el 3% como dice la Constitución federal y como ya se convalidó en la Corte que es el único criterio válido aplicable para todos los partidos políticos de registros estatales y/o nacionales en todo el territorio nacional.
Así, a los magistrados electorales oaxaqueños, Miguel Ángel Carballido Díaz, Raymundo Wilfrido López Vásquez y Víctor Manuel Jiménez Viloria, les debiera aplicar sin distingo las sanciones contempladas en el artículo 268 de la Ley de Amparo vigente, la cual establece que se impondrá pena de uno a tres años de prisión o multa de treinta a trescientos días y, en ambos casos, destitución e inhabilitación de uno a tres años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente aplique una norma declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante una declaratoria general de inconstitucionalidad.
Esto, por pretender que para beneficio de Morena, el PES conserve su registro como partido local a pesar de no tener la votación mínima requerida; y sobre todo porque los mismos magistrados decidieron salvar a los aliados del nuevo gobierno a costa de ponerse ellos mismos en la posición de ser encarcelados o multados, pero sobre todo, destituidos de sus cargos por violar flagrantemente la Constitución federal con sus sentencias amañadas.
Municiones
*** Hoy empieza la consulta para la construcción del NAIM y solo puede señalarse que es un ejercicio amañado, sesgado geográficamente y con una alta carga política a favor de Morena.
Lo bueno es que el futuro titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú avisó que su obligación es mantenerse imparcial y se sacó el “as” de la manga a favor de Santa Lucía. ¡Qué tal!
*** La presidenta del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, Susana Miranda Ruiz, llamó a no politizar ni prolongar injustificadamente el cierre de ventanillas para trámites de construcción en la Ciudad de México. Vía comunicado de prensa, la titular de ese órgano colegiado salió en defensa de su gremio al señalar: “La cancelación de trámites y permisos diferenciada paraliza la industria de la construcción, motor del desarrollo económico, pero también frena el trabajo de los arquitectos”.
Añadió además que, “la suspensión trastoca las actividades de múltiples empresas y golpea en forma directa a los trabajadores de la construcción, quienes en su mayoría dependen de lo que ganen al día para mantener a sus familias”.
A nombre de su gremio, Miranda Ruiz resaltó: “la mayoría de los arquitectos nos vemos afectados con la cancelación de operaciones en las alcaldías, porque nuestro quehacer está vinculado directamente con la edificación, remodelación, rehabilitación o acondicionamiento de inmuebles y espacios urbanos, públicos y privados”.
*** La bancada del PRD en el Congreso de la CDMX, se pronunció en contra de la propuesta de Morena de buscar reducir al 50% las prerrogativas a los partidos políticos, puesto que ello significaría consolidar a un partido de Estado, regresar al presidencialismo autoritario y desaparecer a la oposición. El vicecoordinador de la fracción, Víctor Hugo Lobo Román, calificó como una “regresión” de los avances democráticos de la ciudad y del país, la iniciativa planteada por la “aplanadora” morenista. “Hoy no podemos pensar en un partido único, en donde suceda como cuando José López Portillo buscó llegar a la Presidencia, sin oposición.
Hasta irónicamente decía que con el voto de su mamá ganaba, porque no había oposición”, argumentó Lobo Román.
