Recuento de votos
¬ Augusto Corro miércoles 26, Sep 2018Punto por punto
Augusto Corro
Puro cuento… | José Luis
En el pasado, los delitos electorales eran aceptados y hasta aplaudidos. Los árbitros de las elecciones se hacían de la vista gorda y, sin pena alguna, aceptaban y aprobaban las transas y mañas de los partidos políticos.
La lista de irregularidades en la lucha política va desde la escandalosa compra de votos, relleno de ánforas, falsificación de credenciales hasta los regalos en especie, como tinacos, camisetas, en la guerra sucia campañas de desprestigio, etc.
A lo anterior debe agregarse la violencia en sus diferentes presentaciones: agresiones físicas, acusaciones falsas y amenazas de atentados a la integridad física de los candidatos.
Los delitos electorales mayores o menores se arreglaban con multas económicas, cancelación de registro de los candidatos y otras nimiedades. Las organizaciones políticas no tenían ningún empacho en pagar las sanciones y todos felices.
Así se vivieron por décadas las elecciones en nuestro país. El fraude y la ilegalidad siempre estuvieron presentes en todos los niveles de la contienda electoral.
Ya corrieron ríos de tinta con el tema de la derrota de Cuauhtémoc Cárdenas frente a Carlos Salinas de Gortari. La sombra del fraude que empañó el triunfo del priista quedó para la historia.
Lo mismo ocurrió en el 2006, con el triunfo de Felipe Calderón Hinojosa sobre Andrés Manuel López Obrador con una diferencia mínima en el número de votos. Para el electorado se trató de un fraude mayúsculo.
Así se desarrollaba la cultura política en elecciones recientes. En la última justa electoral dos hechos mancharon el proceso: uno se registró en Puebla y otro en Coyoacán, una delegación en la Ciudad de México.
En Puebla, el partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) impugnó el triunfo de la candidata panista a gobernadora, Martha Erika Alonso, esposa del ex mandatario estatal poblano, Rafael Moreno Valle. Ya se inició el recuento de votos como paso importante para resolver el problema.
El aspirante de Morena, ex senador Miguel Barbosa, solicitó la anulación de las elecciones debido a irregularidades en el cómputo, la documentación y el llenado de actas, en un ambiente de violencia por parte de los blanquiazules.
En Coyoacán, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tenía su derrota anunciada con su candidato a alcalde, Manuel Negrete Arias. Quizás el ex futbolista no es tan culpable del conflicto que enfrenta, pues las autoridades electorales anularon las elecciones.
Fueron los perredistas azuzados por sus dirigentes quienes se encargaron de manchar la campaña electoral con agresiones físicas a los seguidores de María Rojo, candidata de Morena-PT-PES, en los mítines, así como hechos de violencia política de género contra la abanderada morenista. Además, los perredistas no acataron la prohibición de las autoridades electorales.
Además, los perredistas no acataron la orden de las autoridades electorales, que les prohibía el uso de recursos públicos a través de programas sociales con fines políticos.
Ojalá en estos nuevos tiempos que corren, las autoridades electorales actúen con el propósito de aplicar la justicia como debe ser, para empezar a desterrar esas ilegalidades electorales que, como el fraude y otras mañas, hasta eran aplaudidas.
UN CASTIGO EJEMPLAR
En Chiapas, las autoridades locales detuvieron a Juan Pablo “N”, presunto narcomenudista, como parte de una banda de contrabandista de drogas, responsable del asesinato del periodista, Mario Gómez, de 40 años, ocurrido el viernes pasado, en Yajalón, Chiapas.
El comunicador fue asesinado a balazos cuando salía de su casa. El grupo de narcodelincuentes es dirigido por Juan David Martínez Trujillo (a) El Machaca y Óscar Leyver Acosta González (a) El Zapatudo. Por estos hampones las autoridades ofrecen una recompensa de 300 mil pesos a quién o quiénes ayuden a su captura.
El detenido, según la policía, se encargó de vigilar los movimientos del reportero minutos antes de que lo mataran. En México vivimos una ola de violencia que alcanzó a los periodistas, principalmente en sitios alejados del centro del país.
Los comunicadores son ultimados por los narcodelincuentes o los caciques, que son afectados con las informaciones periodísticas que denuncian las redes de narcotraficantes o tocan temas de corrupción de las autoridades locales.
El caso del asesinato del periodista Mario Gómez se repitió decenas de veces en México. Los periodistas, ya lo dijimos infinidad de veces, no tienen posibilidades de defenderse ante la espiral de violencia que castiga a nuestra sociedad.
Le toca a las autoridades chiapanecas investigar a fondo al detenido Juan Pablo “N” que podría ser un elemento importante para detener y castigar a los autores materiales e intelectuales del crimen del reportero Mario Gómez.
