La reforma política de Calderón pasará a medias
Roberto Vizcaíno jueves 7, Ene 2010Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
Zamora explicó que los diputados y senadores de su partido, que ya analizaron y discuten las iniciativas de reforma enviadas por Calderón, no están dispuestos a pasarle todo al Presidente.
Cada año / Trizas
Los diputados y senadores del PRI ya hicieron su tarea y decidieron aprobar a medias la Reforma Política de Felipe Calderón.
Ni reelección de presidentes municipales –porque en este momento en que los alcaldes viven un fuerte asedio de los cárteles de la droga eso sería inoportuna-, ni de diputados y senadores por 12 años.
Mucho menos pasará su iniciativa para permitirle al Ejecutivo Federal promulgar Leyes, reformas o normas cuando el Congreso no se pusiera de acuerdo en alguna de ellas.
Estaría en los hechos anulando al Poder Ejecutivo, afirman los tricolores.
Como se recordará Calderón envió a mediados de diciembre, al Senado de la República al concluir los trabajos del primer período de sesiones de la 61 Legislatura, 10 iniciativas que inmediatamente fueron calificadas de tardías, parciales, tendenciosas y –no pocas de ellas-, improcedentes.
Los principales actores políticos de oposición en la Cámara de Senadores y en la de Diputados, especialmente los del PRI y PRD, consideraron que las propuestas buscan limitar y reconfigurar sólo al poder Legislativo, pero no así al Ejecutivo.
Desde entonces indicaron que a Calderón le hizo falta incluir: la iniciativa de reforma para la revocación del mandato, pues referéndum y consulta popular sin revocación no sirve de nada; sus propuestas tampoco incluyen, dijeron, una iniciativa para reformar el mecanismo de sustitución del Presidente de la República ante la posibilidad de la ausencia definitiva de éste; tampoco está una propuesta de reforma para crear la figura de Jefe de Gobierno; ni tampoco la iniciativa para que el Senado y la Cámara de Diputados ratifiquen al gabinete; faltó también una propuesta para darle autonomía al Fiscal de la Nación, para que la Procuraduría General de la República no dependa del Presidente en turno, y no se politicen los procesos judiciales.
En fin, que las 10 propuestas de Calderón para: ir a la reelección de alcaldes y jefes de delegaciones; la reelección de senadores y diputados; para reducir a 400 el número de diputados federales y a 96 el de senadores; para aumentar de 2 al 4 por ciento el número de votos necesarios para que todos los partidos conserven su registro; para crear la figura de Iniciativa Ciudadana a fin de que desde la sociedad se puedan promover procesos legislativos; para crear la figura de candidatos independientes, es decir, no afiliados a ningún partido político; para crear la segunda vuelta en la elección presidencial; para reconocerle facultades a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que presente iniciativas ante el Congreso; para que se apruebe la figura de “Iniciativas Preferentes” por parte del Presidente y para que el Ejecutivo federal pueda presentar observaciones, opiniones y objeciones a proyectos de Ley del Congreso, fueron tomadas desde entonces con muchas reservas, dudas, suspicacias y actitud critica por los grupos parlamentarios de la oposición.
La decisión en contra de los priístas estaba comprometida desde el principio, y así se lo hizo saber a Calderón el senador priísta quintanarroense Pedro Joaquín Coldwell, quien al presentar la posición de su fracción, ironizó:
“¡Por fin comprendió que el país necesita reformas políticas de gran calado!… Saludamos que después de tres años de gobierno, en los que el tema de Reforma Política estuvo ausente de la agenda pública del Poder Ejecutivo Federal, que nos hizo el vacío a la Mesa de la Reforma del Estado e, incluso, el tema estuvo ausente de los discursos presidenciales, ahora al iniciar la segunda mitad del gobierno, sea retomado y planteado ante el Congreso”.
Ayer esta decisión fue ratificada por el diputado Arturo Zamora, ex candidato al gobierno de Jalisco, quien advirtió que la aprobación de las iniciativas de Reforma Política del Presidente no dependen de trueques legislativos por decisiones de gobierno.
Esto es porque varios reporteros le preguntaron que si Calderón paraba las alzas a productos y tarifas de productos básicos los priístas podrían estar dispuestos a aprobar sus iniciativas. La respuesta de Zamora, quien ha operado en las semanas recientes como vocero de su fracción, fue que no.
El legislador les señaló que el Poder Legislativo tomará sus decisiones, que tienen que ver incluso con la relación de poderes, “porque necesitamos estar atentos a las situaciones que han sido fallidas en la política económica de este país.
“México no puede sustentarse solamente en simples aumentos en los energéticos con la finalidad de soportar el gasto público, no puede seguir pagando una extremada, creciente y costosísima burocracia que cuenta con beneficios muy fuertes, no puede tener, como ya se dijo, un pueblo extremadamente pobre y un gobierno rico.
“En ello, todos debemos poner la parte que nos toca.
“Nosotros consideramos que hay una parte de la reforma política que sí tendría viabilidad, pero otra definitivamente no, sobre todo aquella que se refiere a darle al Ejecutivo la capacidad de modificar leyes.
“Esta es una trampa jurídica lanzada desde la Presidencia de la República, que no compartimos. Si se diera el caso de que el Legislativo no aprobara un Presupuesto de Ingresos o de Egresos, etcétera, entonces el Presidente tendría la posibilidad de sustituir la función del Poder Legislativo.
“Esta es una agresión que, como diputados, no vamos a permitir.
“Ellos están pensando que si esto se aprueba, formaría parte de una figura jurídica que se conoce como “afirmativa ficta”, y que procede cuando una autoridad no da una respuesta a una petición, reclamo o propuesta, y entonces estas se dan por sentadas o consentidas.
“De tal manera que este tipo de cosas no las compartimos.
“Hay algunas otras que tienen que ver con la reforma política que seguramente tendremos que analizar y definitivamente, por la situación de inseguridad, por la situación de exposición tan fuerte que tienen en este momento los presidentes municipales frente a los grupos del crimen organizado, consideramos que no es el mejor momento para plantear el tema de la reelección municipal.
“Igual se tiene que revalorar el tema de la reelección legislativa.
“Son diferentes los temas. Uno el de la propuesta para darle capacidad de iniciativa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay opiniones compartidas por parte de los diputados tricolores.
“Mi opinión personal es que sí debe tener capacidad la Suprema Corte, de iniciativa, porque finalmente los jueces, magistrados y ministros, son los auténticos intérpretes de la norma, de tal suerte que son ellos quienes también pudieran ofrecerle iniciativas al Legislativo y nosotros podríamos en un momento dado adecuar las leyes y actualizarlas.
“Hay que ver cuáles, de todas, son las que realmente necesita el país para avanzar y cuáles no”, consideró.
¿Pero entonces esa parte no la aprobaría el PRI?, se le insistió.
“No… hay unas que no vamos a aprobar, definitivamente. Y no depende de trueques legislativos por decisiones gubernamentales”, agregó.
Zamora explicó que los diputados y senadores de su partido, que ya analizaron y discuten las iniciativas de reforma enviadas por Calderón, no están dispuestos a pasarle todo al Presidente.
Sobre todo cuando, dijo, reiteradamente se ve que toma decisiones indebidas, que dispone de recursos para fines distintos a los aprobados y que luego todo eso tiene que revisarse en la Cuenta Pública.
“No estaban, por ejemplo, autorizados los recursos que se aplicaron para liquidar a los trabajadores del SME. Ese es el tipo de cosas que nosotros, como Poder Legislativo, le exigiremos cuentas al secretario de Hacienda, la apertura de la información, porque en este caso son decisiones que se tomaron seguramente en un momento dado para indemnizar trabajadores del SME, en otro para financiar o soportar gasto público de algunas entidades de la República.
“Pero si estas cosas se hicieron fuera del marco de la norma, ahí hay una situación que también tiene consecuencias jurídicas que tendremos que revisar”, precisó.
En fin, dos bancadas legislativas, las del PRI en el Senado y la de Diputados que no están dispuestas a darle ninguna concesión más a un Presidente que consideran que no cumple su palabra, que actúa abusivamente, que intenta engañar al Congreso con iniciativas que son antidemocráticas como la disfrazada de “afirmativa ficta” y otras que son riesgosas, improcedentes o inoportunas como la de la reelección de alcaldes y legisladores.
Ni 20 días tardaron los tricolores en tomar posiciones al respecto.
