Prevalecerá el interés público. Se acabó la ley de la selva

Francisco Rodríguez martes 14, Ago 2018

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Francisco Rodríguez

 

 

Acaban de sonar las trompetas de Jericó, y no tardan en derrumbarse las cadenas de la ignominia. Sólo no las oye quien no quiera, pues va en serio la lucha contra la corrupción, el desfalco y la rapiña. El considerar a estos delitos como graves, al igual que los electorales, tipifica la necesidad de apegarse estrictamente al interés público en todas las modalidades.

Se ponen en un lugar preeminente del tapete de la discusión el remate de la soberanía nacional y su geografía petrolera y de recursos naturales y bióticos. Los atentados contra los derechos sindicales, los intentos privatizadores de la educación y la salud pública, los tejemanejes con las obras públicas y con el presupuesto nacional.

Si la Constitución actual dice que el Presidente sólo puede ser enjuiciado por delitos de traición a la Patria, este requerimiento se enriquece con la posibilidad penal de ser encauzado por robo, conflictos de interés, prevaricato y otras linduras.

Si la actual legislación sobre responsabilidades de funcionarios los exonera después de cinco años de haberse ido de rositas cometiendo todos los estropicios, eso se acabó. No puede pagarse poniendo en la picota y en chirona tres o cuatro cabecitas descarriadas que se hincharon con los asuntos de Odebrecht, OHL, socavones y otras vergüenzas.

No. Eso ya no podrá ser. Demasiado circo para tan pocos payasos. La exigencia de la legitimidad absoluta no se sacia con tres cabezas de turco al sacrificio en nombre de todos los demás. Debe imponerse la consideración que siempre debió ser primera: el respeto al interés colectivo. El apego al mandato.

Merecen sanciones severas. No se pueden pasar por alto los actos execrables, asesinatos de lesa humanidad, remates del territorio, complicidades con delincuencia organizada ‎y narcotráfico y todo lo que usted ya sabe. Sería como tirar al caño la obligación adquirida con 70 millones de mexicanos a boca de urna.

La gravedad de los delitos de despojo al país requiere un tratamiento que está en la Constitución desde hace cien años. Es solamente la prevalencia del interés público. Así, como suena. Aunque legisladores de pacotilla, sentados en las curules a modo lo hayan ignorado. Aunque hayan fallado todas las renovaciones morales de la sociedad en las manos de Paco’s Rejas, Barrio o Gómez.

Esto ya debe ir en serio. La nación mexicana lo gritó en todas las plazas, en todos los templetes. Alguien tenía que oírla. No fueron palabras que se llevó el viento, menos si habían sido dichas con el desparpajo y la risa oculta de los actores. Son violaciones arteras a la ley, no sólo a su espíritu, tantas veces despreciado.

Aunque un rancio retroceso y desvelado patriotismo hipócrita haya disfrazado durante noventa años los intereses bastardos de una minoría chusca y depredadora. Aunque hayan querido extirpar los valores consagrados de libertad, equidad y universalidad para vaciar la democracia de contenido y postergar a la ciudadanía, les llegó la hora.

La crisis que ha padecido México las últimas nueve décadas en los terrenos económico, político, social y cultural, no ha tocado fondo. Agudas contradicciones y desequilibrios profundos la acusan. No pueden resolverse las paradojas con los mismos instrumentos políticos ni con los retintines y zarandajas de siempre.

Como nadie sacudió el enjambre, las diferencias, el hambre y la miseria se incrementaron. Una élite parasitaria se montó sobre todos los demás. Ciento treinta millones de mexicanos observan maniatados el confort del uno por ciento de la población en la cúspide de los favoritos del poder. Ausente, la justicia social, la bandera original del fallido priato.

En todas las constituciones occidentales se protege a las clases mayoritarias. México no debe ser la pavorosa excepción. En todas se considera que el interés público es el supuesto máximo de las leyes. Menos aquí. Nosotros lo decimos en todos los discursos, y lo metemos bajo alfombra cuando se trata de aplicarlo.

Hasta cuando los asuntos fundamentales han sido heridos por el colonizador, nos resistimos a aplicarlo, aunque forma parte de lo mejor de nuestras tradiciones jurídicas.  Ensalzamos a la Constitución como la primera social del mundo, y en casa  recibe el trato de una criada incómoda.

En todas las constituciones del mundo se considera que la posibilidad de aplicar las leyes y los principios generales del derecho en forma retroactiva para resarcir el dañado interés público es absolutamente normal. Es una cuestión de simple lógica. Sin ella no se puede levantar ni reconstruir una nación.

Los fardos del pasado serían demasiado pesados. El pueblo entero no merece heredar los desatinos ni los errores de los mandarines que pasan. No es justo ni posible. Nadie puede pagar las rapiñas de los antecesores. Nadie tiene derecho a cubrirle las espaldas a un bandido.‎ Sería, como es, la Ley de la Selva.

Los delitos que se han cometido en México por las pandillas de perfumados en el poder son incalificables e incuantificables. Pero por algo debe empezarse. No es lo mismo enfrentarse a un delincuente serial que a un empoderado que ha cometido delitos de lesa humanidad, aquéllos que rebasan nuestro ámbito de jurisdicción.

Aplíquese la ley, no importa quién la aplique, siempre y cuando los beneficios de impartirla recaigan sobre la mayoría, honren la noción del interés general sobre todos los demás. Que se respeten todas sus modalidades. Para eso vivimos en una República. Para eso se organizó la sociedad.

Respétense los derechos de los trabajadores de la industria, el campo y los servicios. Tutélense los derechos sindicales, protéjase al consumidor, súplase la queja del desvalido, del indígena y del migrante. Es la única forma de respetar el interés público que emana de la soberanía constitucional.

Castíguese al ladrón, al especulador, al negrero, al hambreador, al acaparador, es la única forma de no volver a repetir los errores del pasado. Si ésta vez los dejamos pasar, quizá no vuelva a repetirse la oportunidad de hacer que prevalezca la justicia. Todo el pueblo está atrás de estas mínimas peticiones. El interés público está por encima de todo chantaje, arriba de toda consideración personal. Encima de todas nuestras cabezas. Es el mandato constitucional.

México entero lo pide. Es lo menos que puede recibir.

Índice Flamígero: Sobre la columna titulada Elba Esther Gordillo, libre. Fue una presa de conciencia escribe Pencho Cr: “Creo que deben de enjuiciar al que no sabe “ler”, (Nuño), fue uno de los artífices del encarcelamiento de la maestra Gordillo. Debe de ir a la cárcel.” Y Blanca Avalos: “¿La verdad?… ya no sé ni a cuánt@s tendrían que enjuiciar por tanta barbarie, corrupción e impunidad… es toda una cadena interminable que yo le llamaría mafia… y desde ahorita ya vayan pensando su final… tan tan” + + + Y sobre Ahora sí, ya está por acabar el gobierno de los mediocres… y corruptos don Paco Mérida: “Excelente artículo, muy puntual e interesante…”. Jose Luis Sanchez: “Ahora sólo falta que a todos esos mediocres prepotentes, corruptos y traidores se les quite lo que robaron y se les refunda en la cárcel, mi Paco, y si ya estamos en pedir que los chayoteros los acompañen… saludos.” También don Guillermo Bernal Franco: “Con el fin de seguir gozando de enormes sueldos los magistrados integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentan que disfrutan de sus altos sueldos porque el Congreso así lo resolvió en su momento, considero que es una explicación poco sólida, ya que tanto el Congreso como el Presidente de la República en esos momentos sabían que comprando a los ministros de la Suprema Corte siempre la justicia estaría a favor de sus intereses. Considero que así como el Congreso votó porque gozaran de enormes sueldos como dicen en su momento, ahora con la nueva Legislatura y ante la necesidad de enormes recursos que requiere la nueva administración para sacar al país adelante tendrán que acatar lo que disponga la Legislatura entrante, en base a lo que establece la Constitución General de la República en su artículo 127 que establece en su fracción II. ‘Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente’. Ahora bien, como todos sabemos se va a configurar un nuevo presupuesto en dónde quedarán contemplados los nuevos sueldos de funcionarios que venían cobrando sueldos elevados e insultantes para todos los mexicanos. Los argumentos de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir gozando de sueldos de privilegio no surtirán efecto, ya que no podrán estar encima de lo que determine el Congreso. Así, como los tres poderes son independientes uno del otro, deberá acatar el Poder Judicial, lo que apruebe el Congreso en materia de sueldos para sus magistrados. Con el nuevo gobierno que en breve tomará la riendas la nación y con un Congreso consciente de los grandes problemas nacionales, se dará respuesta a los millones de mexicanos que pidieron la transformación de México en las urnas en base a la justicia y la equidad, anteponiendo el principio jurídico, conforme el derecho de darle a cada quien lo que le corresponde”.

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