Proponen ley para desarrollo metropolitano
Luis Muñoz lunes 13, Ago 2018Segunda vuelta
Luis Muñoz
Mientras la población no goce de la elemental seguridad que se requiere para el desarrollo de su vida cotidiana, se ve complicado que puedan lograrse los ambiciosos objetivos que se pretende con la Ley de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, propuesta por la diputada federal Cecilia Soto González.
Soto González, presidenta de la Comisión de la Ciudad de México, propuso la creación de esta ley, “a fin de impulsar su crecimiento incluyente, funcional y eficiente, así como permitir una convivencia ordenada y armónica que mejore las condiciones de habitabilidad, movilidad, sustentabilidad y calidad de vida”.
La iniciativa, turnada a la Comisión correspondiente, plantea establecer mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones metropolitanas para la prestación de servicios públicos entre la Federación, la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales, al igual que los estados y municipios conurbados.
De acuerdo con la iniciativa, el ordenamiento reglamentaría el artículo 122, apartado C, de la Constitución, a través de 48 artículos y 12 capítulos que englobarían aspectos generales, naturaleza jurídica, estructura gubernativa, mecanismos de planeación del desarrollo y las acciones regionales para la prestación de servicios públicos.
Con el documento, explicó Soto González, el alcance territorial es la escala metropolitana actual para el Valle de México, la cual abarca 88 municipios del Estado de México e Hidalgo y 16 demarcaciones de la Ciudad de México.
El proyecto busca regular la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, así como definir mecanismos e instrumentos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales.
Además estipula medidas de coordinación para proteger, preservar y recuperar la biodiversidad, los ecosistemas y el patrimonio genético, atendiendo a criterios de sustentabilidad y reversión de daño ambiental; minimizar la huella ecológica en términos de emisión de gases de efecto invernadero; garantizar la recarga de acuíferos, incrementar áreas verdes, recuperar suelos y resiliencia ante fenómenos naturales, así como impedir la contaminación de aire, agua, suelo, acústica, visual, lumínica y de cualquier tipo. Impulsa una política habitacional con base en la ordenación territorial que asegure el derecho a la vivienda adecuada y favoreciendo la integración social; promueva, además, la conectividad con acceso universal, equitativo, asequible, progresivo y gratuito en el espacio público y garantice la movilidad en condiciones de máxima calidad, y la seguridad de las personas con medidas de prevención, mitigación y gestión integral de riesgo.
Plantea que en toda política y acciones se respeten los derechos humanos en general y específicos sobre los pueblos y comunidades indígenas; igualmente, que serán de observancia obligatoria los principios de derechos humanos, de transversalidad de la política pública, interculturalidad, sociales, económicos, ambientales y del ejercicio de la función pública.
Estipula las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, el cual deberá acordar acciones en materia de asentamientos humanos; protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte y tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, así como la seguridad pública.
Refiere que el Consejo incorporaría representaciones municipales y de demarcaciones territoriales, mediante coordinaciones para su toma de decisiones, y se ampliaría con las autoridades federales y estatales cuando se trate de recursos del Fondo Metropolitano.
Indica que este modelo de gobernabilidad metropolitana permite una mejor viabilidad metropolitana del Valle de México, la coordinación de políticas públicas y recursos financieros; la planeación del desarrollo metropolitano y su ordenación territorial, y la instauración de mecanismos de gobernanza metropolitana.
Se debe mejorar la Alerta Amber
La diputada panista, Ximena Tamariz García, plantea un exhorto para que autoridades estatales y municipales de todo el país revisen y mejoren la coordinación y cooperación en la aplicación del Alerta Amber México, para activarla de manera inmediata y sin dilación ante la denuncia por desaparición de niñas, niños y adolescentes. En un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, la legisladora destacó la importancia de hacer más eficiente ese sistema de notificación de menores de edad ausentes por la multiplicación de casos en diversos estados del país, con resultados perniciosos para las familias.
Propuso que las autoridades de los tres órdenes de gobierno vinculen dicho protocolo a todos los números de emergencia como el 911, a través del cual se denuncie la desaparición y se vincule directamente con el mecanismo para activar el Alerta Amber, ya que las horas siguientes a la ausencia de las niñas, niños y adolescentes son vitales para reducir los riesgos que puedan sufrir y emprender la búsqueda.
