Ordena juez a la PGR reabrir el caso Tlatlaya
Seguridad lunes 13, Ago 2018- Deberá realizar una indagatoria exhaustiva
Un juez federal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reabrir el caso Tlataya y realizar una indagatoria exhaustiva, que incluya la orden de abatir criminales en horas de oscuridad.
En un comunicado de prensa, el Centro Prodh, que acompaña jurídicamente a la sobreviviente Clara Gómez González, informó que el fallo del juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Erik Zabalgoitia Novales, se dio el 25 de mayo.
A cuatro años de que militares ejecutaran al menos a 12 personas en Tlatlaya, Estado de México, el juez determina que la PGR no ha realizado una investigación adecuada y efectiva, por lo que ordenó una serie de diligencias para esclarecer el caso y fincar responsabilidades.
El 30 de junio de 2014, elementos del Ejército abatieron a 22 personas en una bodega de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya.
Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que había sido durante un enfrentamiento con criminales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que ente 12 y 15 de esas personas habían sido ejecutadas arbitrariamente.
“Debido a la fallida investigación de la PGR, a la fecha no hay ninguna persona rindiendo cuentas ante la justicia al no haber ofrecido las pruebas suficientes para señalar individualmente a los responsables”, reprochó el Centro Prodh.
“Esta falta de debida diligencia es una de las múltiples formas que toma el inaceptable encubrimiento de graves violaciones a los derechos humanos en México”.
Versión inicial de la Sedena
Según la versión inicial ofrecida por la Sedena sobre lo ocurrido el 30 de junio de 2014 en una bodega de Tlatlaya, 22 presuntos delincuentes murieron en enfrentamiento armado con militares.
Dicha versión fue desmentida por uno de los tres supervivientes, quien aseguró que un civil había muerto en el choque y los demás habían sido asesinados tras un interrogatorio, lo que desencadenó la detención de 7 militares.
Sin embargo, un juez ordenó en octubre de 2015 liberar a cuatro de los militares implicados en la matanza tras considerar que la Fiscalía no había sido clara a la hora de explicar los hechos por los que estaban acusados.
Y en mayo de 2016, un juez federal desestimó los elementos de prueba aportados por la Fiscalía General y ordenó la liberación de los otros tres militares implicados.
En respuesta al recurso de la sobreviviente, Zabalgoitia ordena ahora a la Fiscalía realizar una serie de diligencias para esclarecer de inmediato el caso y establecer responsabilidades, “incluyendo la cadena de mando involucrada en la ilegal orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.