Coparmex llama a EPN a iniciar pacificación del país
Nacional miércoles 8, Ago 2018- Escalada de homicidios dolosos y extorsiones
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró urgente que en los cuatro meses restante de la actual administración, encabezada por el presidente Peña Nieto, se deben tomar las medidas pertinentes para disminuir los índices de homicidios dolosos, de extorsiones, de secuestros, y de la comisión de muchos delitos del orden común.
“El gobierno en turno debe asumirse aún como el principal responsable de emprender a la brevedad, las acciones necesarias para pacificar al país”, dijo el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos Walther.
El organismo patronal insistió en que es urgente la actuación de las autoridades correspondientes para combatir la violencia, un fenómeno que afecta a la inversión nacional y la extranjera, además de la actividad turística del país.
Apuntó que la reciente publicación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre los homicidios ocurridos en 2017, año en el que se contabilizaron 31 mil 174 casos, exige atención a la situación.
“Por muchos años ya, las cifras de violencia, específicamente de homicidios dolosos, se han venido incrementando”, expuso el organismo empresarial a cargo de Gustavo de Hoyos,
Ante ello, propuso fortalecer las instituciones de prevención y procuración de justicia y elaboración de una estrategia integral de prevención del crimen, la cual debe incluir las áreas de desarrollo social y económico.
También, sugirió un combate a la inseguridad de manera frontal, más y mejor capacitación para las policías en estados y municipios, así como una depuración y la profesionalización de las policías federales.
La Coparmex refirió que es también necesario invertir para dignificar la labor del policía con mejores sueldos, seguridad social y, sobre todo, dotarlos de las herramientas necesarias para hacer frente a quienes atentan contra la seguridad de los mexicanos.
Además, consideró pertinente rediseñar la arquitectura institucional relacionada a la seguridad pública, en coordinación con estados y municipios, y avanzar en la consolidación de una fiscalía autónoma para combatir la impunidad.