Asesinatos de políticos
¬ Augusto Corro lunes 25, Jun 2018Punto por punto
Augusto Corro
En un ambiente político enrarecido por la violencia, México se encuentra a unos cuantos días de cerrar las campañas electorales. El 1 de julio millones de mexicanos votaremos por nuevos funcionarios para cargos de representación popular.
Sólo que el escenario político se encuentra enrarecido por las decenas de crímenes ocurridos desde el inició de la temporada electoral.
En casi todo el territorio nacional se registraron asesinatos contra los políticos y los aspirantes o candidatos de los diferentes partidos.
Es tal el número de atentados que las autoridades, de por sí ineptas, difícilmente cumplirán con su obligación de brindar seguridad a un sociedad harta de la espiral de violencia.
La delincuencia organizada y los caciques políticos segaron las vidas de los candidatos y alardearon del poder de sus armas y de la impunidad. En vísperas del 1 de julio, el día de la elección también se agudizará la guerra sucia entre los partidos políticos.
En el transcurso de las diferentes campañas políticas conocimos todo tipo de acusaciones contra aspirantes a alcaldes hasta candidatos presidenciales; algunas graves y reales y otras basadas en la mentira y la calumnia.
Lo interesante de la cuestión será saber qué fin tendrán esas denuncias que en algunos casos sí requieren la participación de las autoridades judiciales, principalmente en asuntos relacionados con la corrupción.
¿Se olvidarán esas cadenas de incriminaciones? ¿Después del día “D” se aplicará el tradicional “borrón y cuenta nueva? Ya veremos.
ACTITUD PASIVA DE AUTORIDADES
La espiral de violencia política se incrementó en un paisaje acciones criminales que surgieron desde el sexenio panista de Felipe Calderón y su guerra fallida contra la delincuencia organizada.
En 12 años, más de 200 mil de mexicanos inocentes o culpables fueron abatidos por los criminales, que encontraron en los secuestros y asesinatos su manera criminal de ganarse la vida a cambio de cegar la de otros.
Esa herencia cruenta de Calderón creció en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, quien no encontró la manera de quitarle a México esa carga de violencia, que se ve en países en guerra. Protegidos por la impunidad, los delincuentes decidieron intervenir en la política, con la fuerza de las armas, para eliminar o aprobar a los aspirantes o candidatos presentados por los partidos.
“La ley de plata o plomo”, como en los tiempos de barbarie y salvajismo de la historia, resurgió con las peores atrocidades.
La semana pasada, en una reunión en Acapulco, procuradores y fiscales del país rechazaron la violencia durante el proceso electoral que se vive actualmente.
Además, se comprometieron a reforzar las investigaciones relacionadas con agresiones a candidatos a un cargo público. ¿Se trató de una burla de los representantes de la justicia?
Tuvieron que pasar varios meses de asesinatos para que los procuradores y fiscales declararan, con tibieza, su compromiso de luchar contra los criminales que, debido a la impunidad que reina en México, nunca serán castigados por sus delitos.
La propia presidenta del Tribunal Electoral, Janine Otálora, advirtió que “manos criminales están actuando de forma premeditada y deleznable para decir por la vía de la violencia, quiénes deben estar o no estar en la boleta electoral”.
La representante de la máxima autoridad electoral descubrió el hilo negro, como se dice, al señalar sus puntos de vista sobre las agresiones de la delincuencia que “le quita la vida al candidato que cree que no le va a servir”.
¿Qué se ganó con esa declaración de la funcionaria Janine Otálora? Nada. ¿Acaso con su discurso se intensificará la lucha contra los homicidas? No. Ni siquiera moverán un dedo los encargados de proteger a la sociedad. Las palabras no detienen las balas de los criminales.
Por su parte, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo que las elecciones no están en riesgo de descarrilarse por la violencia registrada en el país. Sin duda, se trató de palabras huecas de un funcionario que no acepta que la contienda electoral esta manchada por la ola de asesinatos.
Los grupos criminales no esperaron el día 1 de julio para votar por el candidato de sus preferencias, pues con muchos meses de anticipación empezaron a decidir que candidatos deben estar en las boletas electorales. Ni hablar.