Una ley que no regula ni es eficiente
Luis Muñoz jueves 14, Jun 2018Segunda vuelta
Luis Muñoz
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sendas demandas de acción de inconstitucionalidad contra el Decreto por el que se expidió la Ley General de Comunicación Social (LGCS) y el diverso por el que se adicionó el artículo 10 Bis a la Ley General de Salud, publicados el 11 de mayo de 2018.
Respecto al primer caso, el organismo nacional consideró que la LG CS presenta diversas deficiencias al no establecer reglas claras para la contratación de publicidad oficial, lo cual representa riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión en su dimensión colectiva, así como para el derecho de acceso a la información plural, pues la ausencia de tales reglas genera efectos “silenciadores y disuasivos” en algunos medios de comunicación.
Consideró que la LGCS no regula con suficiencia la materia de publicidad oficial y, por tanto, no se garantiza que el gasto en ese renglón cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, en un marco de igualdad y no discriminación, como lo prevé el texto constitucional.
Además delega indebidamente en autoridades administrativas el establecimiento de criterios de selección del medio de comunicación en normas infra-legales, permitiendo distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial.
En cuanto al segundo asunto, la CNDH, garante de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, argumentó que la adición del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, en los términos en que fue publicada, “abre la posibilidad a que se afecten derechos fundamentales como la salud, integridad personal, seguridad jurídica, a la vida, libertades sexuales y reproductivas; derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de los hijos, y derecho al libre desarrollo de la personalidad”.
De acuerdo con el organismo, el legislador federal ordinario no tiene la posibilidad de establecer restricciones a derechos constitucionales de forma que afecte el contenido esencial de un derecho fundamental como la protección de la salud.
Ha dicho el organismo que con estas impugnaciones busca que la asignación de publicidad oficial esté regulada de forma clara, puntual y objetiva, evitando la distribución arbitraria de la misma como mecanismo de censura indirecta del derecho a la libertad de expresión.
Por otra parte, la CNDH aclaró que no se opone en forma alguna a una regulación del ejercicio de la objeción de conciencia; sin embargo, dicha regulación debe de ser dentro del estricto respeto al marco constitucional y convencional existente, de manera que garantice plenamente el respeto y la protección de los derechos fundamentales.
Explicó que por ello presentó ante el Máximo Intérprete Constitucional sendas demandas de acción de inconstitucionalidad, para que sea éste el que en última instancia decida sobre la constitucionalidad de las normas.
El contenido de dichas acciones es producto de un proceso de diálogo y debate con organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos en la materia y representantes de organismos vinculados con la protección y defensa de los derechos humanos a nivel nacional, en el cual se escucharon y recogieron planteamientos y opiniones que, finalmente, se integraron en el cuerpo de los documentos que se presentaron ante la SCJN.
ULTIMÁTUM AL GOBIERNO
Debido a que las unidades habitacionales La Mora Grande, San Marcos, Xopa y Amacuzac 838, en Iztapalapa, incrementaron sus daños estructurales, la diputada Rebeca Peralta urgió a llevar a cabo las acciones necesarias que permitan generar la seguridad estructural de los edificios, así como el patrimonial y la integridad física de las y los habitantes de las viviendas.
Explicó que son conjuntos habitacionales que ya mostraban cuarteaduras en su estructura.
Ayer, la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa aprobó un punto de acuerdo en el cual se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que en un plazo no mayor a ocho días lleve a cabo la revisión y las acciones necesarias.
Los legisladores avalaron la propuesta presentada por la diputada Peralta León, en el cual también se solicita directamente a los secretarios de Gobierno, Guillermo Orozco Loreto, y de Protección Civil, Fausto Lugo García, así como al director general del Sistema de Aguas de la CDMX, Ramón Aguirre Díaz, revisar el suministro de agua potable y drenaje de esas unidades habitacionales que tuvieron afectaciones por los sismos de septiembre de 2017.
Peralta León dijo que “el poderío de los fenómenos naturales han demostrado la exposición de peligro a la que los seres humanos estamos expuestos de forma latente, hecho que puede constatarse de manera reciente al recordar la explosión del Volcán de Fuego, en Guatemala.
SACRIFICAN PATRIMONIO CULTURAL
Por cierto, con el objetivo de proteger el patrimonio cultural de la zona, el diputado de Morena, José Alfonso Suárez del Real solicitó salvaguardar tres inmuebles que se pretenden destruir en la delegación Cuauhtémoc.
