Severa adicción en cárceles del país
Luis Muñoz lunes 11, Jun 2018Segunda vuelta
Luis Muñoz
La falta de control en los centros penitenciarios del país ha ocasionado que la adicción a estupefacientes sea de alarmante incidencia y por ello preocupe a las autoridades hoy más que nunca.
Esta es la razón por la cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dijo que se debe buscar de inmediato una solución a partir del siguiente diagnóstico. Cualquier dependencia a alguna droga que presenten los internos en las cárceles debe atenderse no sólo por abogados, sino por especialistas en ciencias de la conducta o del comportamiento con una perspectiva de derechos humanos.
La Tercera Visitadora General de la CNDH, Ruth Villanueva Castilleja, durante la presentación del libro “Un modelo de atención y tratamiento para las personas con farmacodependencia en prisión: Bases para mejorar el manejo y la prevención de adicciones”, resaltó que las personas privadas de la libertad con esta problemática deben ser atendidas con un modelo de prevención o de tratamiento en su caso, con actividades culturales, como teatro, pintura, música y deportivas, como ya ocurre, por ejemplo, en el Centro Estatal de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya, en el estado de Morelos.
Refirió que personas adictas en prisión han señalado que ante la dependencia a las drogas, el arte o el deporte han sido la opción, en virtud del bienestar que esto les representa, por lo que la CNDH difunde herramientas para su tratamiento, así como los criterios de Naciones Unidas y la normatividad, tanto nacional como internacional.
Ruth Villanueva indicó que en el sistema penitenciario nacional se observan deficiencias y, por ende, la necesidad de trabajar para su atención y hacer posible las transformaciones requeridas para lograr la reinserción social con base en el respeto de los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de la libertad.
ABRUMAN LLAMADAS FALSAS AL 911
Una investigación de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, revela que a pesar de las acciones de los tres niveles de gobierno para fomentar una cultura de respeto a los servicios de emergencias, “el porcentaje de llamadas falsas o de broma” al 911 es preocupante.
En el estudio titulado “Llamadas falsas a los números telefónicos de emergencia”, detalla que tan sólo de enero a diciembre de 2017 se recibieron un total de 112 millones 460 mil 767 llamada, de las cuales 98 millones 523 mil 093 se consideraron improcedentes, equivalentes al 87.6% del total, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Lo anterior, quiere decir que siete de cada ocho realizadas al 911 el año pasado, fueron de broma, falsas o de situaciones que no correspondían a una emergencia. Revela también que el año pasado las entidades federativas con mayor número de llamadas improcedentes fueron Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Veracruz, Guanajuato y Baja California; mientras que los estados que registraron un mayor porcentaje de llamadas reales de emergencia fueron Nuevo León, Querétaro, Colima, Aguascalientes, Baja California y Chihuahua. A nivel nacional, el IBD apunta que, de las llamadas procedentes durante 2017, nueve millones 760,990 fueron por temas de seguridad pública (70.03%); dos millones 030,217 fueron por cuestiones médicas (14.56%); un millón 292 mil 623 fueron por servicios públicos (9.27%); y 853 mil 844 por servicios de protección civil (6.12%).
