Estado de Derecho, un desafío en AL
Luis Muñoz lunes 21, May 2018Segunda vuelta
Luis Muñoz
El estado de Derecho sigue siendo un desafío para los gobernantes y políticos de América Latina, que tienen la obligación de garantizar y poner en práctica para lograr un desarrollo pleno en un ambiente próspero en cada una de sus sociedades.
Especialistas y estudiantes universitarios de México y el extranjero coincidieron en lo anterior durante su participación en el congreso “El Estado de Derecho en Latinoamérica: perspectiva joven interdisciplinaria”, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
Allí, los participantes destacaron la evolución de los derechos humanos y cómo la democracia juega un papel fundamental para su fortalecimiento.
El conferencista David Shirk, de la Universidad de San Diego, resaltó que el estado de Derecho es una parte integral, un ingrediente clave, para las aspiraciones más profundas de la humanidad, que debe considerarse como el “rompecabezas central” para todos los que se esfuerzan por lograr la justicia, la democracia y la paz en estos tiempos.
A su vez, Alejandro Encinas Nájera, director general de Investigación Estratégica del IBD, dijo que si algo hace falta en la región, es una cultura de la legalidad, donde ningún gobernante, poder fáctico y ninguna mayoría, estén por encima de los derechos humanos y del imperio de la ley.
Juan Pablo Arroyo Ortiz, coordinador ejecutivo de Investigación del IBD, señaló que este conversatorio, sin lugar a dudas, es una oportunidad para una reflexión entre jóvenes de varios países y de posgrado que están estudiando derecho y que tienen como principal preocupación la defensa de los derechos humanos.
El Estado de Derecho en AL, observó, es hoy un tema fundamental, pues se define de manera sintética como el respeto a la ley y a la legalidad.
“PRENSA AMARILLISTA”
Ante el impacto de la “prensa amarillista”, que pone de relieve situaciones que afectan a niñas, niños y adolescentes, la diputada perredista María Cristina García Bravo, propuso que la Secretaría de Gobernación vigile las publicaciones con imágenes que violenten el interés superior de la infancia.
En su calidad de secretaria de la Comisión de Cultura y Cinematografía, García Bravo (PRD) dijo que se debe estar alerta ante la exposición de imágenes y textos violentos y ofensivos, para que se mantengan en los límites del respeto.
Mediante un punto de acuerdo, presentado en la Comisión Permanente, señala que actualmente en el país los periódicos exhiben fotografías explícitas y sin censura, de accidentes, asesinatos, mutilaciones, entre otros, “dejando a un lado la ética, el profesionalismo e incluso un valor fundamental como el respeto a las víctimas y sus familiares”.
Afirmó la legisladora que el impacto de este tipo de prensa ha puesto de relieve situaciones que afectan a menores, quienes al observar estas publicaciones pierden la sensibilidad y crecen con una idea de violencia normalizada.
En este contexto, se remitió al artículo 4 de la Constitución Política, el cual establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se deberá velar y cumplir el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, en su apartado, Comercio al por menor de Revistas y Periódicos, del INEGI, a nivel nacional existe un total de 8 mil 304 establecimientos donde se venden estos diarios de circulación nacional.
Mencionó que diversos estudios del desarrollo psíquico y sus particularidades en la infancia han establecido que esta etapa es esencialmente sensible al desarrollo del pensamiento por imágenes.
“Es precisamente por esto que la infancia es la más sensitiva de la enseñanza, por lo que tomar en cuenta todos estos aspectos obliga a prestarle especial atención al desarrollo del pensamiento por imágenes”.
NIÑOS DEBEN SER ESCUCHADOS
Sobre el tema de los niños y adolescentes, un estudio elaborado por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez consideró la expedición de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como un gran avance para nuestro país, aunque reconoció que todavía hace falta crear mecanismos legales y políticas públicas que promuevan la participación de este sector en la construcción de soluciones para el mejoramiento de su entorno.
De acuerdo con el estudio, titulado “La importancia de legislar en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes en México”, la sociedad debe comenzar a concebir a la niñez y a la infancia como actores sujetos de derechos, participativos, creativos y capaces de modificar y de influir en su entorno.
De los 40 millones de menores de edad (de cero a 17 años) que habitan en México, 21.4 millones viven en pobreza, lo que significa que uno de cada dos niños y adolescentes en el país tiene carencias y rezagos sociales importantes, además de que 4.6 millones de ellos viven en pobreza extrema.
