Segob a presidenciables: a evitar encono y violencia
Nacional lunes 14, May 2018- Se trastoca las instituciones, reconoce
- Llamado de Navarrete Prida a mantener diálogo respetuoso
José Luis Montañez
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, señaló que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto condena enérgicamente las agresiones hacia candidatos y rechaza de manera categórica los llamados, cualquiera que sea su origen, a violentar las leyes electorales”.
En un mensaje que dirigió en el Salón Juárez de la dependencia, también rechazó “cualquier insinuación respecto a que desde el Ejecutivo federal se pretende interferir para inclinar la balanza en favor o en contra de candidato, partido o coalición alguna.
“En este sentido, asume plenamente sus obligaciones y responsabilidad, y actúa para preservar el Estado democrático de derecho y aplicar la ley a quienes la transgreden con violencia.
“En México por sus ideas no se condena a nadie, lo que sí es condenable es cualquier acto de violencia que trastoca las instituciones y por lo tanto se debe actuar en consecuencia”, precisó.
El gobierno federal tiene muy claro que no es parte de este proceso electoral, por lo que mantendrá la imparcialidad y neutralidad a la que están obligados por ley los servidores públicos, subrayó el funcionario.
Llamó a la y los candidatos a evitar que las diferencias inherentes a las elecciones se conviertan en encono y violencia, y subrayó que “la Secretaría de Gobernación (Segob) ha mantenido y mantendrá abiertas todas las avenidas y todas las puertas del diálogo”.
Puntualizó que lo anterior tiene como propósito “que, en el marco de nuestras instituciones republicanas, entre todos los actores políticos evitemos que la diferencias inherentes a la contienda se conviertan en econos y violencia”.
Reiteró la invitación respetuosa a los dirigentes de los partidos políticos que integran las coaliciones que contenderán en los comicios, a que tengan un diálogo directo, incluyente, respetuoso, transparente y constructivo.
Ello, con el fin de que se contribuya a que prevalezca en el proceso electoral la certidumbre, civilidad, respeto y concordia entre los mexicanos, en materia de gobernabilidad y sobre todo en materia de seguridad, y aclaró que el único árbitro es el INE, como lo marca la ley.
Navarrete Prida dejó en claro que, por su origen democrático y por el juramento al respeto del marco constitucional, el Gobierno Federal no es ni instrumentador de los deseos o preferencias de ningún actor social, en lo individual o de forma colectiva, independientemente de su relevancia o su influencia, ya sea interna o incluso en el exterior de México.
“El gobierno de la República está para ejecutar la voluntad y la mayoría de los mexicanos que le confirieron un mandato expresado en las urnas hace seis años y que es el de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley que de ella emana, y esto incluye el cumplimiento de las normas en materia electoral”.
Es por ello que el gobierno federal se asume como garante de que el proceso electoral se desarrolle de manera ordenada y pacífica, y su único interés genuino es que México, sus instituciones y democracia, salga fortalecido después del 1 de julio, día de la jornada electoral, puntualizó.
Acompañado por el subsecretario de Gobierno, Manuel Cadena Morales, Navarrete Prida definió con claridad y transparencia la postura del Gobierno de la República en el contexto del proceso electoral en marcha en el país.
Aclaró que el único marco de actuación que rige al gobierno de México es la Constitución, las leyes y los principios que de ella emanan, los cuales son fundamento de la vida democrática nacional, marco de libertades y reconocimiento y respeto a los derechos humanos.
Puntualizó que el Gobierno Federal tiene muy claro que no es parte de este proceso electoral, por lo que mantendrá la imparcialidad y neutralidad a la que están obligados por ley todos los servidores públicos.
Añadió que los únicos actores de la contienda electoral son los institutos políticos, los candidatos y candidata, los partidos políticos, junto con las autoridades electorales.
Estableció que la obligación de la autoridad será apoyar a quienes sí son autoridad en este proceso electoral, para que las elecciones se lleven a cabo de manera segura, ordenada y pacífica, y que los candidatos a cargos de elección popular y los ciudadanos puedan ejercer a cabalidad y en condiciones de libertad y seguridad sus derechos político electorales.
Reconoció que en este importante proceso democrático, en el que están en juego importantes cargos de elección popular, es natural y saludable que se debatan proyectos, se contrasten visiones y que candidatos, partidos y ciudadanos expresen libremente sus ideas y sus preferencias.
“La democracia es para fortalecernos, nunca confrontarnos o debilitar la unidad de todos los mexicanos”, dijo al hacer un llamado a todos los actores políticos para que el contraste y el debate no se conviertan en encono, división y mucho menos incitación a la violencia contra partidos, candidatos o instituciones.
Apuntó que el único límite a la libertad de expresión en democracia debe ser la ley y los derechos de terceros, por lo que resaltó que el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto “condena las agresiones a candidatos y rechaza de manera categórica los llamados, cualquiera que sea su origen, a la violencia o a violentar las leyes electorales”.
También condenó y rechazó cualquier insinuación respecto a que desde el Ejecutivo Federal se pretende intervenir para inclinar la balanza en favor o contra de algún candidato, partido o coalición.
“En ese sentido asume plenamente sus obligaciones y responsabilidades y actúa para preservar el Estado Democrático de Derecho y aplicar la ley a quienes las trasgreden con violencia”, precisó.
Destacó que en México por sus ideas no se condena a nadie, pero lo que sí es condenable es cualquier acto de violencia que trastoca las instituciones y por lo cual se debe actuar en consecuencia.
Informó que desde el pasado mes de enero hasta la fecha ha tenido más de 60 reuniones de trabajo con líderes de partidos políticos.