Discrepancias por el Fondo Verde
Luis Muñoz lunes 13, Dic 2010Segunda vuelta
Luis Muñoz
La XVI Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático llegó el fin de semana a un consenso que permitirá establecer un Fondo Verde que financie a los países en desarrollo.
Así lo dio a conocer el ministro de Medio Ambiente de Bangladesh, Hasan Mahmud, que apuntó a la existencia de este acuerdo, del cual en el corto plazo se pretende dar a conocer sus características y funcionamiento.
El Fondo Verde estará dotado de 100 mil millones de dólares anuales a partir de 2020, según lo comprometido en la anterior cumbre de Copenhague.
Países como Estados Unidos optan que el Fondo Verde sea gestionado por el Banco Mundial, mientras que muchas naciones en desarrollo se inclinan por crear un nuevo organismo o que dependa de las Naciones Unidas.
El caso es que con excepción de Bolivia, los negociadores de las 193 delegaciones de la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP16), adoptaron el “Acuerdo Cancún” que establece la creación de un Fondo Verde para movilizar anualmente esos 100 mil millones de dólares para países en desarrollo contra el calentamiento global.
El contenido de los textos concilia las posiciones divergentes de los países y da un respiro al Protocolo de Kioto para que se siga negociando en un segundo periodo de compromisos.
El presidente Felipe Calderón dijo que “en Cancún sí se pudo” y no dudó en calificar como un éxito la COP16.
Para Greenpeace y Oxfam el acuerdo es “un paso” hacia delante, pero aún falta para llegar a la meta: contar con un instrumento “jurídicamente vinculante” que permita impedir que la temperatura del planeta siga en aumento.
En síntesis, el plan para combatir el cambio climático finalizó después de un cierre complicado por los desacuerdos entre países emergentes y las potencias, a raíz de la renovación del Protocolo de Kioto.
Los primeros pretenden la continuidad, mientras que países como Japón y Estados Unidos no aceptan los niveles de exigencia para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero si no se comprometen las naciones en vías de desarrollo. Este cruce de intereses no pudo ser resuelto y la decisión fue reanudar las negociaciones en la cumbre de 2011.
En cambio, sí hubo consenso en un paquete de medidas a favor del llamado “Fondo Climático Verde”. La Unión Europea, Japón y los EU prometieron alimentar el proyecto de manera inmediata con 30 mil millones de dólares. Este aporte de corto plazo se verá aumentado dentro de una década en más del 300%.
“Esta es una nueva era de cooperación internacional sobre el cambio climático”, dijo la canciller mexicana, Patricia Espinosa, presidenta de la conferencia, dirigiéndose a los delegados en el final de las dos semanas de negociaciones eclipsadas por las disputas entre países ricos y pobres.
En el paquete de medidas de lucha contra el cambio climático aprobado consta también un mecanismo de protección de los bosques tropicales del planeta, cuya masiva deforestación provoca el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo.
Bolivia objetó todos los acuerdos aprobados al término de la conferencia y podría recurrir al tribunal de La Haya para impugnar el acuerdo, que reunió a 194 países. Considera que no atienden las necesidades de la lucha contra el calentamiento global del planeta y que tampoco acogen las propuestas de la conferencia de los pueblos organizada en su país en abril.
VA CREEL POR SU SEGUNDA DERROTA
Como “soñar no cuesta nada”, el senador Santiago Creel dijo a medios de comunicación que está listo y preparado para apuntarse en cuanto el Partido Acción Nacional abra la convocatoria y el registro para la candidatura presidencial.
Creel aseguró que él le ganaría en el 2012 al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y al jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, en las próximas elecciones presidenciales. Y uno se pregunta: Si cuando contó con todo el apoyo de Vicente Fox perdió, ¿qué se puede esperar ahora?
El senador se pronunció por una contienda interna abierta a los militantes, pero sí se puede también se tome en cuenta a la ciudadanía, para que seleccione al candidato del PAN que los abandere en 2012.
SE PONE BRAVO SUTAUR CON EBRARD
Dirigentes de SUTAUR-100 no sólo presumieron de “doblegar” al jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, sino que además amenazaron con hacerle la vida de “cuadritos” en 2011 con intensas movilizaciones hasta que, por las buenas o las malas, de respuesta a sus demandas. Ebrard es un funcionario patético que da lástima, igual que Benito Mirón y otros de la misma calaña. Advirtió que redoblarán esfuerzos orientados a desprestigiar al PRD que como Gobierno no solo sirve para nada, amén de imputarle una serie de “linduras” al titular del Ejecutivo local.
CENSURAN A SETRAVI
El diputado local priísta, Leobardo Urbina Mosqueda, censuró este fin de semana la forma en que la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal (Setravi) califica las infracciones de tránsito y la imposición de sanciones dentro del proceso administrativo que aplica, porque complica enormemente la economía de los transportistas, pues para liberar sus vehículos deben pasar entre 90 y 180 días.
Lamentablemente, dijo, este tiempo se deja de laborar y no cuentan con más recursos que su vehículo.
Por ello, propuso, mediante una iniciativa, reformar diversos artículos de la Ley de Transporte y Vialidad del DF, para que algunas atribuciones de la Setravi pasen al Instituto de Verificación Administrativa.
Explicó que en este tema de las funciones y atribuciones relacionadas con la supervisión, vigilancia, verificación, la calificación de infracciones y la imposición de sanciones para el transporte público, la Setravi ha creado una estructura denominada “Coordinación de Supervisión a los Servicios de Transporte”, en la que participan un número aproximado de 200 inspectores, para una mejor atención, evitando que vehículos del transporte público queden fuera de servicio por el tiempo mencionado, aunque el nuevo Instituto de Verificación Administrativa podría realizar estas tareas.
Urbina Mosqueda propone, para transparentar y hacer eficiente el procedimiento de calificación de infracciones, pase a la competencia del Instituto de Verificación Administrativa, que de acuerdo a la ley de la materia, es responsable de ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer las sanciones previstas en las leyes y también velar en la esfera de su competencia.
El legislador priísta sostuvo que el servicio de transporte público, en todos sus modos de operación, funciona bajo un régimen de autorizaciones diferenciadas, pues hay servicios que operan de manera directa al gobierno del Distrito Federal a través de subsidios como el Metro, la RTP y los Transportes Eléctricos.
“Existen servicios que operan mediante concesión a personas físicas o morales como los taxis, a los que se otorga permisos por parte de la Setravi; estas disposiciones necesariamente tienen que actualizarse por la propia dinámica del transporte en esta ciudad”.
Y en este proceso, afirmó, es necesario que las instituciones adopten medidas que garanticen la satisfacción del interés público, por lo que las funciones y facultades que está ejerciendo la Setravi, son más compatibles con el objeto y finalidad que persigue el Instituto de Verificación Administrativa.
Se propone que se reformen los artículos 7 y 8 de la ley y se le adicione un nuevo artículo Bis, propiciando un esquema de igualdad entre el transportista y el automovilista particular.
También es necesario actualizar los artículos 12 y 51 de la Ley de Transporte y Vialidad, relativos a la clasificación de los servicios de transporte de pasajeros, para incorporar a los llamados “Taxis Ejecutivos”, para que se consideren bajo el régimen jurídico administrativo de permiso, ya que tiene algunos años de estar operando en la ciudad.
Y en materia de concesiones, propone el diputado Leobardo Urbina, modificar el artículo 26 de la Ley de Transporte y Vialidad, para que el Comité Adjudicador de Concesiones sea conformado con la participación de representantes de la Asamblea Legislativa del DF, la UNAM, del IPN, del Conacyt y de los transportistas concesionados; asimismo, se propone modificar los artículos 79 al 82 de la ley, así como los artículos 90 al 100 del Reglamento, referentes al tema de las tarifas, con el propósito de dejar a salvo las garantías individuales de los ciudadanos y, en particular, de los concesionarios o permisionarios del transporte público de pasajeros y carga, en todas sus modalidades.
INTOLERANCIA RELIGIOSA
La intolerancia religiosa en el ejido Los Llanos, municipio de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, motivó que la Comisión Nacional de los derechos Humanos emitiera la Recomendación 71/2010, dirigida al gobierno de la entidad, al ayuntamiento y al Congreso local.
Dicha recomendación señala que se vulneraron los derechos humanos de los agraviados a la legalidad y seguridad jurídica, a la libertad de creencia y culto, y a la no discriminación por motivos religiosos.
Las víctimas se quejan de que durante su celebración religiosa en el ejido mencionado, un grupo de personas ingresaron al templo evangélico y golpearon a quienes encabezaban la ceremonia.
Un mes después les destruyeron su templo y dañaron sus parcelas sin que las autoridades hicieran algo a pesar de que se les pidió su intervención.
Los agravios continuaron cuando les destruyeron 13 casas, les prohibieron cortar leña y sembrar sus milpas, obligándolos a abandonar el ejido.
Por los motivos mencionados, la CNDH recomienda al gobierno del estado y al municipio de San Cristóbal de las Casas, se tomen las medidas necesarias para garantizar el retorno de los desplazados, que sean respetados su patrimonio y la libertad de profesar la religión que elijan.
También que se realicen cursos de capacitación para los servidores públicos de la entidad respecto a las funciones que tienen encomendadas en la legislación vigente en materia de salvaguarda de los derechos a la libertad de creencia.
Al Congreso del estado le recomienda determinar la responsabilidad que pudieron tener en los hechos servidores públicos municipales y estatales.
