Por otro pacto social
Francisco Rodríguez miércoles 10, Feb 2010Índice político
Francisco Rodríguez
EL CAOS QUE hoy por hoy se vive en México ha provocado que muchos más ciudadanos de los que suponemos, seamos presos de una nostalgia autocrática. Hay incluso quienes son capaces de añorar truculencias y estar dispuestos a cambiar nuestra libertad por cierto grado de “orden” y “seguridad”, militarizando totalmente al país -hoy ya lo está, parcialmente- lo que por supuesto resulta peligroso.
Sucede todo esto porque el Estado mexicano, temporalmente depositado en un gobierno panista, está más débil de lo que estamos dispuestos aceptar. Que es incapaz de dar los servicios indispensables a la población. Que para empezar no garantiza nuestra seguridad.
Más allá de las gestiones de los gobiernos y los esfuerzos que se han hecho, estamos frente a un Estado incompetente, mal administrador, descreído de sí mismo, desposeído de su fuerza para articular sus facultades. Un estado que conspira contra sí mismo. Un estado subversivo que interviene con frecuencia en la violación del orden jurídico, cuando se supone que debe ofrecer seguridad y certidumbre, proveer al ciudadano de un marco estable de reglas que sirvan para orientar y guiar en toda circunstancia.
El desarrollo es imposible sin un estado de derecho eficaz, con autoridad y reglas claras.
Pero hoy toda la actividad política gira en torno a cambiar los personajes y las figuras, para seguir en lo mismo. Ha sucedido con Vicente Fox y hoy con Felipe Calderón. Fue un “quítate tu para ponerme yo”. Y reitero, para seguir con lo mismo.
La sociedad, en tanto, no sabe a qué atenerse, atrapada entre los poderes legítimos o los llamados poderes fácticos, cada vez más beligerantes y desafiantes: la Iglesia católica, las televisoras, los mismos cárteles del narcotráfico tienen mayor poder que la fallida administración del señor Calderón.
Así es, entonces, como vivimos atrapados entre dos aguas, y como lo fáctico parece tener mayor viabilidad que el Estado, el orden social se está reproduciendo al margen de la legalidad.
El hecho de que los gobiernos tengan que buscar fuera de sus propias instituciones mediadores ajenos a su legitimidad, denuncia su postración.
Y es la debilidad institucional, la que obliga a que toda la sociedad funcione entre las dos aguas aludidas.
Ya lo afirmaba Octavio Paz: en México existe una “mentira constitucional”.
En esta situación, el cacareado estado de Derecho es una simple aspiración y pomposa materia de discursos en ceremonias mayestáticas.
Esto se desborda al sector público, porque hay poco sentido de la responsabilidad. Los gobernantes por ello, siempre buscan culpar de sus fallas e ineficiencias a sus antecesores, a sus opositores o antagonistas políticos o, incluso, a factores provenientes del extranjero.
Pero tampoco la hay de parte de la ciudadanía, y no se puede esperar que el orden institucional funcione si no hay ciudadanos concientes de sus derechos y deberes.
La debilidad del Estado se come la eficiencia y las buenas intenciones de los gobiernos y sus presidentes y, por lo tanto sin importar inteligencias, aciertos y carismas, la erosión de la gestión se traga sus prestigios. No hay ex presidente, desde Adolfo López Mateos, que haya concluido su gestión con un buen recuerdo de sus gobernados. Desde Díaz Ordaz, todos han caído en la ignominia.
La desconfianza, la crisis moral, está vinculada con el trauma que se produjo a raíz de la “democratización” y al hecho de que el nuevo estado de cosas no le dio solución a los problemas de siempre.
La promesa de democracia en el 2000 ofertó un nuevo acuerdo social, que nos aseguraba participación, derechos civiles, repartición justa de las riquezas y legalidad. Pero esa transición sólo se concretó en un reparto de la autocracia priísta entre los poderes fácticos relegados y hasta entonces mantenidos a raya.
Asistimos, pues, a una desestructuracion del sistema político que ni aún los buenos discursos o los decálogos del señor Calderón pueden salvar, porque no satisfacen en la práctica las demandas y aspiraciones de la población. Por eso no es raro, que por la desarticulación del sistema político, la llamada sociedad civil, en medio de la desconfianza y el descrédito de las instituciones, traten de crear alguna clase de orden normativo alterno como remiendo, llámese “convicción civil”, “voluntad ciudadana”, “ánimo democrático”, “conciencia legal” o “participación ciudadana”, entre otros.
Si el Estado es un gran pacto social, en nuestro caso, ya no representa los intereses de ninguna de las partes que lo componen y, por lo tanto, estamos en la obligación de reformular el pacto.
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