La religión al servicio del atraco

Francisco Rodríguez viernes 13, Abr 2018

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Francisco Rodríguez

 

 

Empecemos llamando a las cosas por su nombre. Así como el pato parpa, la rana croa, el puerco gruñe, el hombre habla. Así, también, el presidencialismo unipersonal, ejercido por la voluntad de un desvalido, acaba siempre convertido en una monarquía disfrazada, en una tiranía hipócrita y sin escrúpulos. Por eso es casi una especie en extinción en el mundo conocido.

El presidencialismo y su cohorte de trastornados tiende a desaparecer del panorama. Una lista interminable de competencias y facultades fueron mermadas y abandonadas por los mismos mequetrefes en un marco de corrupción y frivolidades para terminar con un sistema que acaso fue funcional para su tiempo.

Concesiones, cesiones, recortes, desincorporaciones y mecanismos reglamentarios, más circulares administrativas para el atraco se utilizaron sin medida y fueron la coraza de proa de nuestra inmolación. Es la radiografía mexicana de dos siglos de sufrir el presidencialismo monocorde.

El presidencialismo mexicano devino en el actual estado de cosas: un TLCAN negociado a nuestras espaldas, sin un mínimo de recato… la política migratoria convertida en soplona del Imperio, cayendo sobre los hermanos centroamericanos… las concesiones y patentes de corso a los narcotraficantes… el asesinato a mansalva para defender los privilegios de unos cuantos favoritos. El arrase maquinado, con ventaja.

El patrimonio nacional convertido en moneda de cambio… la subasta inaudita… el entreguismo exacerbado… la inutilidad ignorante de los mandatarios ofrecidos como caporales del rancho grande. Es la síntesis del caprichato presidencial. Algo que urge arrasar, antes de que acabemos a pedradas entre nosotros.

La acumulación de cantidades inimaginables de masacrados y torturados… el avasallamiento de garantías individuales y sociales… la rapiña desenfrenada sobre la población… son producto directo de una corrupción sistémica y endémica, cuyos ejecutores siguen el ejemplo del señor Presidente.

Hasta para ejercer actividades elementales que deben suponer derechos humanos, los mexicanos nos escondemos mientras el poder se oculta en el manto de la hipocresía, pues no se atreve a reconocerlas ni a concederlas por aquello de las dudas, de la falta de imperio, del moche disfrazado. Todo es de mentiritas, por encima, sin que se exponga el cochupo.

En este país existen doscientos cincuenta estaciones de radio clandestinas que se ubican en los pueblos, rancherías y montañas fuera del alcance del modelo de concesiones, con el único objeto de atender necesidades de libertad religiosa de creyentes que quedaron fuera de la reforma salinista de 1992, para sólo satisfacer los peculios de la Iglesia católica. Como siempre, la religión católica al servicio de los dictadores.

El posterior reglamento foxista de la materia religiosa fue la albarda sobre el aparejo. Al igual que la Ley Federal de Telecomunicaciones. Ratificaron las obsecuencias de la ley salinista, orientada a confundir la libertad de cultos con la libertad religiosa, más amplia y reivindicatoria. A la fecha son 30 millones de mexicanos que aún se esconden para celebrar sus cultos.

En esta materia, como en infinidad de otras, incluyendo el empleo, la educación, la sanidad, la seguridad y la alimentación, somos ya el país más atrasado de América Latina y de buena parte del mundo. Todo por seguir las viejas pautas de la corrupción, por cerrarnos a los avances, por cobijar un sistema injusto, expulsor de migrantes.

El sistema de convivencia -de algún modo hay que llamarle— que el pretendido Estado juarista ha impuesto en materia de creencias es, por decir lo menos, de desconfianzas mutuas, irregular, ilegal hasta la médula. El aparato hace como que permite, mientras la PGR y sus policías extorsionan, hincan el diente en los recintos del culto y sus extensiones.

Urgen las reformas de la segunda generación, antes de que suframos el episodio colombiano del Acuerdo de Paz con las guerrillas de las FARC, impugnado y a punto de no concretarse, porque no tenía la aprobación de los evangélicos al tratamiento de géneros en su redacción. Los practicantes se acercaron al ex presidente Álvaro Uribe para corregirlo, y pusieron de cabeza a Juan Manuel Santos y a su premio Nobel de la Paz.

La falta de autoridad del presidencialismo ñoño —que es en esencia la falta de legitimidad y de consensos mínimos— ha logrado, como en muchos casos que, bajo el actual estado de cosas, los bolsillos de los concesionarios de radio y televisión privadas se agiganten con el pago de los creyentes, sin necesidad alguna del desfalco.

A diario, vemos cómo en los sistemas por cable y en el radio y la televisión abierta, los espacios de las religiones son cubiertos por los practicantes, sujetos a todo tipo de esquilmos y abusos por parte de los oficiantes de los ritos y de los negocios al amparo de la impunidad prevaleciente. Esto ya no puede ser. Ha llegado el momento de regularizar las formas mínimas de expresión que hoy prevalecen en la mayoría de los estados civilizados. Así como también ha llegado el momento de rendir cuentas, de ofrecer transparencia en todos los renglones. Lo cual por sí mismo, abarcaría la extensión de un programa sexenal de gobierno, aquí y en China. Un repaso por el modo de vida latinoamericano sería suficiente para darnos cuenta del chiquero.

En todos los países centroamericanos y del sur del continente, las asociaciones religiosas tienen sus estaciones propias de radio y televisión para todos los efectos. El miedo de aquí es incomparable. La corrupción lo encubre. Hasta Guatemala, que ha podido enjuiciar a cinco de sus ex presidentes, vive en el estado civilizado.

En Argentina, Chile, Brasil, Ecuador y Perú, entre muchos más, todos los ayuntamientos provinciales tienen absolutamente regularizado el funcionamiento de las libertades religiosas. Igual, sus gobiernos federales. Todos tienen procedimientos regulares para solventar los conflictos. Menos en México, cuya historia ha sido la más afectada por las guerras fratricidas provocadas por la religión católica, monocorde y oficial.

Ponemos esparadrapos para todo tipo de manifestación personal, para el uso de las libertades, para cualquier grito de inconformidad con lo establecido. Somos un sistema inseguro y mendaz. El mismo que reprime a los centroamericanos migrantes en el sur, a través de estaciones migratorias plagadas de genízaros gabachos, sacando huellas y torturando a los que sólo piden un mínimo de empleo y alimento.

Para acusarlos con el Tío Sam, en lugar de establecer un plan de desarrollo que les impida avanzar hacia el norte, un programa de inversiones para la subsistencia que nos ayudaría a todos. No. Para los caporales y sus mandos extranjeros la represión es el mejor camino. Otra vez la puerta falsa.

El 30 de octubre del año pasado se estableció en Perú el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas. En Brasil, el país más desarrollado de América Latina, existen cien diputados en su Congreso, más un vicepresidente, que representan las corrientes diversas al catolicismo. Aquí no. Somos hipócritas, represores, y al mismo tiempo muy guadalupanos. Hasta que llegue el desmadre de nuevo.

No entendemos. Hemos construido un bodrio de presidencialismo, basado en la desconfianza mutua, en la hipocresía, el chantaje y el soborno social. Y en medio de nosotros, Norberto y Maciel, cada uno “como un Dios”, dijera el poeta de la melancolía. Y los ignorantes mexiquitas regulando la conciencia.

¿Será que no tenemos remedio?

Índice Flamígero: Acatar la línea que les tiraron desde el Ejecutivo ha costado a los “magistrados” del TEPJF —en realidad, empleados del PRI y de Los Pinos— una catarata de críticas por su venalidad al ordenar al INE que registrara al ex priísta Jaime Rodríguez como candidato presidencial. Ninguna tan profunda, eso sí, como la de un jurisconsulto quien señala que tuvieron la “puntada” de legislar e incluso erigirse como constituyente, invadiendo las facultades que sólo son del Congreso de la Unión, sólo para hacer valer su punto de vista y hacer prevalecer subjetividades sobre la objetividad de la ley y los hechos. Por ejemplo, 1) tomaron una decisión “garantista” cuando el TEPJF no son un tribunal de garantías. 2) aplicaron el principio de afirmativa ficta por supuestamente no haberse dado derecho de audiencia al quejoso, cuando la propia ley debe establecer cuando procede ésta o no; hay una jurisprudencia de ese mismo Tribunal que así lo indica. 3) Dieron por válidas firmas que el INE había encontrado totalmente apócrifas, por lo que se debió haber repuesto la revisión de las mismas y bajo ninguna circunstancia validar ningún apoyo que no se corroborara fehacientemente que fue expresado así por un ciudadano; esto es porque no puede tribunal o dependencia electoral alguno suplir al ciudadano en su personalísima acción de votar, o dicho en otras palabras: un voto es nulo hasta que se demuestre lo contrario. 4) También alude el TEPJF al “debido proceso”, lo cual resulta garrafal: no se le está inculpando de nada al Bronco ni se le está fincando ninguna pena o responsabilidad, simplemente se está revisando si cumplió o no con los requisitos de un trámite, y por tanto es ridículo pretender aplicar la “presunción de inocencia” en esta diligencia. 5) El derecho a ser votado no es absoluto: es un caso de excepción y un privilegio participar en una elección que sólo se debe a conceder a quienes (ejerciendo su derecho a ser votado) reúnan los requisitos señalados por la Constitución y las leyes. Qué pena, la verdad qué pena, vivir y ser nacional de un país bananero donde se pagan de los salarios mínimos más bajos del mundo, donde se tienen niveles de pobreza y de inseguridad extremos, pero cuyos funcionarios públicos mejor pagados (casi 7 millones de pesos anuales) denotan un conocimiento en su materia de un mediocre estudiante de preparatoria.

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