Clausuras de Profepa en Tulum
Mauricio Conde Olivares viernes 13, Abr 2018“Hora 14”
Mauricio Conde Olivares
La revuelta civil en la Riviera Maya para impedir, otra vez, la comercialización y usufructo de terrenos en el santuario de la tortuga marina de Xcacel-Xcacelito, sacó a relucir millonarios negocios que logró mediante corruptelas por especulación inmobiliaria el ex gobernador Roberto Borge Angulo y nuevamente, aparece Ricardo Vega Serrador como uno de sus beneficiarios.
Luego que el actual gobierno del estado recuperó precisamente de manos de Ricardo Vega dos predios que obtuvo a precio de remate en la zona hotelera de Cancún, que eran la sede de las instalaciones del CREA, este inversionista aparece como flamante propietario de terrenos en Xcacel-Xcacelito que han sido vendidos y revendidos sucesivamente en su oportunidad mediante permutas autorizadas por los ex gobernadores Rodolfo Félix González y Roberto Borge Angulo.
Uno de los inversionistas inmobiliarios defraudados por estos ex gobernadores a lo largo de 23 años, Faustino Martínez, ex director financiero de un grupo de capitalistas, invirtió personalmente ahí casi 8 millones de dólares y reveló que el gobierno del estado había recuperado la propiedad de esos terrenos con permutas, que en el caso de los hermanos de Cozumel apellidados González Angulo les redituó obtener, por una pequeña fracción de terreno, la insultante cantidad de 2.6 millones de metros cuadrados en predios
Así, al crimen ecológico que se ha ceñido sobre el santuario de la tortuga marina se sumaron las corruptelas que por avaricia y abuso del poder han realizado sucesivamente los gobernadores de Quintana Roo, de otra forma no se puede explicar cómo ha sido posible que estos terrenos hayan sido recuperados por el gobierno del estado y ahora resulta que de nueva cuenta están en manos privadas, vendidos por casi nada a testaferros.
Con un cúmulo de pruebas documentales y periciales resultado de los últimos 23 años, Faustino Martínez reconoce que junto con sus socios inversionistas fue engañado ya que pareciera que esos terrenos están bajo exorcismo, pues nos los ofrecieron con la obligación de construir en 18 meses, “invertimos millones en el proyecto, para que luego dijeran que no es posible hacer ahí nada”.
Incluso refirió que los registros catastrales de sus propiedades desaparecieron en libros del Registro Público de la Propiedad cuando habían quedado perfectamente bien cuatro meses antes de que iniciara su gobierno Roberto Borge, por lo que recientemente logró que fueran nuevamente inscritos.
Esta historia aún no acaba
En tanto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la Clausura Total Temporal a diversas obras y actividades realizadas en un predio de dos mil 31 metros cuadrados, ubicado dentro del Área Natural Protegida denominada Parque Nacional Tulum, en el municipio de Tulum, Quintana Roo, por no acreditar contar con autorización en materia de Impacto Ambiental.
Durante una visita de inspección realizada el cuatro de abril de 2018, para constatar el cumplimiento de la legislación federal ambiental vigente, personal de Profepa en la entidad constató que los responsables de las obras inspeccionadas no contaban con la autorización federal en la materia que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En la inspección se observó la construcción de una palapa de madera con techo de zacate piloteada sobre un deck de madera, dos baños y un lavamanos, construidos sobre superficie de concreto, así como una bodega para artículos de limpieza de 5 metros cuadrados.
Se encontró una palapa con techo de palizada sobre un deck de madera y una plancha de concreto sobre la cual se encuentra un tanque de gas; todas las obras se encuentran al interior del predio con una superficie aproximada de dos mil 31 metros cuadrados.
Al momento de la visita, el inspeccionado no presentó la autorización federal en materia de Impacto Ambiental para el desarrollo de las obras y actividades de construcción, en la que se consideran las medidas de prevención, mitigación y compensación de los impactos ambientales adversos que se generarían, por ello con fundamento en el artículo 170, fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se impuso la clausura total temporal.
Es importante señalar que el sitio inspeccionado se encuentra inmerso en un ecosistema de duna costera con presencia de Palma chit (Thrinax radiata) dentro del Área Natural Protegida «Parque Nacional Tulum», aunque es preciso destacar que al momento de la visita no se observó la eliminación de la vegetación característica de dicho ecosistema.
Ahora le cuento que el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) aprobó la convocatoria relativa a la consulta popular solicitada por el titular del Poder Ejecutivo del estado, a los ciudadanos del Municipio de Benito Juárez, para que emitan su opinión en el proceso de consulta popular, respecto a la autorización del transporte de servicio público de automóviles de alquiler a través de plataformas digitales, la cual se llevará a cabo el día 1 de julio de 2018.
Ante el pleno del Consejo General, se dio a conocer que será la primera consulta popular en términos del artículo 20 de la Ley de Participación, consistente en someter a consulta en el municipio de Benito Juárez la pregunta: ¿Está usted de acuerdo en que se autorice el transporte de servicio público de automóviles de alquiler, a través de plataformas digitales?
Se informó que el Consejo General del IEQROO, expedirá la convocatoria respectiva, la cual deberá ser publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, la página web del Instituto y en dos periódicos de mayor circulación en el Estado, además en las redes sociales del Instituto, debiendo fijar la fecha en que se llevará a cabo la jornada de consulta. Misma que tal y como lo señala la propia Ley de Participación en su numeral 43, será el día primero de julio de 2018; empero lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.
