Impunidad en el sistema de seguridad
Luis Muñoz viernes 6, Abr 2018Segunda vuelta
Luis Muñoz
La impunidad, que hoy en día es uno de los fenómenos que se ha extendido a lo largo y ancho, no sólo de nuestro país, sino del mundo, tema al que habrán de entrarle los candidatos a la Presidencia, es analizado y desmenuzado por el Índice Global de Impunidad de la Universidad de las Américas de Puebla.
¿Pero qué es la impunidad estadística? De acuerdo con el IGI 2017, cuyos coordinadores son Juan Antonio Le Clrecq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, la impunidad estadística es la “imposibilidad de medir las capacidades y funcionamiento de los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario de los estados” y tiene dos probables orígenes: deficiencia institucional en materia de estadísticas nacionales o falta de voluntad política para generar esta información.
Añaden que en países con niveles económicos altos o altamente desarrollados, la variable más importante para explicar la impunidad estadística es la falta de voluntad política del régimen en turno para generar estadísticas nacionales.
Por ejemplo, dicen, Arabia Saudita, China, Indonesia y Sudáfrica “son los únicos cuatro integrantes del G-20 que no pudimos medir en este índice como consecuencia de la impunidad estadística”.
¿Por qué? Porque no están reportando de manera sistemática información a las Naciones Unidas en materia de sus sistemas de seguridad, justicia y penitenciario, por lo que resulta difícil compararlos con el resto del mundo.
Por otra parte, la mayor parte de los países de África, Asia Central y Oceanía tienen problemas estructurales dentro de sus oficinas de gobierno para poder reportar su información; la comunidad internacional tiene una enorme responsabilidad para contribuir en la construcción de las instituciones encargadas de sus estadísticas nacionales para afrontar la medición profesional y objetiva de la Agenda Post 2015 de las Naciones Unidas.
Lo anterior significa que sin mecanismos efectivos para el reporte y la validación de la información nacional sobre seguridad, justicia y derechos humanos, no se cumplirán las metas definidas en el objetivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En el caso de México, de acuerdo con el IGI, el país ocupa el lugar 66 de 193 Estados miembros de las Naciones Unidas en materia de impunidad.
Sin embargo, ocupa el lugar 66 de 69 países que cuentan con información estadística suficiente para el cálculo del IGI-2017. En 2015 ocupó la posición 58 entre 59 casos estudiados. Al incrementar el número de países a la muestra ha dejado de ocupar la penúltima posición dentro del IGI, pero también aumenta su distancia frente a los casos mejor evaluados.
De acuerdo con el IGI nuestro país cuenta con dos dimensiones prioritarias que debe atender: la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia.
Respecto a la primera dimensión, el Índice permite evidenciar la necesidad de optimizar y ejercer una adecuada ejecución de los procesos de averiguación de la mayor parte de las personas que tienen algún contacto formal con los cuerpos de seguridad.
Observa que en México no se necesita invertir cada vez más recursos para aumentar el número de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones, sobre todo en materia de prevención, inteligencia e integración de la información de las carpetas de investigación. La implementación de esta política contribuiría a mejorar los procesos judiciales dentro de la estructura.
Cabe señalar que este índice coincide con el IGI-2015 en la necesidad que tiene México de contar con más jueces dentro del sistema de justicia, acción que tendría un efecto inmediato sobre los juicios, ya que al aumentar su número, sería posible incrementar las capacidades de impartición de justicia, lo que podría reducir el número de personas encarceladas esperando sentencia y, con ello, también la sobrepoblación de las cárceles.
El IGI-2017 estima una proporción promedio de los países de 16.23 jueces por cada cien mil habitantes. México cuenta con sólo 4.2 jueces por cada cien mil habitantes, cifra muy por debajo del promedio global.
Croacia, país con el índice más bajo de impunidad, cuenta con 45 jueces por cada cien mil habitantes. Sobre la funcionalidad del sistema de justicia mexicano, el índice permitió: evidenciar su deficiencia, pues casi la mitad de la población detenida no ha recibido sentencia (43%); presentar poca correspondencia entre la cantidad de personas encarceladas por homicidios respecto a los casos denunciados por este delito, así como el hecho de contar con un número reducido de jueces frente a la cantidad de casos que llegan a tribunales, lo que conlleva a una reducción de la atención de un proceso penitenciario en cada uno de ellos.
Referente a la estructura de los sistemas de seguridad, el índice retrata, perfectamente, los esfuerzos gubernamentales de crecimiento del cuerpo policiaco en México: 359 policías por cada cien mil habitantes, cifra que se encuentra por arriba del promedio global de la proporción de policías, que es de 319 por cada cien mil habitantes.
