Periodistas asesinados y criminalizados
¬ Augusto Corro lunes 26, Mar 2018Punto por punto
Augusto Corro
Semana Santa… | José Luis
¿A alguien le interesa la muerte de un periodista? Sí, a los deudos. Y a nadie más.
¿Dónde están las autoridades obligadas a proteger a los comunicadores? Pues en su zona de confort, con la lengua lista para condenar a las victimas abatidas por el narco o por caciques regionales.
La semana pasada fue ultimado a balazos Leobardo Vázquez Etzin, en su casa. Se desempeñó como corresponsal en varios medios locales en Veracruz. También manejaba un portal de noticias con el título de Enlace Informativo.
Leobardo estaba dedicado a la labor periodística y complementaba sus ingresos económicos con una taquería. ¿Cometía algún delito?
Pues claro que no. Sin embargo, la Fiscalía de Veracruz afirmó que Leobardo fue asesinado mientras “vendía tacos”.
Luego, el gobernador de la entidad mencionada, Miguel Ángel Yunes Linares, de pasado sombrío, asoció el homicidio de Leobardo con la presunta relación de periodistas con organizaciones criminales.
En su verborrea también dijo que otros periodistas asesinados durante su gobierno “trabajaban para el narcotráfico”.
Así, el mandatario, que llegó al poder quién sabe por qué magia, repite el mismo estilo de gobierno que su antecesor, el siniestro Javier Duarte de Ochoa, que también calificaba a los comunicadores como delincuentes. En tono de burla le decía a los periodistas: “pórtense bien muchachos”.
Durante el sexenio de Duarte de Ochoa fueron asesinados 18 comunicadores. En el citado gobierno y el actual, van 22 periodistas ultimados. La mayoría de los asesinos, por no decir todos, siguen en libertad.
TRATO DEGRADANTE
Las autoridades de los tres niveles: municipal, estatal y federal ven los homicidios de los periodistas con indiferencia.
Cuando les toca opinar sobre los crímenes se salen por la tangente y evocan condiciones particulares de vida de las víctimas, que nada tienen que ver con los asesinatos.
Los comunicadores son ultimados porque tienen el suficiente valor para denunciar los atropellos e injusticias de los caciques políticos, así como las acciones del crimen organizado.
El arma principal de los periodistas es la palabra escrita para defender la verdad. Y la verdad es veneno para los políticos corruptos y bandas de narcodelincuentes, así como de gobernadores ineptos y corruptos.
Por ejemplo, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que no puede resolver el asesinato de la periodista Miroslava Breach ocurrido hace un año. Según las investigaciones, se conoce ya la identidad de los autores intelectuales y materiales del homicidio, pero como se menciona la presunta participación de políticos panistas locales, el mandatario estatal elude el tema, pues él es militante de Acción Nacional.
¿Cuándo decidirá el gobernador actuar con seriedad y responsabilidad con el fin de detener y encarcelar a los asesinos de Miroslava Breach?
En este renglón, el panista Corral es una copia fiel de la manera de gobernar de sus colegas priístas en otras entidades: colocan la impunidad de los delincuentes por delante.
EN VANO, CLAMAR JUSTICIA
A partir del año 2000 a la fecha, 133 periodistas perdieron la vida para hacer de México uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo.
¿De qué sirve clamar justicia? ¿Qué caso tiene pedir a las autoridades que cumplan con su función de brindar seguridad no solo a los comunicadores, sino también a toda la población?
Son los encargados de impartir justicia los primeros en olvidar los crímenes contra los comunicadores; y los funcionarios en cerrar los expedientes de la investigación, con declaraciones insensibles contra las víctimas, como lo hicieron la fiscalía y el gobernador de Veracruz, Yunes Linares.
¿A quién solicitar protección para los representantes de los medios de comunicación? A nadie. Son suficientes los testimonios de las autoridades de los tres niveles sobre su indolencia, insensibilidad e irresponsabilidad en los renglones de procuración de justicia.
Los enemigos de los periodistas actúan con total impunidad. Ya se dieron cuenta que no importa el tamaño del delito, pues el brazo de la ley no los alcanzará.
Claro que hay leyes que protegen a los periodistas; ¿pero quién es el encargado de aplicarlas? Los defensores de los derechos humanos locales, nacionales e internacionales cumplen con condenar las muertes de los comunicadores ante autoridades sordas e insensibles. Saben que sus discursos no conmueven a las autoridades ni a los impartidores de justicia. Se trata de gritos en el desierto.
En fin, México continuará en la lista de los países más peligrosos del mundo para la práctica de la libertad de expresión.
