Peligroso, perder la confianza en quienes imparten justicia

Francisco Rodríguez martes 20, Mar 2018

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Francisco Rodríguez

 

 

El Estado, definido por los griegos como la obra superior de la cultura, heredó a las generaciones siguientes dos potestades inexcusables: la justicia y la seguridad. La justicia fue engendrada por el Occidente latino como constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi, dijo Ulpiano, o sea, la constante y perpetua voluntad de dar a cada quién su correspondiente derecho.

La seguridad fue creada como el aval, la hipoteca de la justicia para hacer realidad entre los hombres el orden y la convivencia organizada.‎ Cuando falla el concepto de seguridad, la potestad de la justicia se impone por encima de cualquier obligación estatal frente a la colectividad.

Porque haciendo tabla rasa de todas las modalidades, acepciones, teorías, conceptos, definiciones y toda la parafernalia que se ha escrito durante siglos sobre el Estado, que de ser un Leviatán súper poderoso, lo hemos reducido a un pobre sujeto cargado de pasivos patrimoniales, indefenso ante los poderes extralegales, eso es lo que hay.

Así, nos quedamos con los conceptos presocráticos que desde la Hélade menor mediterránea definieron los filósofos jónicos. Esta apreciación milenaria no es menor y nos lleva siempre necesariamente a considerar que esos dos bastiones, seguridad y justcia, son la única justificación de existencia del Estado. Y que cuando falla una, debe subsistir la otra.

Las delicadas condiciones políticas y económicas que atraviesa el país hacen muy difícil deslindar ambos conceptos de seguridad y justicia en la vida cotidiana. Es un fenómeno recurrente observar cómo las instituciones de seguridad pública tratan de interferir en la aplicación de la justicia.

Como es recurrente observar, también, que cada vez que falla el sistema político y social del Estado constituido, los ciudadanos, las instituciones y las fuerzas políticas se inclinan vehementemente por judicializar la vida en sociedad, convertir todo litigio y toda diferencia en controversia constitucional, dar al traste con la división de poderes.

En nuestros días es necesario aceptar que simplemente sin seguridad y justicia no hay gobernabilidad y sin un marco adecuado de convivencia no hay mañana posible.

Por ello, es urgente replantear los términos de la seguridad y la justicia en el marco de la crisis económica, política, de liderazgo, de identidad económica, fiscal, de globalización, legal, de partidos políticos, del Ejército, de las iglesias, de las escuelas y de los medios de comunicación social, entre otras crisis recurrentes del país.

A mayor inversión del Estado en materia de seguridad pública y nacional, se opone la mayor cantidad canalizada para alimentar las cifras macro de la economía ficción, engrosar las cuentas del déficit de la deuda exterior, el destino de las reservas monetarias, y el grueso desfalco del subejercicio presupuestal que precipitan futuros impredecibles.

Combatir el grave problema de la corrupción y de la impunidad, más grave la segunda que la primera, es entender que la base del desarrollo ‎de un país es brindar justicia, luego se construirá todo lo demás, so pena de condenarse al fracaso o caer en manos del control de la delincuencia sin freno, porque ésta tiende a ocupar todos los vacíos del poder.

La democracia básica debe ser sinónimo de orden y estabilidad, producto de leyes e instituciones que la hagan cumplir también. Sustituir las parálisis legislativas y burocráticas que quieren una ley para todo. Utilizar la imaginación para que las actividades judiciales llenen las dudas sobre el contenido y los procedimientos a seguir, erga omnes.

Ha llegado el momento de fortalecer al Poder Judicial para intervenir en todo tipo de impunidades de todos los fueros posibles. Impunidad por intereses económicos, por concesiones estatales, por relaciones familiares, por pertenencia a clanes o partidos políticos, por el desempeño de cargos públicos…… por conflictos de competencia federal o del fuero común, por límites territoriales, por la pertenencia a medios de comunicación, por desistimiento, prescripción, caducidad o no ejercicio de la acción penal, por el otorgamiento de la libertad anticipada, por emplearse en el sector financiero…… por la aspiración política, por el ascenso social, por la edad, por el divorcio entre la realidad legal y la realidad política para evitar desórdenes sociales, por pretender supuestas conciliaciones, por favorecer o entorpecer el libre comercio, por no inculpar a terceros… … por posesión de vehículos judiciales, por no aplicación de sanciones administrativas, por cierre de calles y caminos, por pertenencia a sindicatos, por estar en corrientes contrarias a ellos, por apoyar grupos gremiales y empresariales, por invasión de propiedades privadas, en fin, por tener a la impunidad como razón de Estado.

En resumen, cuando todo el sistema político, económico, social y cultural está en peligro de fallar, la única razón de ser que queda indemne son las instituciones de procuración e impartición de la justicia. La razón de ser, la ultima ratio que da fundamento a la existencia del poder constituido como una cesión de soberanía personal al mandato del colectivo.

En los últimos tiempos se ha considerado que los sistemas de justicia están rebasados por la dinámica de la realidad. Es un criterio que siempre ignora que los hábitos deben convertirse en costumbres y éstas quedan plasmadas en leyes. Ignora que en lugar de cambiar las leyes al contentillo o de ajustar la ley a nuestros caprichos, primero es lo primero.

El cambio empieza por nosotros mismos. No es necesario modificar ad libitum la ley, si previamente se modifican los hábitos que provocan las transgresiones. Como todo acto de autoridad supone una ley previa, este es el marco adecuado de prevalencia del Estado Social de Derecho.

Es por tal que el Consejo de la Judicatura está empeñado en probarle a la sociedad que no puede operar un sistema de justicia desprendiéndolo de un marco de análisis permanente. Que los desafíos delictivos cambian constantemente, así como cambian los patrones de conducta de los mexicanos.

Lo que es realmente peligroso para el país y para los ciudadanos es perder la confianza en quienes procuran e imparten la ley. Descalificar a priori todos los esfuerzos institucionales que se han hecho para formar el macizo del Poder Judicial, del árbitro supremo constitucional es sencillamente un salto al vacío que los mexicanos jamás debemos dar.

Debemos conservar e incrementar el sentido de la justicia, única potestad libre que le resta al Estado.

Índice Flamígero: Bien que la Suprema Corte de Justicia haya precisado los alcances reales de su decisión sobre los parámetros que deben enmarcar la actuación de los cuerpos policiacos en la detención de personas y vehículos. Se armó un galimatías por deficiencias en el proceso de comunicación. + + + También se aclaró, respecto a la venta de exámenes para ocupar plazas vacantes de jueces federales que fue la propia Judicatura Federal la que, al enterarse de la posible comisión de ese delito, suspendió el concurso. No se consumó. Como tampoco, se asegura, antes se había intentado una treta similar, por lo que los actuales miembros del Poder Judicial llegaron a sus cargos por méritos y trayectorias, no por haber trampeado para conseguir los cargos. + + + Primero fue el PRI. Desconfió de las autoridades judiciales mexicanas y corrió a la OEA a denunciar a Ricardo Anaya. Ahora el Frente de Anaya es el que se queja ante la misma Organización de Estados Americanos, que así se ha vuelto una especie de paño de lágrimas de los impresentables.

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