Vivito y coleando
Freddy Sánchez martes 20, Mar 2018Precios y desprecios
Freddy Sánchez
Una de dos, o más bien de tres: Ricardo Anaya de plano no tiene “cola que le pisen”, cuenta con armadura de acero para resistir los embates de la justicia y salir bien librado o a la PRG le ha quedado grande el saco en la lucha contra la corrupción de los políticos.
Y mucho más la de los cárteles de las drogas con sus respectivos emporios financieros dedicados al “lavado de dinero”, lejos de la mirada de la justicia como si sus perseguidores fueran “miopes” o definitivamente necesitan un “lazarillo” para que los guíe en la penumbra de su ineptitud.
Porque francamente es increíble que desde hace más de un año, la Procuraduría General de la República ande en pesquisas contra las supuestas maniobras fraudulentas del candidato presidencial del frente que conformaron PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, sin que se tenga una indubitable certeza de que el aludido incurrió en un probable delito que justifique su consignación penal ante un juez.
Una y otra vez, Ricardo Anaya se ha cansado de decir que se le acosa arbitrariamente, en un acto de prepotencia de las autoridades judiciales, sólo con fines electorales, a favor del Partido Revolucionario Institucional, sin que en realidad se tenga prueba alguna que confirme una conducta delictiva de su parte.
Y si no es así, qué pasa entonces con la Procuraduría General de la República. Para que todo ese barullo indagatorio que no llega a nada concreto propiciando dos cosas: que se crea en la inefectividad de sus acciones indagatorias o bien que Anaya tiene razón al quejarse de que no existe delito que perseguir, sino una tendenciosa y reprobable actitud oficial con pretensiones electorales contra uno de los candidatos presidenciales a disputarle el cargo al priismo para el próximo sexenio.
Resulta pues, indispensable que en uno u otro sentido, se resuelva con el ejercicio o no ejercicio de la acción penal el caso de Ricardo Anaya.
La Procuraduría ha tenido más que suficiente tiempo de indagar sobre la supuesta triquiñuela inmobiliaria aparentemente hecha para favorecer intereses económicos personales del aspirante presidencial blanquiazul, y es por ello, no sólo correcto sino indispensable que se proceda conforme a derecho a resolver en este asunto.
Si el señor Anaya, ciertamente, actuó como un pillo aprovechándose de sus influencias para medrar que se lo encarcele y sujete a proceso como a cualquier presunto responsable de delito.
Pero, si no hay pruebas reales que lo indicien con certeza, en la fraudulenta compra-venta de un inmueble, al grado de suponer que en efecto incurrió en una conducta ilegal, la PRG se está tardando en reconocer que sus pesquisas sólo han demostrado que el señor Anaya fue objeto de una insidiosa acusación para afectar sus aspiraciones presidenciales.
Es urgente que se cierre este capítulo de la justicia en su lucha contra la corrupción, puesto que por lo pronto lo único que ha quedado más que demostrado es que desde las esferas del poder policiaco institucional se carece de los medios para actuar con prontitud y efectividad contra las acciones de “lavado de dinero”, aun tratándose de asuntos menores como el que tiene que ver con la adquisición de una bodega que comparada con todo bien que podría estar sujeto a investigación, sencillamente no significa nada.
Cómo pues abonar a la credibilidad en la lucha contra el crimen organizado, si la PGR nada ha podido hacer en un caso menor de supuesto mal uso del poder, en el que se involucró a un candidato presidencial, el señor Ricardo Anaya, que pese a tanto escándalo judicial y político para hacerlo ver como un ejemplo de abuso y corrupción, lo único cierto es que el perseguido sigue libre y sin cargo alguno.
O sea, que Anaya está vivito y coleando.