Debatir le conviene a México
Luis Muñoz miércoles 14, Mar 2018Segunda vuelta
Luis Muñoz
Mientras los candidatos José Antonio Meade y Ricardo Anaya aceptaron la decisión del Tribunal de debatir en el período de inter campañas, Andrés Manuel López Obrador prefiere no hacerlo para no exponerse, según él, a que le “echen montón”.
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, también aceptó la decisión del Tribunal Federal Electoral de permitir los encuentros entre candidatos en el periodo de inter campañas.
Este martes, Arturo Zamora, secretario general de la CNOP, uno de los tres sectores del PRI, calificó de “oportuna y coherente” la decisión de la sala superior del Tribunal Electoral, de revocar el acuerdo del INE, que prohibía debates entre los candidatos a la presidencia de la República durante este periodo que concluye a finales de mes.
Estimó que “por esa mala decisión, el INE privó a los mexicanos de conocer y contrastar las propuestas de los candidatos durante un mes”.
En cambio, con la decisión del Tribunal ganan los ciudadanos y los candidatos, al superar una restricción a sus libertades, y ganan los medios que veían limitado su ejercicio periodístico.
El dirigente del Sector Popular, quien además es senador de la República con licencia, abundó que se trata de una victoria de la democracia, pues ello permitirá que los candidatos a la Presidencia debatan y dialoguen en un marco de respeto y civilidad.
Consideró, eso sí, “muy lamentable que uno de los candidatos a la presidencia, haya declinado a participar en un debate fase, lo muestra de su desdén hacia la ciudadanía y evidencia su temor e incapacidad de confrontar ideas y propuestas de manera pública”.
Tanto Meade como Anaya lo convocaron a debatir. Incluso, el candidato panista lo retó a aceptar “si es que tiene pantalones”. Zamora Jiménez explicó que de persistir esta negativa, los ciudadanos tendrían que esperar a los tres debates presidenciales que se realizarán durante la campaña para conocer la consistencia programática de este candidato y su aptitud para interactuar con sus contrapartes en un debate plural, transparente y democrático.
El líder de la CNOP calificó de “verdaderamente irresponsable” que quien aspira a ser Presidente en una democracia se niegue a debatir de cara a la sociedad.
Con esta actitud, López (Obrador) confirma su perfil autoritario, intolerante y opaco, y deja claro que, en cualquier cargo o responsabilidad, actuaría como lo hizo durante su paso por el gobierno de la Ciudad de México, violentando la ley, despreciando la crítica y el desacuerdo, y fomentando el odio entre la ciudadanía”, añadió.
Expresó que los debates también representarían una oportunidad para que Ricardo Anaya rinda cuentas sobre las acusaciones que pesan sobre él, por la triangulación de recursos, la creación de empresas fantasmas y su involucramiento en lavado de dinero.
“Acusa a otros de corruptos, cuando la corrupción ha sido la marca de su escuálida carrera política, desde los moches que como práctica instituyó en su partido cuando él fue diputado, hasta la fortuna que hoy posee y su inexplicable tren de vida”, agregó.
Buscan fijar precios a medicinas
El senador Patricio Martínez García dio a conocer una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 31 de la Ley General de Salud, con el fin de dotar de atribuciones a la Secretaría de Economía para que fije los precios máximos de venta al público de los medicamentos en beneficio del público en general, debido a los precios exagerados que establecen las empresas distribuidoras de medicinas en el país.
El senador, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, señaló que la citada dependencia, a partir de escuchar la opinión de la Secretaría de Salud, deberá considerar un precio justo que no pueda incorporar como factor de costo un cinco por ciento por concepto de inversión en investigación, sin exceder el precio promedio del mismo medicamento en los países de América Latina.
Abundó que “la Secretaría de Hacienda tendrá la intervención que le corresponda en la determinación de precios, cuando tales bienes sean producidos por el sector público, en tanto que la Secretaría de Salud proporcionará los elementos técnicos a la Secretaría de Economía acerca de la importación de insumos para la salud”.
Martínez García expuso que de acuerdo con un estudio de la Secretaría de Economía sobre la industria farmacéutica, México es el segundo mercado más grande de América Latina de esta industria, donde también se destaca que 14 de las 15 principales empresas a nivel internacional se ubican en nuestro país, por lo cual es considerado uno de los principales centros manufactureros del sector salud a nivel mundial.
Agregó que esa actuación de las empresas farmacéuticas contrasta con el hecho de que las actividades de innovación y desarrollo científico que desarrollan, las realizan en sus países de origen y no en territorio mexicano.
“El problema, observó, radica en que el gobierno no ha logrado establecer verdaderos contrapesos a los abusos salvajes de las farmacéuticas, las cuales, justificando las inversiones en investigación para el desarrollo de patentes, imponen precios extremadamente elevados en consideración a los existentes por el mismo medicamento en otros países”.
