Ministerios públicos “colapsados”, reflejan impunidad al alza
Mauricio Conde Olivares miércoles 14, Mar 2018“Hora 14”
Mauricio Conde Olivares
≠Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), presentó el reporte “La impunidad subnacional en México y sus dimensiones IGI-MEX 2018”, trabajo coordinado por Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, académicos e investigadores de la UDLAP.
“Desde la publicación en 2015 del primer Índice Global de Impunidad, la Universidad de las Américas Puebla ha señalado que la lucha contra la impunidad es el elemento clave de una estrategia para combatir la violencia y corrupción que afectan a México.
El nuevo IGI-MEX 2018 no sólo confirma los resultados presentados por la versión publicada en 2016, muestra también que, al hacer caso omiso de nuestras recomendaciones, las autoridades permitieron que el nivel de impunidad estatal aumentara en prácticamente todo el país”, expresó Derbez Bautista.
Mencionó además que la publicación ofrece datos específicos que permitirán diseñar un programa de medidas verificables y evaluables por la sociedad en el combate a la violencia y corrupción que hoy afligen al país.
El rector de la UDLAP dio a conocer que en el IGI-MEX 2018 participaron académicos y estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla, “con lo que la UDLAP reitera su vocación de excelencia en la investigación y su compromiso social con México y sus ciudadanos en el fortalecimiento del Estado de Derecho”, enfatizó Derbez Bautista.
Recalcó que los partidos políticos deben asumir la responsabilidad y entender que si quieren combatir la corrupción y la violencia tienen que eliminar la impunidad; siendo ésta la única manera de mejorar los niveles de seguridad, el acceso a la justicia y la protección de derechos humanos en nuestro país. También se requiere invertir, capacitar y mejorar los puntos que se detallan en el Índice Global de Impunidad: “No es un asunto de quién gobierna, es un asunto de cómo se gobierna y se definen prioridades y de qué manera se implementan”, subrayó Derbez.
Durante su participación Juan Antonio LeClercq Ortega, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP, señaló que la impunidad es un fenómeno que requiere ser estudiado por sí mismo, no sólo acompañado de seguridad, justicia, violencia y corrupción porque retroalimenta y multiplica los efectos de estos problemas, aumenta el nivel de las víctimas y agudiza problemas como la corrupción e incluso la violación a los derechos humanos.
En comparación con los resultados del IGI-MEX 2016, aplicando estrictamente la misma metodología y midiendo las mismas dimensiones y variables, el IGI-MEX 2018 ofrece las siguientes conclusiones:
Estados con impunidad al alza. Estas entidades aumentaron en cinco puntos o más su índice de impunidad: Aguascalientes (+7.48 puntos), Tlaxcala (+7.37 puntos), Nayarit (+6.65 puntos), Puebla (+6.4 puntos), Chiapas (+5.68 puntos), Guanajuato (+5.66 puntos), Tamaulipas (+5.49 puntos) y Coahuila (+4.95 puntos).
Estados con los índices más altos de impunidad (diez principales): 1) Estado de México (80.06), 2) Tamaulipas (78.88), 3) Baja California (78.08), 4) Coahuila (77.88), 5) Quintana Roo (77.33), 6) Guerrero (76.08), 7) Aguascalientes (75.85), 8) Veracruz (75.62), 9) Puebla (75.59) y 10) Oaxaca (75.12).
El homicidio no se castiga en México. El porcentaje de encarcelados por homicidio con relación a los homicidios en averiguaciones previas bajó de 27.5% a 17.09%.
Estados que prácticamente no tienen sistema de justicia. Debemos recordar que México tiene cuatro veces menos jueces y magistrados que el resto del mundo (3.9 frente a 16 por cada cien mil habitantes). El país se encuentra en esta situación por el déficit que presentan dichas instituciones, tanto en los estados, como en el ámbito federal. Las siguientes entidades tienen un número inferior al promedio nacional de jueces y magistrados para atender a su población: Aguascalientes (3.34), Baja California (2.73), Coahuila (2.74), Hidalgo (2.5), Estado de México (2.32), Michoacán (3.2), Nuevo León (2.56), Puebla (1.5), Sonora (3.31), Tamaulipas (3.08), Tlaxcala (2.82) y Yucatán (2.97).
El número de jueces y magistrados por cada cien mil habitantes aumentó marginalmente de 3.5 a 3.59.
México tiene la mitad (50.86%) de los policías preventivos estatales que debería tener como mínimo.
Los ministerios públicos están colapsados: el número de agencias es de 3.53 por cada cien mil habitantes. Su personal disminuyó de 33.9 a 31.19, los agentes de 7.6 a 6.27 y por cada mil delitos registrados la proporción de agentes pasó de 5.31 a 4.97 (todo por cada cien mil habitantes).
El porcentaje de reclusos sin sentencia en primera instancia pasó de 35.7% a 27.71%, producto de la implementación del sistema de justicia penal.
La proporción entre el personal del sistema penitenciario y el número de reclusos disminuyó en un 15%, pasando de 0.2 en IGI-MEX 2016 a 0.17 en IGI-MEX 2018.
Con 80.06 puntos el Estado de México es la entidad con el índice más alto de impunidad en el país: se registran 202,205 carpetas de investigación, la cantidad más alta en todo el país.
Únicamente hay 1,209 sentenciados en primera instancia y sólo el 0.59% de las carpetas acaba en sentencia, lo que habla de la debilidad en la integración de las carpetas por parte de los ministerios públicos.
Por otra parte, y como el miedo no anda en burro, la directora general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), Alicia Ricalde Magaña, informó que en un plazo de seis meses los puertos de la entidad serán los primeros de cabotaje en México (con rutas al interior del país), en contar con el Código Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) que hasta hoy solo se aplica en puertos de altura, que cubren rutas internacionales.
La funcionaria indicó que en días pasados autoridades de los tres niveles de gobierno sostuvieron reuniones de trabajo en la Ciudad de México, Playa del Carmen y Cozumel, en las cuales acordaron diversas acciones para reforzar, de manera coordinada, la seguridad de las terminales navieras, como la incorporación de 30 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) para vigilar las instalaciones de la terminal marítima de San Miguel, Cozumel, donde la Apiqroo apoyará con la alimentación y hospedaje de los policías.
El director general de Puertos, Alejandro Hernández Cervantes, gestionó ante el Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, Guillermo Ruiz de Teresa, el apoyo necesario para realizar un diagnóstico de riesgos en las terminales marítimas de Quintana Roo, mismo que estará a cargo del Instituto de Educación Náutica y Portuaria A. C. (IENPAC), mientras que el Jefe de la UNICAPAM de la SEMAR, Almirante Jorge Manuel Sainz Zamorano, se comprometió a enviar un equipo de expertos para participar en el análisis de riesgo.
Asimismo, señaló que la SCT gestionó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una partida especial de 40 millones de pesos para el blindaje de las terminales marítimas, a través de la Dirección General de Puertos, para la adquisición de equipo de punta, capacitación de personal para su manejo y adecuaciones en las instalaciones de las terminales portuarias.
La titular de la Apiqroo indicó que la instrucción del gobernador Carlos Joaquín es garantizar la seguridad a los usuarios de las terminales portuarias, pobladores o vacacionistas.
Las medidas fueron acordadas por los representantes del Instituto de Educación Náutica y Portuaria A.C. (IENPAC) Capitán de Altura Miguel Ángel Ozuna Rodríguez, de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, Capitán Sergio Varela de la Secretaría Federal de Turismo, José Luis Montemayor Jasso, de la Policía Federal Juan Manuel Ayala Guarro, del Ministerio Público de la Federación, Luis Enrique Alférez Kantun, de las navieras y autoridades de ambos municipios, así como la titular de la Apiqoo, Alicia Ricalde Magaña, empero lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.
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Blindan terminales marítimas de Quintana Roo. Destina la Secretaría de Hacienda una partida especial por 40 millones de pesos.
