Guillotina contra Anaya
Freddy Sánchez jueves 8, Mar 2018Precios y desprecios
Freddy Sánchez
No es lo mismo un aborto que un infanticidio.
El primero, quizás podría tener una disculpa, pero el segundo, jamás.
Como tampoco pretender a estas horas del avanzado proceso electoral, extirpar la candidatura de Ricardo Anaya.
Hacerlo equivaldría a “matar” un producto fetal en pleno desarrollo.
Porque eso es en el actual momento la candidatura de Anaya, apoyada por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano.
Qué otra cosa pues, si no un feto en gestación debidamente formado y con pleno derecho a seguir luchando por alumbramiento.
Tarde es, por consiguiente, a efecto de cualquier propósito para intentar un aborto que más bien sería un infanticidio.
Hace seis o siete meses, (siendo apenas un proyecto de vida sin haberse formado realmente), haber echado fuera del “útero” electoral a Ricardo Anaya, bajo cargos criminales, no habría despertado mayor suspicacia ni rechazo político ni social.
Pero, ahora que las encuestas lo ubican en plena disputa de la presidencia, emparejándose con López Obrador, cualquier acto de autoridad para eliminarlo de la contienda electoral, pondrían en evidencia lo que no pocos compararían con el uso prepotente y faccioso de los instrumentos de la ley con fines electorales.
Y obviamente: ni siquiera importaría si es o no culpable de los actos de corrupción inmobiliaria de los que se le acusa al señor Anaya.
A quien, muchos meses después de que supuestamente se lo ha estado investigando, resulta sorprendente que hasta este momento y no anteriormente se hayan encontrado elementos para ponerlo bajo la mira de la justicia en aras de consignarlo penalmente o por lo menos alentar en la opinión pública la idea de que podría tratarse de un político deshonesto al que por esa razón se le investiga.
O sea que como dice el dicho: calumnia que algo queda.
Y es que aun si la Procuraduría General de La República decidiera el no ejercicio de la acción penal contra Anaya, la siembra de suspicacias sobre su comportamiento difícilmente se olvidará entre ciertos electores cuando acudan a votar para la presidencial.
Algunos quizá lo apoyarán con más convicción que nunca, pero no todos harán lo mismo.
De ahí que la persecución judicial contra uno de los aspirantes presidenciales, (teniendo como tiene Anaya posibilidades reales de ganar la elección), debió en todo caso proceder antes, mucho antes del presente electoral que está viviendo el país y en el que debido al toma y daca de acusaciones de corrupción, lo que se diga de uno y otro candidato parece más retórica electoral que dichos ciertos sobre conducta de corrupción que se puedan probar.
De modo que lo que debió suceder en su momento y no sucedió, respecto a la persecución contra el candidato presidencial del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, debe terminar antes de que política y electoralmente se haga un grave daño a la credibilidad de la democracia y las instituciones en el país.
Así que, no tanto por sacar la cara contra el acoso judicial en perjuicio de uno de los contendientes presidenciales, sino para evitar un notable deterioro en la confianza social para los procesos electorales en México, es menester poner freno la judicialización de la política y desmantelar la guillotina contra Anaya.