Hay que dignificar las cárceles
Luis Muñoz miércoles 7, Mar 2018Segunda vuelta
Luis Muñoz
Ante el evidente probde hacinamiento y los altos niveles de sobrepoblación en varios penales del país, considerados de “baja capacidad”, se debe pugnar por dignificarlos, para que estén en condiciones de garantizar una mejor estancia a la población carcelaria, que hoy se estima en 204 mil 617 internos.
Actualmente, en 109 prisiones de las 358 que operan en México, su capacidad operativa ha sido superada, lo que impide garantizar el cumplimiento mínimo de las normas reguladoras de la vida en prisión.
Esa situación, además, propicia un ambiente inadecuado para el éxito de su función, que debiera traducirse, cuando menos, en otorgar condiciones de estancia digna y derecho a la re inserción social.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta problemática conlleva una mala clasificación: deficiencia en las actividades educativas, deportivas, laborales, de capacitación, en atención a la salud y, en general, a las condiciones dignas de internamiento.
Por supuesto, eso deriva en mucho de la inadecuada infraestructura de los centros penitenciarios de baja capacidad instalada. En ese sentido, la CNDH consideró necesario atender los señalamientos constitucionales y criterios internacionales de la ONU consignados en las Reglas Mínimas para la Tratamiento de los Reclusos, mejor conocidas como “Reglas Mandela”. El organismo dio a conocer las siguientes cifras, que ilustran el tamaño del problema:
Existen en el territorio nacional 358 penitenciarías en las que hay 204,617 personas privadas de la libertad, de las cuales 13,177 están albergadas en 109 centros con capacidad menor a 250 espacios dependientes de las autoridades estatales, que en su mayoría no cuentan con infraestructura mínima para desarrollar un buen régimen penitenciario.
Los centros de reclusión que presentan sobrepoblación están en los estados de Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Morelos, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Tabasco y Veracruz.
En su Informe Especial sobre los Centros de Reclusión de Baja Capacidad Instalada en la República Mexicana, dirigido a los gobernadores de esas entidades y al titular del gobierno de la Ciudad de México, así como a la Comisión Nacional de Seguridad, la CNDH enfatiza que tales deficiencias son susceptibles de corrección y por eso propone desarrollar una “política de armonización de los inmuebles con las exigencias que se derivan de poner en marcha un buen régimen penitenciario”.
PIDEN LA CABEZA DE FUNCIONARIOS
La inseguridad es un cáncer que lacera a la ciudadanía y que siempre ha estado allí. Sin embargo, en los últimos meses creció de manera exponencial en la Ciudad de México, sin que haya indicios de mejora.
Ante esta situación, el diputado de Morena, Alfonso Suárez del Real, dijo que por este grado de inseguridad se debe poner “sobre la mesa” la posibilidad de ser removidos de sus cargos el secretario de Seguridad Pública y el procurador.
Suárez del Real dijo que el Ejecutivo federal puede hacer valer su derecho de potestad sobre la inseguridad y relevar a los titulares de las dependencias antes señaladas, por incapacidad.
El legislador de Morena acudió a la PGR para denunciar los puntos de venta y lugares de reunión de los delincuentes.
Señaló además que las cifras que recibe el jefe de gobierno sobre la inseguridad en la capital, son irreales y subrayó que el “poderoso C5” no está dando los resultados deseados.
TRANSPORTE, MAL, REVELA SONDEO
El pasado lunes, el director general del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, doctor Alfonso Robledo Leal, presentó los resultados de la encuesta telefónica nacional, “Movilidad urbana”, cuyos resultados resultaron más que negativos en materia de transporte.
El objetivo de la encuesta fue conocer la percepción de la gente respecto al transporte público, a las medidas implementadas para reducir la contaminación del medio ambiente; la conservación y funcionamiento de la infraestructura, así como a las políticas públicas en materia de movilidad, entre otros temas.
Los datos que arrojó revelaron que el transporte público no es apto para las personas con alguna discapacidad, según opinó 84% de los encuestados. La aplicación de las fotomultas es rechazada por 58%, en tanto que en la experiencia de los entrevistados (76%), un robo o asalto es el mayor riesgo al viajar en transporte público.
En la percepción de 52%, los vehículos que integran el trasporte público (pesero, microbuses, combis) son los que contaminan más en su ciudad, 15% dijo que son los camiones de basura.
Con base en la experiencia de quienes han llevado su vehículo a verificar, 41% dice que es “fácil o muy fácil” que su vehículo obtenga un holograma cero o doble cero, siempre y cuando sea mediante una mordida en el verificentro.
El programa “Hoy no circula” ayuda mucho o algo a mejorar el medio ambiente de la ciudad, así opinaron 5 de cada 10 encuestados. En ese mismo sentido, 78% está en desacuerdo que vehículos con placas federales estén exentos de la verificación.
