La corrupción amiga
Freddy Sánchez martes 6, Mar 2018Precios y desprecios
Freddy Sánchez
Ahora, resulta que el lugar número 39 en materia de corrupción, atribuido a México en uno de los últimos análisis sobre el tema (cuya medición es de atrás para adelante y el más corrupto sería el número uno de los ciento y tantos países evaluados), es nada menos que obra y gracia de un solo hombre.
El panista Ricardo Anaya, según pudiera parecer el hecho de que la supuesta corrupción que se le imputa, es de la que más se habla como si de estar probado indubitablemente que existió, fuera la única que amerita ventilación pública y por lo tanto reacciones sociales, políticas e institucionales, hasta lograr la condenación del único corrupto que pudiera haber en nuestra tierra.
Dicho de otro modo: pretendiendo absurdamente que en la lucha contra la corrupción, en especial de los vándalos del poder político y empresarial (la mayoría disfrutando de impunidad), una golondrina pudiera hacer verano.
O sea, que lapidando en la plaza pública a Anaya, los demás corruptos logren su exoneración.
Nada más ridículo que eso.
El hecho es que el candidato presidencial del frente, compuesto por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, sigue siendo objeto de una andanada crítica, debido a que según sus increpadores, lavó dinero e hizo negocios fraudulentos en el rubro inmobiliario.
La Procuraduría General de la República, dedicada de tiempo atrás a las indagatorias sobre estos presuntos hechos delictivos, hasta ahora no ha procedido legalmente a fincar posibles responsabilidades penales al aludido, para solicitar ante un juez su aprehensión y respectiva consignación penal.
Anaya fue invitado a declarar sobre el asunto, con motivo de una visita que junto con sus seguidores realizó la semana pasada a las instalaciones de la PGR, justamente para demandar que la dependencia actué en su contra o deje de hostigarlo prestándose a una indagatoria que tiene visos de “guerra sucia” en el proceso de sucesión presidencial.
Dicha declaración no se formalizó debido a que tampoco se le dio la debida formalidad a la citación para declarar y por consejo legal de su asesor Diego Fernández de Cevallos, el ex dirigente nacional del panismo optó por solicitar el citatorio respectivo para proceder a una declaración posterior sobre aquello de lo que se le acusa y se le investiga de manera oficial.
Justo sería entonces, que la Procuraduría General de la República no dejara lugar a dudas sobre su intervención imparcial en este caso, procediendo conforme a derecho a concretar las acciones pertinentes que lleven ante un juez al señor Anaya, si es que se cuenta con los elementos legales que lo justifiquen y de no ser el caso, que la PGR sencillamente decida el no ejercicio de la acción penal.
Algo que de no suceder a la brevedad, (en cuestión de días y no de semanas), el inoportuno y sospechoso retraso de una resolución de autoridad en tal sentido, lógicamente estaría contaminando el proceso electoral en curso con la peor de sus malas semillas: la judicialización de la política.
Cosa que no le conviene a la democracia, al proceso electoral y a ninguno de los contendientes presidenciales.
Basta pues de aparentar el uso de los instrumentos de la ley como medios de acoso y hostigamiento de los adversarios políticos, puesto que las leyes fueron hechas para hacer justicia y no antidemocráticas patrañas electorales.
Ese abuso no se lo debe permitir ningún actor político que se respete por más que lo incite un afán perverso de ganar a como dé lugar valiéndose de intrigas y manipulaciones judiciales de la corrupción amiga.
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