Una justicia veloz
Alberto Vieyra G. martes 6, Mar 2018De pe a pa
Alberto Vieyra G.
Creada por decreto presidencial en mayo de 1900 por el general Porfirio de la Cruz Días Mory, la PGR ha sido usada por los gobiernos en turno como instrumento de venganza política. A lo largo de más de un siglo, la PGR ha sido algo así como la Santa Inquisición, donde se castiga a los enemigos del gobierno y, cuando ello ocurre, la justicia suele ser extraordinariamente veloz. ¿Ejemplos? Uff… hasta para llenar varios libros. Basta recordar los casos Durazo Moreno, Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, Elba Esther Gordillo Morales, que han sido consignados y procesados a la velocidad del rayo, como mandan los cánones cuando se trata de venganzas políticas.
Por la gracia de la pluralidad política, a la PGR han llegado, como titulares, teóricos, políticos, rancheros, iluminados, académicos, hechizos, colados, tecnócratas, yupis y hasta maricas, pero esa institución ha carecido, históricamente, de un jurista experto en derecho penal y procesal, lo que se llama un verdadero abogado general de la nación. Todos actúan por consigna del Ejecutivo federal, sea del color que sea.
¿Por qué hago historia?
Así parece ocurrir, nuevamente, en el caso del candidato presidencial de la prostituta alianza PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya Cortés, quien cometió el pecadillo de traicionar al actual régimen priísta en acuerdos, incluso firmados, en el llamado “Pacto por México”. El régimen tricolor no le perdona sus traiciones a ese niño chillón y como sabe que su historial en materia política y de trinquetes está lleno en los últimos 13 años, pues pa´ pronto, la PGR está lista para echarle el guante por supuestos delitos de lavado de dinero en el renglón inmobiliario, e incluso, un fraude por más de 22 millones de pesos en prejuicio de la Cámara de Diputados.
Por lo pronto, la PGR a paso veloz, ya está tras los huesos del empresario queretano Manuel Barreiro, prófugo de la justicia mexicana, por haber utilizado a sus empresas para la triangulación de más de 54 millones de pesos que le fueron pagados a Ricardo Anaya por la compra de un edificio en Querétaro, detrás de cuya operación existe una complicada red de ingeniería al más puro estilo de las mafias, para perderle el rastro al dinero que fue triangulado entre México, Suiza, Canadá y Gibraltar.
La PGR, a la velocidad de la luz, investigó a Barreiro, cateó sus propiedades y las de otros implicados en la tenebrosa trama que podría costarle a Anaya, la candidatura presidencial.
No hay duda que Barreiro y cómplices irán a la cárcel, de donde saldrá mucha lumbre que quemará al PAN y a sus aliados en la próxima elección presidencial.
Anaya, como ya es su costumbre, no bajan al PRI y a la PGR de ser la Santa Inquisición que lo quiere quemar con leña verde, y jamás se ha atrevido a decir que, quien realmente atiza esa guerra es el gobierno. ¿Quién iba a desaprovechar esa oportunidad de oro para aniquilar a un contrario, teniendo tanta podredumbre en su contra, de la cual sabe mucho el actual director del Cisen, Alberto Bazbaz?
La corrupción de Anaya ha servido para que muchos mexicanos hagan cera y pabilo de lo que consideran es una ratota coluda, entre ellos los diputados priístas que le llaman “Candiratón” y lo han ridiculizado con una botarga con camisa de presidiario y con una ficha en el pecho que reza: “Candiratón: 55 millones”.
Los sencillos habitantes de México, no dudan decirle en su cara: “Señor candiratón, su arroz ya no se coció”.
