Mayor gasto federalizado a estados y municipios
Luis Muñoz lunes 5, Mar 2018Segunda vuelta
Luis Muñoz
Conforme a lo previsto, para este 2018 el gasto federalizado aumentará 1.5% en términos reales, respecto al año anterior, para ubicarse en 1 billón 791,932.2 millones de pesos (mdp).
El Instituto Belisario Domínguez del Senado, dijo que ello se debió ante el aumento, principalmente, de 69,365.4 mdp en el Ramo 28 Participaciones y de 36,479.9 mdp en el Ramo 33 Aportaciones.
En el documento “Análisis de los recursos federales identificados para las entidades federativas en el PEF 2018” y los 32 documentos que se concentran en cada entidad federativa, integran y sintetizan los componentes del gasto federalizado, así como el gasto federal que será ejercido mediante programas específicos y de subsidios en las entidades federativas y municipios, Programas y Proyectos de Inversión (PPIs), así como proyectos de Asociación Público-Privada (APPs).
Respecto al año anterior, el análisis destaca que al interior del Ramo 28 Participaciones Federales sobresale el aumento de 57,177.6 mdp del Fondo General de Participaciones y en el Ramo 33 Aportaciones Federales un aumento del Fondo al Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto de Operación (FONE) de 13,093.3 mdp.
Por su parte, dentro del Ramo 23, sobresale la eliminación de los recursos destinados del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y la reducción de 705.8 mdp al Fondo para el Fortalecimiento Financiero.
Detalla que para este año, 30 entidades federativas presentan crecimientos presupuestarios, entre las que destacan Campeche con 7.5%, Veracruz con 6.9%, Baja California Sur con 6.1% y el Estado de México con 5%. Únicamente los estados de Quintana Roo y Nuevo León presentan una caída en el gasto federalizado de 0.1% en términos reales.
Por otro lado, el documento señala que los programas específicos y de subsidios que el gobierno federal ejercerá en las entidades federativas tuvieron un incremento de 17,379.0 mdp, equivalente a 1.8% más en términos reales respecto al año anterior.
Al interior, la mayor expansión será en los Subsidios a Tarifa Eléctricas en 7,065.0 mdp seguida del Sector Educación con 6,066.7 mdp, y de Ciencia y Tecnología en 5,070.5 mdp.
En la sección de PPIs, el análisis señala que los recursos destinados para éstos disminuyeron 2.1% en términos reales respecto de 2017, con lo que se mantiene la tendencia a la baja de este gasto que, respecto de 2015, es 47% menor en términos reales.
La principal merma en los PPIs se registra en el presupuesto destinado a proyectos de infraestructura económica (proyectos de electricidad, puertos, aeropuertos, carreteras alimentadoras y caminos rurales, infraestructura ferroviaria, entre otros) por 15,814.2 mdp, equivalente a una caída de 10.5% en términos reales.
Finalmente, señala que en el PEF-2018, se presentan seis nuevos proyectos de APPs que se adicionan a los 16 ya existentes para alcanzar una inversión total de 19,516.7 mdp, 119.8% superior en términos reales a lo invertido en 2017.
PIDEN SUBSIDIAR SERVICIO ELÉCTRICO
La diputada, Ana Guadalupe Perea Santos, de Encuentro Social, propuso que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) establezca medidas que aseguren un servicio eléctrico básico preferencial a usuarios con discapacidad, cuyo consumo sea originado por aparatos permanentes para su evidente supervivencia o que garanticen su inclusión social.
En una iniciativa para adicionar un tercer párrafo al artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, se señala que para sobrevivir, sanar o como auxilio a una discapacidad, algunas personas requieren elementos adicionales que, por sus características específicas, demandan un suministro eléctrico más allá del convencional.
En el documento, enviado a la Comisión de Energía, se destaca que la discapacidad obliga a una planificación presupuestaria específica, pues modifica las prioridades de consumo y la presión que supone sobre el gasto familiar obliga a restringirlo en otras partidas. Además, en las casas de esa población se gasta hasta tres veces más en alimentos, vivienda y cuidados a la salud.
Sostiene la legisladora que el país no tiene una política pública que cubra estas necesidades y deja a muchos mexicanos con discapacidad en franca desventaja.
AUMENTAR PENAS NO ES LA SOLUCIÓN
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, se pronunció en favor de revisar el modelo de política criminológica en el país, ya que no basta con aumentar las penas de prisión o aplicar políticas de fuerza para frenar la comisión de delitos, sino debe impulsarse aún más la educación por ser poderoso medio para crear conciencia y elemento imprescindible para el total respeto de los derechos humanos.
