No, a uso electoral de programas
Luis Muñoz miércoles 14, Feb 2018Segunda vuelta
Luis Muñoz
El coordinador de la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa, César Cravioto Romero, exigió a Miguel Ángel Mancera transparentar los programas sociales implementados en las delegaciones en este 2018.
Es urgente, dijo, dar a conocer, de manera pública, la operación de los programas y apoyos que se otorgan a delegaciones del PRD y en el mismo gobierno capitalino, a fin de descartar que esas acciones tengan tintes político electorales.
Cravioto Romero demandó la renuncia del director de Administración y Desarrollo de Personal del gobierno de la Ciudad, Miguel Ángel Vásquez, a quien calificó como “mapache electoral del PRD”.
La renuncia, expuso, “es necesaria para que este personaje no conduzca la basificación de los 10 mil trabajadores y para que ese proceso se desarrolle de manera transparente”.
Dejó en claro que Morena no se opone a que se basifique a los trabajadores eventuales, lo que cuestiona es que dicha acción se ejecute en un año electoral. “Debemos estar seguros de que no se cuelen aviadores y operadores políticos del PRD”, expuso.
Por ello requirió a Mancera que informe sobre las identidades de los 10 mil beneficiarios, el lugar donde laboran y los años que llevan trabajando de manera eventual.
De igual manera, Cravioto Romero denunció el uso electoral que le pretende dar la delegada de Iztapalapa a más de 100 millones de pesos para contratar operadores para las 103 secciones electorales de la demarcación. Advirtió que el gobierno pretende mantener una estructura político-electoral para operar a favor del PRD en esa delegación”.
Sobre el tema, el diputado Paulo César Martínez López lamentó el cinismo y la ambición de las autoridades locales que, mediante su silencio cómplice, encubren el empleo de programas sociales para fines electorales, pero por otro lado, se ahorran recursos con la supuesta reconstrucción de “casas de unicel”, que no cuestan más de 50 mil pesos.
Cierran negocios en Aca
El grado de violencia que vive Guerrero y particularmente el puerto de Acapulco, que ha afectado al pequeño y mediano comercio local, hace imprescindible que las autoridades vean con preocupación lo que sucede en ese destino turístico porque, de no ser atendido el problema, podría inhibir el turismo y afectar esta importante fuente de ingresos.
Por eso consideramos pertinente retomar parte de la entrevista que dio el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Acapulco, Alejandro Martínez Sidney, al programa Estrictamente Personal, que conduce Raymundo Riva Palacio.
Entre otras cosas, el empresario señaló que en lo que va del año suman 120 comercios cerrados en el puerto, mientras que en 2017 fueron 2 mil 800, 60% de ellos por problemas de violencia o inseguridad.
Esta espiral obligó a los empresarios de la zona a exigir al gobernador Héctor Astudillo a que cree una unidad especializada contra la extorsión y que los ayuntamientos tengan una unidad élite de reacción inmediata.
El modus operandi de estas delincuentes siguen el mismo patrón que en otras ciudades, incluida la ciudad de México.
Recurren al llamado “cobro de piso”, que no es otra cosa que una extorsión descarada para que los comerciantes establecidos puedan seguir trabajando sin problemas.
Cabe destacar que, como explicó Martínez Sidney, este “cobro de piso” le deja a los delincuentes ganancias millonarias, lo que les ha permitido fortalecer sus organizaciones, pues con esos recursos compran más armas, vehículos y personal, y crean una red más organizada.
Cabe señalar que en enero de este año se dio la voz de alerta. Empresarios afiliados a la Canaco y Fecanaco revelaron que 15 socios y propietarios de negocios en la Condesa advirtieron que cerrarían debido a la inseguridad en que viven.
Entonces, los empresarios pidieron una audiencia con el gobernador para replantear la estrategia de seguridad en la zona turística, porque aseguraron que la mayoría de los negocios de la Costera pagan la “cuota”. Sin embargo, hasta ahora no se ha hecho nada. Los comercios siguen bajo la presión de la delincuencia.
Credibilidad en las instituciones
Los diputados de Nueva Alianza dijeron estar comprometidos en fortalecer las instituciones y restablecer su credibilidad, pero para ello, dijo, es imperativo garantizar que quien encabece los esfuerzos de la procuración de justicia en el país, cumpla con los requisitos de probidad y total independencia para el ejercicio de su función.
Por este motivo se unieron al exhorto a fin de que los Congresos de las 32 entidades federativas discutan, y en su caso aprueben a la brevedad, el Proyecto de Decreto que deroga el Artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia política-electoral.
La diputada Melissa Torres Sandoval dijo que la sociedad civil fue determinante para lograr que se eliminara el llamado “pase automático” del Procurador General de República a cargo de Fiscal General.
En ese sentido y consciente de que el primer Fiscal General de la República debe contar con la capacidad y la libertad necesarias para garantizar un efectivo cumplimiento del Estado de Derecho y sobre todo para abatir la impunidad que tanto lastima a la ciudadanía, acompañamos el Dictamen que ponía fin a la controversia, señaló.
