Fin a conflicto Corral-federación
¬ Augusto Corro lunes 5, Feb 2018Punto por punto
Augusto Corro
Termómetro… | Luis Xavier
Lo que amenazaba con ser un conflicto de dimensiones incalculables terminó el fin de semana con la firma de un convenio entre el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, de extracción panista, y Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación.
Hasta donde se ve el chihuahuense se salió con la suya.
En el acuerdo se contempla la entrega inmediata de 900 millones de pesos que reclamaba el mandatario Corral a la Federación, así como el compromiso de acelerar la extradición del ex gobernador, César Duarte; y trasladar de un penal estatal a uno federal a Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI, acusado de desviar dinero para la campaña de ese partido en 2016.
Los tres temas, sin lugar a duda, representaban un fuerte dolor de cabeza a las autoridades federales en temporada electoral, con una guerra sucia que amenaza con intensificar cada día.
El gobernador supo dónde le apretaba el zapato al gobierno federal y ahí presionó para resolver sus problemas.
Le entregarán de inmediato los 900 millones de pesos que reclamaba. Se agilizarán los trámites para que César Duarte sea deportado y aquí en México frente a la justicia por un sinnúmero de delitos que lo acusan, entre otros el de peculado y enriquecimiento ilícito. También surgió en contra del ex mandatario una denuncia por robo de ganado.
El ex funcionario chihuahuense llegó a la política cuando se desempeñaba como vendedor de coches seminuevos y salió del poder como socio del Banco Progresa. Después se fue a radicar a Estados Unidos, con el propósito de obtener la residencia en aquel país, con el fin de burlar a la justicia mexicana.
¿Cuándo traerán a César Duarte a México? Es la pregunta obligada. ¿Ocurrirá la deportación en estos meses de contienda electoral? ¿Dejarán el asunto para después de las elecciones? Sería muy buena idea que Javier Corral nos dijera, con la verdad, qué acordó con las autoridades federales.
Como se informó, el gobernador de Chihuahua, panista desde su campaña política, exigió la detención y castigo de César Duarte. Como no vio que la Federación moviera un dedo para castigar al ex mandatario decidió presionar para conseguir sus fines.
Para tal fin Javier Corral organizó una marcha de chihuahuenses denominada Caravana por la Dignidad que partió de aquella entidad con la Ciudad de México por destino. Con la firma del convenio entre la Federación y el mandatario estatal finalizó el conflicto que se extendió durante varias semanas. Todo vuelve a la paz. ¿Borrón y cuenta nueva? ¿Usted qué opina amable lector?
Más acusaciones contra Anaya
La semana que terminó no le fue muy bien al precandidato presidencial panista Ricardo Anaya en el manejo de su imagen política. Para empezar, le echaron en cara su empalagoso servilismo hacia su opositor priísta, José Antonio Meade Kuribreña.
Entre las razones por las que el precandidato priísta será el próximo presidente de México, Anaya descubrió, en un video, Meade Kuribreña como “un mexicano del que nos sentimos profundamente orgullosos, de los poquísimos mexicanos que han ocupado tres secretarías de Estado.
“El único que habiendo participado en dos gobiernos emanados de distintos partidos políticos. No nos sorprende porque es una consecuencia, sí de su preparación, de su solidez técnica, pero es sobre todo, una consecuencia natural de su verticalidad y de su extraordinaria calidad humana”.
¿Qué tal? En su defensa, Anaya dijo que esa declaración ocurrió hace varios años. De todas maneras se trató de un elogio desmedido, de político demagogo.
También en los medios de información se conoció la noticia relacionada con el precandidato Anaya y su Fundación por más Humanismo, una asociación civil de filiación panista, en un asunto de negocios turbios.
Dicha fundación que tenía como objetivo social “fortalecer la conciencia democrática de los queretanos y su formación cívico-política”, fue usada por el aspirante presidencial blanquiazul para hacer un millonario negocio inmobiliario con constructores amigos, mediante un complejo esquema de triangulación y encubrimiento de operaciones financieras.
Hace varios meses, también en los medios se denunció que “en los últimos 14 años, la familia política de Anaya, principalmente sus suegros, crearon un imperio inmobiliario, al pasar de cuatro a 17 inmuebles, que tenían un valor de 21.9 millones de pesos y actualmente valen 308, es decir 304 por ciento más”. Vamos rumbo a la guerra sucia electoral y los cañonazos ya van en serio.
