Ley Meade, en la agenda legislativa
Jorge Luis Galicia Palacios lunes 29, Ene 2018Como veo, doy
Jorge Luis Galicia Palacios
- Rocío Nahle, de Morena, descalifica la propuesta sin conocerla
- Contra corrupción e impunidad, los pendientes en el Legislativo
Cuando por todos lados vemos que corrupción e impunidad son temas de alta preocupación entre los habitantes, y que de todos lados hay gritos de auxilio, es válido preguntarnos si ante la gravedad de estos fenómenos sociales son legítimas las pugnas donde, por arrogancia o por valoraciones de tipo electoral, los partidos políticos se disputan la paternidad de una posible solución al respecto o, lo que es peor, postergan su atención. Habrá quien nos diga que están en su derecho, pues sí, pero no es ético.
A estas alturas, lo que menos le interesa a una población agraviada es descubrir si será primero el huevo o la gallina lo que dé origen a algunas alternativas para sancionar a quienes, desde el poder público o privado, han cometido o siguen cometiendo delitos en detrimento de las arcas de la hacienda pública, por lo que en esa problemática lo que urgen son respuestas contundentes de los hacedores de leyes y de las autoridades en la materia.
Lo anterior, viene a colación, ya que la semana pasada el candidato por la alianza “Todos por México”, José Antonio Meade, dio a conocer una interesante propuesta, que enviará al Congreso de la Unión para que se analice, se discuta y eventualmente se apruebe en el trascurso del periodo ordinario de sesiones a punto de dar inicio y con el apoyo del Legislativo impulsar de inmediato una cruzada nacional que combata corrupción e impunidad.
La propuesta no será una panacea y -como en todo- tal vez con el filtro de una eventual revisión, análisis y discusión se pueda enriquecer, pero lo que nos llama la atención es que aún antes de ingresar al Poder Legislativo la referida iniciativa no sólo la han descalificado, sino que hasta de ella han dicho que es parte de un “un plagio”. No es para menos, en un ambiente de confrontación política y de pugnas en tiempos electorales, es normal que los actores en disputa hagan su chamba y si para ello tienen que hablar por hablar para tener un impacto mediático, seguro seguirán ejerciendo ese derecho y libertad.
La descalificación proviene precisamente de una diputada, como Rocío Nahle (Morena), quien en más de una ocasión, a nombre del grupo parlamentario que coordina, ha subido a la tribuna de San Lázaro a denunciar actos de corrupción, sólo que ahora ha salido a los medios informativos a señalar con arrogancia que su partido ya presentó una iniciativa sobre el tema de corrupción y que de eso ya tiene un año.
No miente la legisladora respecto a la iniciativa que su grupo parlamentario ha presentado, pero sí lo hace cuando dice que lo expuesto por Meade es “un plagio”, ya que en la propuesta de Morena se propone modificar el artículo 108 constitucional y de manera somera en ella se menciona el asunto de extinción de dominio, sin entrar de lleno al tema, y con ese simple argumento Rocío Nahle grita a los cuatro vientos que “en la propuesta de Meade no hay nada nuevo”.
Para ser más puntuales en lo comentado por la diputada Nahle, revisamos la bitácora legislativa y nos damos cuenta que la iniciativa en comento fue presentada el 18 de mayo pasado en sesión de la Comisión Permanente y se turnó al Senado de la República para su dictamen, pero nada que ver su contenido con lo expuesto en el paquete de reformas y adiciones que propuso el precandidato que cuenta con el apoyo de los partidos del PRI, PVEM y Nueva Alianza. Así que en este asunto plagio no hay, pero si mentiras en los dichos de Rocío Nahle y también muchas ganas del precandidato Meade por contribuir al combate de corrupción e impunidad.
El paquete, bautizado como “Ley Meade”, tendrá como Cámara de Origen la de Diputados y consta de tres iniciativas, donde se proponen reformas a los artículos 22 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En general, los ejes rectores, son: Recuperar el dinero, propiedades y todos los bienes de los corruptos para canalizarlos a un fondo nacional de becas para niñas, niños y mujeres; aumentar las penas a los funcionarios públicos deshonestos, y volver obligatoria la certificación patrimonial de altos funcionarios y legisladores.
Por lo demás, en el entendido de que en el Congreso de la Unión existan una o varias iniciativas que atiendan la problemática expuesta, tal vez sea hora de darles la bienvenida y juntarlas para que en conjunto sean analizadas a fondo. Que el Congreso de la Unión -después de todo el proceso legislativo, incluida la participación social-, decida lo que a su consideración debe ser más útil y benéfico para el país, porque eso es lo que la sociedad quiere del legislativo, propuestas que culminen en una atención de las demandas ciudadanas y no únicamente ruido mediático o grillas de tipo electoral que a nada nos llevan.
VA MI RESTO.- A propósito de la actividad legislativa, el último periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura prácticamente trabajará con legisladores suplentes, ya que muchos de los titulares no se quieren perder la oportunidad de ser parte del nuevo formato legislativo, aquel que a partir de las elecciones de este año permite la reelección, donde los diputados que ganen estarán en posibilidades de serlo por tres periodos consecutivos más y los senadores uno, es decir 12 años.
Y bajo este nuevo sistema legislativo, lo único que queda por ver es quién merece ser reelecto y quién no, y hasta ahí porque como veo, doy.