Poder y delincuencia
¬ Augusto Corro viernes 12, Ene 2018Punto por punto
Augusto Corro
Lo que viene… | José Luis
Ya no nos sorprende saber que un gobernador saqueó las arcas públicas en tal o cual estado. En los últimos tiempos, los escándalos de los ex mandatarios rateros estuvieron presentes en las principales noticias: unos presos y otros perseguidos por las autoridades.
Antier, el Congreso local de Nayarit aprobó someter a juicio político al ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda, acusado de manejar programas sociales a favor de un candidato priísta a la gubernatura y por su presunto enriquecimiento personal y por el delito de cohecho.
El hecho de ser juzgado quizá no le preocupe demasiado al acusado. Del juicio no se desprenderá ninguna acción penal, únicamente se le inhabilitaría como funcionario público. De esta manera, su presunta malversación de recursos públicos no será castigada.
Antes de dejar el cargo de gobernador, Sandoval Castañeda fue investigado por las autoridades que encontraron que el funcionario no solamente era dueño de caballos pura sangre, sino que además poseía un silla de montar de ornamento de oro de 24 quilates con incrustaciones de diamantes.
Claro, al citado mandatario le fue mejor en su enfrentamiento con la justicia; porque a la fecha parece que ninguna autoridad le exigirá cuenta por sus innumerables derroches de compras suntuosas a cargo del erario.
Durante el gobierno de Sandoval Castañeda el fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, fue detenido y encarcelado en Estados Unidos (EU) por tráfico de drogas.
Andrés Granier Melo en la Ciudad de México
Otro de los ex gobernadores acusado de saquear el tesoro público cuando estuvo en el poder es Andrés Granier Melo.
Sólo que este ex mandatario utilizó su salud para quedar en la Ciudad de México a recuperarse en una cárcel-hospital. Así, en esta capital, según dicen, a gran altura a nivel le servirá al tabasqueño superar un mal cardiaco.
Así, en lugar de estar en un penal de Tabasco, Granier Melo ni siquiera regresó a su tierra a ser juzgado por enriquecimiento inexplicable, entre otros delitos.
Por cierto, en Villahermosa, Tabasco, se informó que Silvia Beatriz Pérez Ceballos, esposa de José Manuel Saiz Pineda, ex tesorero de Granier Melo, fue condenada, el 10 de enero, por un juez estadounidense a diez meses de cárcel y dos años de libertad supervisada, en el vecino país.
Pérez Ceballos fue encontrada culpable de fraude bancario. El jurado la absolvió de lavado de dinero de alrededor de 50 millones de dólares, presuntamente desviados por su esposo, José Manuel Saiz Pineda, quien se encuentra preso en una prisión de la capital tabasqueña.
Gobernador en vías de extradición
En Nuevo Laredo, Tamaulipas, los abogados defensores del ex goberndor Eugenio Hernández Flores luchan para evitar que su cliente sea extraditado a Estados Unidos, acusado en la Corte Federal para el Distrito sur de Texas de los delitos de asociación delictuosa para el lavado de dinero; operación de un negocio de envíos de dinero sin licencia, y asociación delictuosa para cometer fraude bancario.
Uno de los abogados del acusado manifestó que tienen como fecha límite el próximo 19 de enero, para presentar pruebas contra los delitos que la justicia estadounidense le imputa al ex mandatario tamaulipeco. El ex gobernador fue detenido el 6 de octubre.
Falta César Duarte
De la lista de ex gobernadores pillos, César Duarte, de Chihuahua, sigue ausente. Según declaraciones del mandatario chihuahuense, Javier Corral, el ex mandatario se encuentra en Estados Unidos en busca de la nacionalidad estadounidense para evitar la deportación.
“César Duarte construyó un modelo de delincuencia organizada para saquear las arcass del estado, en colusión con otros ex servidores públicos, como el ex tesorero, el ex secretario de Salud, el ex fiscal, así como empresarios emergentes”, dijo Corral.
Mientras capturan a César Duarte, el gobernador Corral decidió enfrentar al gobierno federal por una presunta venganza política. La queja se centra en que la Secretaría de Hacienda no le envió 700 millones de pesos al gobierno de Chihuahua, como lo tenían acordado.
Dijo que esa negativa federal fue porque inició una investigación por la triangulación de recursos públicos para financiar campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el 2016. Es decir, que el gobierno del estado recibía los recursos y los canalizaba al partido tricolor.
Las acciones del gobernador Corral, al asumir su papel de justiciero, tienen nerviosos a distinguidos personajes del gobierno federal y a ex dirigentes priístas, como informó DIARIOIMAGEN.
Feliz fin de semana.
